En el pronunciamiento se demanda que se tomen las acciones necesarias para que no se difundan imágenes grotescas de crímenes por respeto a las víctimas y a sus familiares.

Con extremada prontitud, los demandantes fueron recibidos en el Parlamento hondureño, donde no es cualquier grupo que es tratado de esa forma.

Varios periodistas señalaron que temen el inicio de la censura directa contra programas y medios de comunicación que son críticos  al gobierno de turno.

Un pronunciamiento entregado al Secretario del congreso Nacional Mario Pérez y el Pro Secretario Tomás Zambrano, dio curso a acciones para que se discuta una Ley de regulación de contenidos en los medios de comunicación de Honduras, este 21 de abril.

Elan Reyes  Pineda, ex presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, CPH dijo que el Congreso Nacional es el sitio menos adecuado para que se pueda conocer una iniciativa de este tipo porque debe respetarse la libertad de prensa  y la libertad de expresión.

Reyes Pineda criticó que desde hace bastante tiempo el Congreso Nacional y el presidente actual  han estado con la idea de impulsar una Ley de control de medios y es algo que van a intentar hacerlo . “Hay siempre intenciones de plantear una Ley Mordaza para medios de comunicación, pero este control  es rechazable, y no se puede permitir”.

“Hay interés siempre de parte de los gobiernos de un control para que las cosas que se informan sean favorables siempre a una buena imagen  equivocadamente  el gobierno cree que esa buena imagen es a través de la publicidad , pero es a través de las buenas ejecutorias . Esta publicidad condiciona las formas de informar  y esto es condenable”, denunció Reyes Pineda.

Recomendó que es necesario que los medios de comunicación envíen  al CPH y al CONADEH la forma en que van a establecer este proceso auto regulatorio, pero advirtió que es contraproducente que se establezcan regulaciones de ese tipo desde el Congreso Nacional.

Bartolo Fuentes, diputado del Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación, Libre,  dijo  en el país destila sangre por todos lados, desde los juegos que se permiten sin ningún control en las pulperías donde los jóvenes y niños van a jugar matando a personas y eso promueve la violencia.

”Los niños van a jugar de volar cabezas , de volar brazos a ver quién mata más, tendrían que revisar toda la programación de los diferentes canales que de televisión, la gente mira muerte todos los días . Otros canales difunden programas donde se alaban a los narcotraficantes. Los medios de comunicación incluyen en sus programas aquello que levante ranking no están  interesados en educar e informar”, señaló.

Decretos para control de contenidos como en el  régimen de Micheletti

El 07 de octubre de  2009 en el gobierno de facto de Roberto Micheletti quien asumió la presidencia del país producto del golpe de Estado de junio de ese año, se aprobó el Acuerdo Ejecutivo 124-2009, para cancelar programas de radio y televisión que promovieron el odio.

Este decreto sirvió para cancelar varios programas, entre ellos tres de organizaciones de mujeres donde se denunciaban las atrocidades del golpe de Estado y la crisis de derechos humanos.

El decreto en su artículo 2 establecía que CONATEL podrá cancelar los permisos de operación a aquellos medios electrónicos que emitan mensajes que generen apología al odio nacional, la afectación de bienes jurídicos protegidos, así como también un régimen de anarquía social en contra del Estado democrático, llegando a atentar contra la paz social y derechos humanos.

Las organizaciones afectadas fueron el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras, con su programa La Bullaranga; “Aquí entre Chonas”, del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla y Tiempo de Hablar del Centro de Derechos de Mujeres, CDM.

A través de un fax las radioemisoras donde trasmitían sus espacios, les informaron que habían sido cancelados sus programas de acuerdo al decreto en mención.

Ahora parece que se va en serio para el control desde el Estado para los medios de comunicación poniendo de pretexto a las víctimas y a sus familiares, quienes no encuentran respuestas del mismo Estado que mantiene  una impunidad de más del 90 por ciento al no investigar los crímenes y negarles a sus familiares conocer qué avances tienen sus expedientes en el Ministerio Público.

Se está a la espera del procedimiento que seguirá el Congreso para presentar ante el pleno la iniciativa ciudadana sobre la nota roja.

La iniciativa ciudadana es una figura que está contemplada en la legislación para que los ciudadanos y ciudadanas que tengan peticiones puedan hacerlo con el respaldo de por lo menos tres mil firmas con sus huellas digitales.