El 08 de mayo del 2015 el Estado hondureño acudió al EPU, 152 recomendaciones, 23 más que en el 2010 de su primer EPU, fueron hechas por diferentes países que conforman el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU,  en las diferentes áreas de derechos humanos, de las cuales alrededor de  19 están directamente ligadas al respeto de la libertad de expresión, libertad de prensa y la protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

Incapacidad para cumplir

El Estado no tiene una política de monitoreo y verificación  para cumplir con las recomendaciones que desde el Consejo de Derechos Humanos le ha hecho desde el año 2010, solamente son una  formalidad para dar la  apariencia de desempeño, no ha creado una política eficaz para proteger a los periodistas y reducir el riesgo que corren por ejercer su función en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión, a criterio de Guillermo López Lone,  miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia, (AJD).

En la observancia de los grupos indígenas que son de los más vulnerados, el Estado no es capaz de salvaguardar sus vidas, ha aumentado el número de asesinados y otros con medidas cautelares como los del Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz (MILPAH) y de la Tribu Tolupán, así como el asesinato de Berta Cáceres, una de las más emblemáticas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas.

El profesional del derecho cuestiona si realmente al Estado le interesa la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, o si se diluye en decisiones administrativas con las que logra satisfacer las presiones nacionales y las exigencias de los organismos internacionales.

La situación de Honduras en cuanto a las violaciones de los derechos fundamentales es de las más preocupantes del continente, no solo se ve a nivel interno sino que fuera de las fronteras  Honduras es vista como el país con más incidencia en violaciones de los derechos de la población.

López aseguró que el presupuesto que le han asignado al mecanismo de protección para periodistas, comunicadores sociales, defensoras y defensoras de derechos humanos y operadores de justicia, instancia contemplada en la Ley aprobada por el Congreso Nacional y puesta en vigencia desde mayo de 2015, no es tanto pero que bien administrado puede dar resultados siempre y cuando haya voluntad política, “es de estar cuidando que la burocracia no se lo coma y que esté destinado para ejecutar medidas efectivas para proteger a defensores y defensoras en situación de riesgo de perder la vida o sufrir atentados”.

Lone tiene sus reservas si el Estado podrá tener la habilidad de administrar los recursos económicos y humanos para cumplir con la tarea, en lo personal el integrante de AJD tiene sus reservas sobre ese extremo.

Señaló a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, al Comisionado Nacional de Derechos Humanos  y otros entes de justicia,  que no muestran voluntad política, para proteger a los defensores y periodistas.

Sin embargo los periodistas que ejercen su función de manera crítica a los que denominan de la oposición, estos deben sortear  mayores dificultades y señalamientos por parte del gobierno, además de la discriminación en el ejercicio de su labor o de los medios de comunicación en donde trabajan.

Control de las comunitarias

En la regulación del sector de las telecomunicaciones y la asistencia a los pueblos indígenas y afro hondureños, la lideresa Mirian Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, (OFRANEH), denunció que más que ayudarlos el mismo Estado les ha provocado más problemas.

Recordó que algunas personas de los pueblos indígenas se reunieron con Porfirio Lobo, presidente de Honduras entre 2010 y 2013,  a raíz del anuncio de que democratizarían el espectro radioeléctrico con la aprobación de una nueva ley de telecomunicaciones que les permitiría poseer una frecuencia, pero según Miranda esto hizo que hubiera un avance para privatizar más las comunicaciones.

Si bien es cierto en ese periodo se dieron varias licencias a costa de la gran persecución de la que son objeto las radios comunitarias en los últimos años, los funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, (CONATEL), visitaron las radios comunitarias de OFRANEH Faluma , de Trujillo y Sugua,  de Sambo Creek y les pedirron permisos de operación,  irrespetando el Convenio 169 que establece que los pueblos indígenas y negros tienen todo el derecho de establecer sus propios sistemas de comunicación y que no deben estar regulados por el Estado.

Alegó la lideresa que quieren colocar a las comunitarias al mismo nivel de las comerciales, sin tomar en cuenta que el funcionamiento y los fines son diferenciados, apelando a la democratización de la comunicación.

Miranda reiteró que realizaron denuncias por la persecución de la que son víctimas, pero que el gobierno no garantiza el respeto a sus comunicaciones y que el hecho de elaborar una ley para regularlas es interpretado por sus pueblos como un mecanismo de control.

