Organizaciones que trabajan por la libertad de expresión en Honduras criticaron el incumplimiento de las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU), en un contexto de persecución, hostigamiento y el incremento de peligrosidad en la labor periodística.

Hace cuatro años, en la madrugada fue asesinada Berta Cáceres, la coordinadora del Consejo Popular de Pueblos Indígenas de Honudras, COPINH. La mataron dentro de su casa, con toda la impunidad que les dio el sistema estatal, que se trató de lavar las manos para deslindar su responsabilidad del crimen. En las primeras horas el Ministerio Público quiso colocarlo como un asesinato pasional, pero los criminales dejaron con vida a Gustavo Castro, un defensor mexicano, quien reveló la verdad de lo sucedido, se llevó a cabo un crimen político contra una de las personas más comprometidas con los derechos de los pueblos indígenas.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Edison Lanza, participó en la conferencia magistral “Honduras y la Libertad de Expresión: Una Mirada desde la Relatoría para la Libertad de Expresión”, el pasado 27 de febrero de 2020, donde señaló su preocupación por la situación de la región en relación a las leyes que atentan contra la libertad de expresión, entre ellas el nuevo Código Penal Y la Ley de Secretos en Honduras.

El Congreso Nacional eliminó los artículos 28 y 153 del futuro Código Penal referentes a la responsabilidad ascendente por delitos cometidos por periodistas o comunicadores en el primero y de violación de derechos humanos en el segundo.

La Misión de Observación del proceso judicial de Berta Cáceres, resaltó en su informe "na deuda histórica de la justicia", que el Estado no ha hecho esfuerzos notables para dar con los culpables intelectuales que planearon el asesinato de la defensora indígena Berta Cáceres, entre los que se encuentran miembros de la Empresa Desarrollos Energéticos, S.A, DESA, contra la cual luchaba la líder indígena Lenca.