En una Audiencia  virtual Pública conjunta de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia y Medidas Provisionales para los Casos Comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra Vs. Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH  y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, expusieron  que aunque conocen la situación de pandemia,  el Estado tuvo más de cinco años para obtener avances en el cumplimiento.

Hernández especificó que en Punta Piedra existe un incumplimiento al saneamiento de las tierras,  en Triunfo de la Cruz no se ha demarcado el territorio y otorgado del título que es una medida de reparación, persistiendo la ocupación de terceros en el territorio donde se recrea la cultura y vida de las comunidades.

Detalló que la vulneración continúa haciendo daños y el escenario es similar, aunque ya han pasado años, por ello la CIDH concluye solicitando a la CorteIDH que declare incumplimiento por parte del Estado de Honduras, conforme a las sentencias y al deber de protección al que está obligado a brindar como resultado de las medidas provisionales.

La CIDH observó que debe contarse con información que indique que se han cumplido las medidas desde un enfoque ético, sin embargo hay falta de confianza entre beneficiarios hacia  las medidas estatales,  que a la fecha la única que se ha conocido es la de patrullaje, propia de las regulaciones de seguridad ciudadana.

El representante de la CIDH expresó preocupación por la detención de las defensoras Marianela y Jennifer Solórzano, integrantes de la OFRANEH, y especificó que es necesario que esa situación sea aclarada con estricto apego a derecho siguiendo los estándares interamericanos.

También la comisión solicitó a la CorteIDH que siga requiriendo información periódica del Estado, incluyendo la relacionada con un plan de búsqueda de las personas desaparecidas; la manera en que dichas acciones se combinaran con el SUNLA, una palabra garífuna que en español significa Comité de Búsqueda e Investigación,  para una adecuada protección; un cronograma de las medidas que serán adoptadas para proteger a las y los beneficiarios de las medidas provisionales ;un cronograma para pedir avances en la demarcación y saneamiento y lograr la garantía, de los derechos territoriales de las comunidades; debate entre las autoridades estatales y los representantes de las comunidades de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y los familiares de los jóvenes desaparecidos.

Pablo Centeno, padre de Albet Snider Centeno, presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz y desaparecido forzadamente junto a tres garífunas más en julio de 2020, explicó a los representantes internacionales y jueces que él no ha podido comunicarse con las instancias nacionales para conocer los avances de la investigación .También describió que no estaba de acuerdo con que su hijo fuera el presidente del patronato de Triunfo de la Cruz, porque conocía el riesgo.

Según Centeno después de un incidente contra Albert Snider, su esposa fue a interponer una denuncia y no se la quisieron recibir porque no había una agresión, él también  había recibido varias amenazas y si no hubiera sido porque OFRANEH lo acompañó hasta la ciudad,  no hubiera quedado esa evidencia.

El relato de Pablo Centeno les indicó a los juristas que detrás de los hechos violentos existía una persecución por unos documentos de Triunfo de la Cruz, los cuales estaban en manos de su hijo , "no hay ninguna necesidad de que el Estado niegue su involucramiento en la desaparición porque la comunidad está convencida de la participación".

Miriam Miranda, coordinadora general de OFRANEH, presente en la audiencia,  indicó que no hay esfuerzos del Estado, ya que solo repiten los mismos patrones de llamar a visitas de la comisión y en ese sentido qué se va a evaluar cuando no hay nada, " justo se estaba llevando a cabo la audiencia de las dos defensoras detenidas que serían trasladadas a otra instancia,  siendo acusadas de usurpación de los mismos territorios de la comunidad donde ella viven".

El abogado Cristian Callejas, representante de las víctimas,  describió que no existe una línea de investigación en el caso y el Estado se respalda en acciones administrativas y solicitudes como avances, los cuales  no son asuntos esenciales y no cumplen los requerimientos,  así se sigue negando una desaparición forzada, recalcó.

El abogado agregó que las instituciones actúan de manera dispersa y no hay una sola medida de protección en ambas comunidades, en el caso de Punta Piedra,  el Instituto Nacional Agrario INA, solo les ha dicho que quiero actualizar el avalúo, una situación que se repite desde el origen del conflicto.

Finalmente, los miembros de la OFRANEH, aclararon a la CIDH  y la CorteIDH que ante la falta de acciones eficaces,  las comunidades reafirman su creencia en un Estado de Derecho, pero que no confían en que se haya hecho un esfuerzo.

Asimismo la CorteIDH deberá hacer su análisis de la audiencia y decidir  medidas por el incumplimiento de la resolución, en el caso de  comunidad garífuna de Punta Piedra y sus miembros .