Ese contexto es reiterativo y ejemplificó el caso de  las y los locutores que sufren persecución si tocan temas que se refieren a la defensa de los derechos territoriales,  como es el caso de la comunitaria Coco Dulce (Faluma Bimetu), ubicada en Triunfo de la Cruz, que fue quemada después del golpe.

Afirmó que no existe ninguna protección por parte del Estado desde el momento que quieren regularla, lo que es de conocimiento internacional por los reportes que OFRANEH que ha entregado a la Relatoría de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas.

En los últimos años la problemática en las comunidades garífunas en el tema del territorio y los bienes comunes se agudizó gravemente, ha habido una persecución oficializada, por ejemplo, el caso de Barra Vieja en donde fueron judicializadas 69 personas a petición de la Empresa Nacional Portuaria y el Instituto de Turismo por parte del mismo Estado a través del Ministerio Público, (MP).

Por ejemplo en la comunidad garífuna de Nueva Armenia,  una Garífuna de nombre Carolina Castillo tiene 10  requerimientos fiscales, está acusada por el MP de invasora pero  ella está defendiendo las tierras de su comunidad.

En Trujillo un terrateniente que pone resistencia para presentarse a los tribunales de la zona porque ha sido requerido por las autoridades “y a él nadie lo persigue porque es un inversionista canadiense, anda por toda la bahía, no le libran orden de captura, ni lo detienen, pero si fuera un garífuna o campesino inmediatamente estaría preso”, argumentó Miranda.

Lo anterior a ella lo que la hace concluir es que las recomendaciones que le dieron al Estado que involucran a los pueblos indígenas y afro hondureños en el EPU 2010 y 2015, son ignoradas.

Mecanismo regulador

Por su parte la periodista Sue Helen Ocampo, del Colectivo Josefa Lastiri,  reseñó que en las recomendaciones del EPU se habla de un mecanismo de protección del que hasta la fecha no se ha visto ningún avance, ya que se requiere la reforma de la Ley aprobada en 1997 para que sean reconocidas las radios comunitarias a nivel constitucional y así les garanticen las condiciones accesibles al espectro que reflejen la realidad de las comunidades.

Destacó que cuando el ex presidente Lobo Sosa ejerció el cargo en la continuación del golpe de Estado,  hizo un llamado a los diferentes ministerios y movimientos sociales para plantearles una reforma a la Ley de telecomunicaciones, después se dieron varias propuestas.  una presentada por el Comité para la Libre Expresión, (C-libre), otra por ejecutivos y organizaciones,  pero al final la Ley pasó intacta como estaba desde 1997, con la única diferencia que se elaboró un reglamento donde aparece la figura de las radios comunitarias por primera vez, antes de eso solo se conocían medios públicos y comerciales.

En cierta forma fue un avance en la reglamentación, tendió a ser un protocolo para poder acceder a licencias, pero en la realidad fue un obstáculo para que las comunitarias ejercieran el derecho a la libertad de expresión.

También generó una persecución hacia algunas radios como es el caso de OFRANEH, que después de aprobada la ordenanza recibieron tres llamados por parte de CONATEL, supuestamente por incurrir en delitos establecidos en la reglamentación, lo que hace pensar que al final la intención del Estado era regular y sancionar a las comunitarias, aseguró la comunicadora.

Consideró al nuevo estatuto como un retroceso político porque no responde a las condiciones de las radios regionales, aún las que obtuvieron las licencias han sido llamadas o canceladas por el ente regulador,  por ejemplo “La Voz de Puca”,  en el departamento de Lempira  y la “Voz de Zacate Grande”, en  el Sur del país.

Lo que las comunidades demandan es una reforma a esa Ley de Telecomunicaciones que se apegue al contexto de los pueblos o una legislación específicamente para las radios comunitarias como existe en otros países, no solo para el reconocimiento de las mismas, sino que establezcan los instrumentos para ellas, indicó Ocampo.

No garantizadas la expresión y la vida

En relación a la libertad de expresión en el EPU concerniente a las reformas de la Ley de Telecomunicación no se ha avanzado, sobre todo en el 2015,  año que tuvo lugar un gran esfuerzo para lograr el reconocimiento a las comunitarias que juegan un papel importante en la vida nacional, porque ellas tratan asuntos propios de los pueblos, opinó Leo Valladares, Director Ejecutivo de la Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI-PARTICIPA.

