Según la OACNUDH es importante que este proceso sea amplio, transparente y participativo e incluya a amplios sectores de la sociedad civil hondureña, por lo que reitera al Estado de Honduras y particularmente al Congreso Nacional su disponibilidad de brindar asistencia técnica en estos procesos con la efectiva participación de todos los sectores interesados.

Insiste que entre las definiciones del nuevo Código Penal que pueden afectar el ejercicio de los derechos humanos, son las figuras de calumnia e injuria, publicidad, desórdenes públicos y la responsabilidad penal en los delitos cometidos a través de medios de comunicación que podría conllevar una afectación al ejercicio de la libertad de expresión.

Enmarca las definiciones de los delitos de reuniones y manifestaciones ilícitas, de asociación para delinquir, de perturbación del orden público y de asociación terrorista, como amplias y ambiguas y que podrían afectar el ejercicio de la libertad de reunión pacífica y asociación.

Recalca con preocupación las que pueden afectar a los grupos en vulnerabilidad como las mujeres desde una perspectiva de derechos sobre los tipos penales de violencia sexual, combate a la violencia de género, la criminalización absoluta del aborto y la violencia contra la mujer.

Así como los delitos de tortura, desaparición forzada, trata de personas y tráfico ilícito, derechos de los niños y las niñas, de discapacidad y de discriminación, y se debe asegurar la investigación se para garantizar la persecución penal y sanción adecuada de las graves violaciones a los derechos humanos.

La OACNUDH realizó observaciones señalando que existen disposiciones que debilitan la efectiva persecución de actos de corrupción e insta a revisar la definición de los delitos relacionados con el combate a la corrupción y garantizar que las penas aplicables sean proporcionales a la naturaleza de los hechos.

Asimismo recalca un avance importante en ciertos temas al incorporar nuevos tipos penales codificados en el Estatuto de Roma, sanciones alternativas a la detención que impactarían en la disminución de la población carcelaria, así como la actualización del marco normativo penal que data de 1983.