A través de su Vicepresidente Alfredo López, la organización rechazó todo intento desde el Estado hondureño que deslegitime los derechos ancestrales.

“Esto nos genera preocupación, dado que se continuará violentando el derecho ancestral de los pueblos, en especial del convenio 169 de la OIT, que claramente expresa este tipo de garantías para desarrollarnos con nuestra propia cultura y en igualdad de derechos”, manifestó López.

El dirigente social consideró como un retroceso este tipo de medidas, porque contradicen ciertos avances en materia de reconocimiento de convenios internacionales en derechos humanos que ha alcanzado nuestro país, tipificado claramente en el artículo 18 de la actual constitución.

Sostuvo que el resultado de estas disposiciones por parte del  Estado es continuar violentando la garantía de desarrollo de los pueblos “y esta es la preocupación de OFRANEH expresada en los últimos espacios en relación a este tema”.

Próxima notificación de sentencia de la Corte IDH podría frenar estas iniciativas

López apuntó que una de las formas en que puede ser neutralizada este tipo de acciones que violentan el desarrollo de los pueblos originarios, en especial del pueblo garífuna, es la pronta notificación de la sentencia de la Corte Interamericana de derechos Humanos, (Corte IDH), en el caso de las comunidades de Puerto de la Cruz y Punta Sal contra el Estado de Honduras.

Comentó que esta sentencia sería un freno hacia el Poder Legislativo y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), recomendó que en este poder del Estado se abogara por el respeto de los derechos ancestrales y dijo que “hasta el momento vemos una reacción contraria y es por ello que presionamos y lo seguiremos haciendo para que puedan reconocernos como tales”.

Es de recordar que la CIDH remitió el caso de ambas comunidades a la Corte Interamericana en abril del año 2013 bajo el número 12 548, después de más de una década de haber sido introducida ante esa instancia, por medio de una petición hecha por varias comunidades Garífunas y la OFRANEH ante los despojos sistemáticos y violaciones a sus derechos humanos, misma que fue desarrollada en el 103 período de sesiones de la máxima instancia de justicia a nivel regional y cuya sentencia será notificada próximamente al Estado.

“Esto en gran medida servirá para que se revisen una serie de artículos y propuestas que están allí y son lesivos para nuestras comunidades y podemos mencionar nombres como las recién creadas Ciudades Modelo, las cuales aún siendo inconstitucionales han sido aprobadas y el resultado es el daño que pretenden hacernos al acaparar nuestros recursos naturales, nuestras playas y nuestra riqueza cultural que están en nuestros territorios”, manifestó.

En ese sentido recordó que el 80 por ciento de los recursos naturales se encuentran en el cuatro por ciento de la población indígenay negra en el país y es por esta razón es que son un blanco contínuo de las pretensiones de acaparamiento por parte de las transnacionales extractivas con el aval de quienes administra el Estado hondureño.

Observatorio garífuna posiciona su rechazo a ese proyecto trabajado en silencio en el legislativo

Ante esta nueva intentona de violación a los derechos humanos hacia los pueblos garífunas, el Observatorio de Derechos Humanos del Pueblo garífuna (ODHPINH) denunció la implementación de esta nueva ley que pretende con ello sepultar su desarrollo como sectores dentro de la sociedad hondureña.

En un encuentro realizado la semana anterior en la ciudad de El Progreso, Yoro, al norte de la capital hondureña, diferentes pueblos  indígenasentre ellos los  Pech, Maya-Chortí, Lencas, Garífunas, Miskitos y Tolupanes,  participaron para debatir en torno a esta nueva amenaza institucionalizada desde el Estado.

Expusieron que la norma no fue consultada, por lo que condenaron el contenido colonialista de la misma.

Hicieron un llamado de atención al actual gobierno para que destaque la labor de Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas, (ONU), sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, , misma que  ratificó esa violación de derechos humanos.