Para él la libertad de expresión sufre limitaciones, como ejemplo señaló  la suspensión de GloboTV porque no pagó ciertas cuotas, pero si se ve desde el punto de vista de la libre emisión del pensamiento, el gobierno pudo resolverlo de otra manera. En estos casos ceden a los intereses mercantiles antes que a los sociales del derecho a la información.

Existen muchas amenazas a defensores y defensoras de derechos humanos, solamente que en ocasiones son generalizadas en el marco de la criminalización de la protesta social, lo que tiene una estrecha relación a la protección hacia los periodistas, como las muertes de éstos  que están sin esclarecimiento por parte de los entes de investigación.

Con todo, la nueva Ley de “Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia”,  Valladares manifestó que “en la práctica no se ve que haya tenido ningún efecto”.

Añadió que más que leyes se necesitan acciones concretas de las autoridades no solo para defenderlos a ellos sino a la población en general.

Hasta la fecha no ha habido una investigación exhaustiva para determinar los últimos casos de muertes de los 65 periodistas y comunicadores sociales, no hay datos que se hayan enjuiciado a los responsables de los crímenes.

Existe una continuación de la intimidación para las y los periodistas con el elemento que el Estado no ha podido garantizar la integridad física de ellos, finalizó el defensor.

Protección a mujeres

Los Movimientos Feministas acusaron que el Estado sigue limitando la protección de los derechos humanos de las mujeres como son la salud y los derechos reproductivos, al prohibir que se hable públicamente de la utilización de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia más conocida como “PAE”,  pronunció Neesa Medina,  del Centro de Derechos de la Mujer. (CDM).

Al reconocer que existen métodos para prevenir los casos, por ejemplo de malformaciones genéticas, y Honduras sigue negando a través de un acuerdo ministerial la protección de los derechos de todas, alegó la feminista.

Intrínsecamente con la prohibición del consumo de las PAE se restringe su promoción, lo que es evidente que hay una clara violación a la libre emisión del pensamiento.

Una de las recomendaciones del EPU habla de la protección de las mujeres, pero al negarles la información acerca de algunos métodos de anticoncepción que debería ser de conocimiento público, no la están cumpliendo, develó Medina.

Autocensura por querellas

El Estado no está cumpliendo con tomar las medidas necesarias para proteger la libertad de expresión debido a la gran inseguridad en que vive la población en general, especialmente la gente que trabaja en los medios de comunicación, afirmó el periodista José Adán Castelar.

Castelar dijo que todavía sigue en la impunidad la gran mayoría de los crímenes cometidos contra los profesionales de la comunicación, ocurridos en los últimos años.

En cuanto a la libertad de expresión de los periodistas llamados de la oposición por sus planteamientos no gobiernistas, Castelar opinó que en cierta medida se está cumpliendo debido a la presión popular que ha definido dicha independencia hasta ciertos niveles.

Recordó que existen formas jurídicas que el Estado tiene para atentar contra la autonomía comunicativa, por ejemplo, el cierre de GloboTV como un mecanismo de establecer ciertos tipos de censura.

Castelar trajo a colación que en el país aún está penalizada la calumnia y la difamación, esto ya es un disuasivo para que cualquiera pueda verter opiniones libres, además que un proceso iniciado contra periodistas de alguna manera ejerce presión sobre el resto de comunicadores que viven en constante temor de emitir opiniones por el hecho que la justicia ha sido muy severa con los que ha logrado condenar.

Esas penalizaciones no son para proteger las libertades de expresión ni de prensa, es más un disuasivo para que la prensa de oposición o independiente se limite o sea más cuidadosa al decir algo, es un castigo para las y los periodistas y que los demás practiquen ciertos niveles de autocensura al momento de difundir sentires contra el gobierno.

Sin cumplimiento

El Estado no ha cumplido casi ninguna recomendación que le dio el EPU, porque es el autor principal de las violaciones, por ende, para ellos no es conveniente adoptar una postura a favor de la libertad de expresión, indicó Emy Padilla directora del periódico digital criterio.hn

De la misma manera en el tema de libertad de expresión.  Honduras no ha garantizado este derecho, específicamente a los periodistas “disidentes del sistema”, son estigmatizados, criminalizados y víctimas de campañas desde lo estatal, para crear falsos positivos o imágenes negativas contra este sector.

