El 21 de enero de 2019, este medio de comunicación le solicitó a la Fiscalía General información relacionada con el número de casos que han ingresado a la Fiscalía de Protección para Periodistas, Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos y Operadores de Justicia (FEPRODDEHH), durante el periodo comprendido entre el mes de septiembre de 2018 y enero del 2019.

También se solicitó la información del número de casos ya investigados y la cantidad de requerimientos fiscales que ha emitido con relación a las denuncias por violaciones de los derechos humanos de periodistas y defensores.

La petición de información pública también incluye la cantidad de casos judicializados, las sentencias que ha logrado en los tribunales de justicia, el número de fiscales asignados a la FEPRODDEHH y el presupuesto destinado a esa unidad especial, que fue creada por las presiones que ejercieron diferentes Estados del mundo, al conocer las alarmantes cifras de muertes violentas y agresiones contra periodistas y defensores de los derechos humanos.

Sin lugar

Este medio de comunicación jamás le ha solicitado a la Fiscalía General, el otorgamiento de datos relacionados con la investigación de casos específicos. Sin embargo, en su resolución, DGF-055-2019, de fecha 11 de febrero de 2019, la Dirección General de la Fiscalía, por delegación del Fiscal General Adjunto, Daniel Arturo Sibrian Bueso, declaró sin lugar la petición de información pública y argumentó que el Código Procesal Penal le impone la obligación de mantener en absoluta reserva la información “investigativa”.

“El Código Procesal Penal impone también la obligación a la Dirección General de la Fiscalía del Ministerio Público alzarse como garante de esta información guardando la más absoluta reserva sobre las informaciones sobre las investigaciones”, argumenta la Fiscalía en su resolución, pese a que la solicitud no hace referencia a investigaciones sino a estadísticas.

El Artículo 275 del Código Procesal Penal establece que en la práctica de toda diligencia investigativa las autoridades encargadas sólo podrán utilizar la información para las finalidades investigativas propias de la investigación. Y eso indica los datos investigativos de un caso específico son reservados, como puede ser reservado todo el trabajo que están realizando en la investigación del Caso Pandora, los involucrados por capturar, los allanamientos que van a hacer y hasta el contenido de los documentos que han secuestrado, por ejemplo.

Pero la legislación no le prohíbe a la Fiscalía informar que de 500 casos por violaciones a los derechos humanos que se presentaron ya investigaron 499 y que de esos el 100% están judicializados y próximos a recibir condena. ¡Qué bonito, ¿va?

El inciso 4 de la Resolución emitida por la Fiscalía hace referencia de un supuesto Acuerdo FGR 007-2018 que emitió el Fiscal General de la Republica, el 06 de abril de 2018, declarando clasificada o en reserva la actividad fiscal investigativa y la Base de Datos del Sistema de Gestión Fiscal SIGEFI.

Sostiene el documento que en relación con los datos de casos judicializados y el número de sentencias “el peticionario podrá si así lo estima pertinente acudir a los tribunales de la República a solicitar información pertinente.” ¿Cómo lo ve?

La petición

Después de varios intentos fallidos, recorriendo diversas unidades del Ministerio Público, para conocer e informar a la población sobre el quehacer de la FEPRODDEHH, el 21 de enero recién pasado, haciendo uso del derecho ciudadano, contenido la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, personal de este medio de comunicación digital, le solicitó a la Fiscalía General, estadísticas relacionadas con el número de casos que han ingresado a esa unidad, que fue creada para darle respuesta a las violaciones de los derechos humanos contra periodistas y defensores de derechos humanos.

Honduras es situada por organismos internacionales entre los países de mayor riesgo mundial para el ejercicio periodístico y la defensa de los derechos humanos. La Fiscalía mantiene pendiente de investigar según el CONADEH el 96% de los 75 periodistas que han sido asesinados en los últimos tiempos. Y a eso súmele la enorme cantidad de defensores y operadores de justicia que han muerto violentamente.

Además, también están pendientes de resolverse infinidad de denuncias por agresiones físicas, atentados y amenazas de muerte, a las que la fiscalía no les ha brindado la atención que merecen y que, por esa negligencia, algunas finalizan con desenlaces fatales, como ocurrió con Berta Cáceres, a la que no le hicieron caso.

La FEPRODDEHH es una dependencia del Ministerio Público, creada el 14 de marzo de 2018 por recomendación de los organismos internacionales ante la ola de criminalidad contra los periodistas y defensores de los derechos humanos, pero a casi un año de su fundación no muestra avances en su trabajo, lo que hace pensar a muchos que solo fue creada para lavar la cara sucia del gobierno y simular el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos.