Este día cuando llegó a abordar su vuelo, le dijeron que tenía alerta migratoria, cuando él investigó en la Dirección de Migración del por qué de la alerta, el pretexto fue que en los años 70 alguien robó sus datos y los usa en un pasaporte y está cometiendo delitos, entre ellos homicidio culposo, por lo que Alvarado debía ir hasta San Pedro Sula, una ciudad a cuatro hora de la capital, para saber más del asunto en un juzgado de esa localidad.
No hay duda que se trata de una tetra del gobierno de Juan Orlando Hernández, que ha estado renuente a aplicar la medida cautelar de la CIDH emitida desde el 05 de noviembre de 2014. El Subprocurador General de la República ha sido uno de los funcionario más duros en criticar la medida cautelar.
Julio Ernesto Alvarado ha viajado con regularidad fuera del país sin ningún problema, no obstante este día se le cerró la puerta de salida a los vuelos internacionales.
Mañana estaría ante la CIDH en uan reunión de trabajo otorgada por esta instancia donde el Estado debe dar cuentas del por qué no ha implementado la medida cautelar ni le ha brindado protección al periodista por diferentes amenazas contra su vida que ha sufrido durante los últimos meses.
Alvarado fue acusado desde el 2006 por Belinda Flores, Decana de la Facultad de Economía, por el delito de difamación por haber prestado su espacio en su programa de televisión “Noticiero Mi Nación”, para que catedráticos de la universidad denunciaran tráfico de títulos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Aunque el Tribunal de Sentencia lo dejó libre por falta de méritos en ese momento, Flores apeló la resolución y se fue a la siguiente instancia donde la Sala de lo Penal lo condenó a un año y cuatro meses de prisión, suspensión del ejercicio periodístico, y otros derechos.
La sentencia iba a ser ejecutada el año pasado pero Alvarado conmutó la pena y se extinguiría la acción a las penas accesoria, pero no fue así, Flores logró a través de su apoderado legal que se procediera a suspenderlo de la profesión, fue así que el caso fue llevado ante la CIDH para solicitar una medida cuatelar, que aunque fue otorgada, el Estado se resiste a implementar.
Con la acción de no dejar salir del país al periodista , el Estado de Honduras queda muy mal parado ante la CIDH y la comunidad internacional.
El año pasado fue presentada una solicitud por las defensorasde derechos humanos Kenia Oliva, Dina Meza, de la Iniciativa periodismo y Democracia y Pen Internacional para que se otorgara la medida Cautelar y se procediera a admitir el caso, esto último se está a la espera.
Lea la Medida Cautelar de la CIDH
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2014/MC196-14-ES.pdf