Padilla explicó que no debería existir un mecanismo de protección identificado con un grupo en particular porque considera que dentro de una sociedad todas y todos son iguales y  sujetos de resguardo por el Estado ya que al aceptar que hay debilidad,  es admitir que existen políticas erróneas de seguridad por parte del gobierno.

Identificó la existencia de la Ley de Protección  antes dicha como un componente de aprovechamiento del Estado, no cumple como dice la recomendación a totalidad porque es inexistente el acompañamiento, no hay recursos suficientes para que existan  resultados positivos, concluyó la comunicadora.

Plataforma EPU

Ante la falta de credibilidad de los informes que el Estado ha estado presentando en  el EPU y que no reflejan la verdadera situación de derechos humanos, especialmente después del golpe del 2009, muchas organizaciones de la Sociedad Civil decidieron integrar la Plataforma EPU Honduras para presentar un informe sombra en donde recogen información de la situación de todos los derechos  fundamentales en el país.

La plataforma EPU está conformada por más de 50 organizaciones que trabajan temas de defensa y protección de derechos humanos.

Como puede deducirse de las opiniones de los y las entrevistadas Honduras está moroso con el cumplimiento de los compromisos internacionales, entre ellos los asumidos en los dos EPU, del 2010 y 2015.

Protesta social también la más atacada 

Aunque el Estado hondureño se comprometió ante el EPU a respetar la libre expresión, la protesta pacífia ha sido una de las más atacadas en esto 15 meses después del EPU. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras fueron criminalizados por hacer uso de este derecho. En julio de 2016 unos 26 estudiantes a niviel nacional tuvieron que enfrentar requerimientos fiscales, 22 de ellos tuvieron sobreseimiento definitivo pero cuatro de ellos, en Tegucigalpa, continúan en el proceso penal encaminado a juicio oral y público, se trata de los estudiantes Moisé Cáceres, Cesario Padilla, Sergio Ulloa y Armando Velásquez. 

En junio de 2016 los estudiantes perdieron el miedo a la judicialización de que fueron víctimas y un gigantesco movimiento estudiantil  trastocó los cimientos del autoritarismo, las protestas fueron sistemáticas con tomas de edificios y manifestaciones multitudinarias, así fue también la respuesta de las autoridades universitarias que se valieron de su guardia privada, del Ministerio Público y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal para vigilar estudiantes, armar espedientes falsos para levantar unos 75 procesos judiciales, los cuales dieron marcha atrás después de la presión estudiantil que obligaron a las autoridades a la firma de un acuerdo para que desautorizara al ente acusador a continuar con la acción Penal.

La libre locomoción y el peaje

La lucha contra el peaje ha sido otro de los temas fuertes y por ende la ciudadanía que lo ha impulsado tuvo que enfrentar la represión de la policía y el ejército en el Norte y el Atlántico del país.

Miles de manifestantes se lanzaron a las calles para protestar por su derecho a la libre locomoción cercenado por el establecimiento de casestas de peaje  a través de la Concesionaria Vial Honduras, S.A de C.V, COVI, empresa  de ese rubro, que es respaldada por el gobierno de Juan Orlando Hernández. Desalojos violent0os, torturas, gaseadas, vigilancia y persecusión de decenas de personas, es la estrategia para sembrar el miedo y que desistan de las manifestaciones. Pero la población de la zona de Cortés ya logró que se quitaran algunas casetas. Otras comunidades tienen el mismo objetivo.

 Lo a nterio denota que el irrespeto a derechos fundamentales es una de las principales acciones del Estado de Hon duras a través de sus distintas instituciones, lo que deja en puro papel mojado los compromisos adquiridos.

Si se revisan otros foros internacionales de protección a los derechos humanos en donde el país debe acudir a presentar sus informes o a responder ante denuncias o demandas, como al Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, el incumplimiento profundiza la impunidad y pone en precario el disfrute de los elementales derechos con los que debe contar una democracia.

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Vea Recomendaciones EPU 2015 sobre libertad de expresión Aquí

Vea posicionamiento de la Palataforma EPU en el marco del EPU 2015 Aquí