El fallo, que deja en libertad a Lourdes Elizabeth Gómez, Marco Tulio Ramos, Reynaldo Domínguez, Juan Antonio López, José Eugenio Esquivel, Juventino Cruz, Alí Magdaleno Domínguez, Juan Manuel Cruz, Juan Francisco Cruz, José Santos Hernández, Carlos Leonel George y José Adalid Cecilio Mendoza, fue dictado por el juez, con jurisdicción nacional, Víctor Méndez, en la madrugada de este lunes, cuatro de marzo, pero hasta el martes 05 del mismo mes pudieron salir de la cárcel por retardo en la entrega de los documentos para su liberación por parte del tribunal mencionado.

Ellos forman parte de los 32 vecinos de varias comunidades de Tocoa Colón, que fueron criminalizados por defender los ríos, Guapinol y San Pedro, afectados por contaminación que les provoca la empresa minera, Inversiones Los Pinares, una compañía instalada ilegalmente en la zona, pero que es protegida por funcionarios de los tres poderes del Estado.

Inversiones Los Pinares es propiedad de Lenir Pérez, con su esposa, Ana Facussé Madrid, hija de Miguel Facussé, el eterno persecutor de campesinos en la zona del Aguán. Ellos también son los propietarios de EMCO Construcciones, la empresa encargada de construir el aeropuerto de Palmerola y otras obras de infraestructura que ejecuta el gobierno.

Tienen mucho poder económico y político y, además, demostrada capacidad de controlar a los operadores de justicia, según lo han denunciado diversos sectores, tal es el caso, de los ambientalistas de Guapinol, opositores de la empresa minera, a quienes el Ministerio Público acusó de los delitos de usurpación, robo, incendio agravado y asociación ilícita, acusaciones que no pudo sustentar en el juicio porque fueron inventadas.

A juicio de la defensa, sin sustento alguno el Ministerio Público presentó como prueba la creación de una estructura criminal, denominada por la Policía de Investigación la “Banda del Guapinol”, con la que buscaron vincular a los ambientalistas con acciones del crimen organizado.

El abogado, Joaquín Mejía, responsabilizó a los fiscales Sayda Yackelin Vallecillo García y Wilberto Israel Sánchez, por presentar en el juicio la prueba fraudulenta con que acusaron de banda criminal a los defensores del ambiente de Guapinol.

Además, Mejía acusó que el responsable directo es el “Fiscal 5 estrellas”, Oscar Chinchilla, gracias a los que promovieron su reelección ilegal”, escribió en su página de Facebook.

En la misma dirección se pronunció el abogado Omar Menjivar, uno de los defensores de los ambientalistas, cuestionando a la Dirección Policial de Investigaciones,(DPI), entidad que según él, de nuevo solo tiene el nombre, porque sigue con las mañas de una policía represiva y presta para criminalizar a los más vulnerables.

El juez que pide permiso

El juicio contra los ambientalistas inició en la mañana del pasado jueves, 28 de febrero y desde el comienzo, la defensa denunció irregularidades de la justicia hondureña. Al principio, acusaron al juez con jurisdicción nacional de no ser competente para conocer la causa de los defensores del ambiente, una versión que no está alejada de la verdad.

Los tribunales con jurisdicción nacional fueron creados para juzgar casos del crimen organizado (narcotráfico, extorsión y terrorismo) y para enjuiciar a las personas que defienden la vida y los recursos naturales.  

Más adelante, entrando la noche de ese jueves, en conferencia de prensa realizada en las afueras del tribunal, la defensa, denunció la falta de independencia y la parcialidad del juez con la empresa.

La defensa dio a conocer que el juez no solo se mostraba parcial en favor de la empresa sino que además le solicitaba permiso al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, para resolver recursos los planteados en el juicio. "No es imparcial", sentenció molesto Menjivar

Observación

La criminalización por parte del Estado contra los defensores de Guapinol, ha llamado la atención de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos nacionales y extranjeras que llegaron hasta el tribunal para observar el juicio.

Por ejemplo, de Estados Unidos llegó una Delegación integrada por Pastora Kathleen McTigue, directora del Centro de Justicia Social, de la Iglesia Universalista, entidad dedicada a la defensa de los derechos humanos y Claire White, hija del defensor de los derechos humanos, Robert White, quienes se solidarizaron con los ambientalistas y mostraron preocupación por la criminalización de que son objeto los defensores de la vida en Honduras.

Ellas también manifestaron preocupación por las acciones de criminalización contra los defensores del ambiente y los defensores de los derechos humanos que realizan el poder judicial y del Ministerio Público, órganos que son apoyados por la embajada de los Estados Unidos.

“La embajada de Estados Unidos debería de estar protegiendo a los defensores y defensoras de derechos humanos y del medioambiente, y no un gobierno ilegítimo y a los intereses económicos que provocan estos conflictos, como lo confirma el apoyo público que el día de hoy la embajada ha manifestado para Corporación Dinant, cuyos dueños son de la misma familia dueña de Inversiones Los Pinares y el proyecto minero de Guapinol”, dijeron las integrantes de la delegación estadounidense, en comparecencia ante los medios de comunicación.

Solidaridad popular

Durante el juicio, los ambientalistas también fueron respaldados por centenas de representantes de organizaciones sociales del país que esperaron en las afueras gritando consignas y clamando su liberación.

Desde el jueves por la mañana, organizaciones de mujeres, indígenas, negros, campesinos, sindicalistas y grupos religiosos, entre otros, se apostaron frente al Tribunal Antiextorsión, donde se desarrolló el juicio.

Además, organizaciones de derechos humanos y una delegación de la comunidad de Guapinol, tuvo la oportunidad presentar ante el Consejo Nacional de Protección, la denuncia de la violación del Debido Proceso de que estaban siendo objeto los defensores de derechos humanos en ese juicio.