Desde el pasado 03 de octubre el juicio contra Tony Hernández, hermano del mandatario, inició con las declaraciones de varios narcotraficantes denominados por la Fiscalía como “testigos cooperantes”, y desde esa fecha han salido a relucir varias aseveraciones sobre el involucramiento del presidente de Honduras; políticos; jefes policiales y militares, entre otros personajes, que han hecho uso de la estructura estatal para agenciarse millones de dólares del tráfico de drogas hacia el país del Norte.

Fiscal General ya debe haber iniciado investigación

El abogado independiente Omar Menjívar, fue fiscal del Ministerio Público y conoce palmo a palmo las atribuciones de ese ente del Estado. También ha llevado la representación legal en el ámbito nacional de perseguidos políticos, defensores de derechos humanos, estudiantes y periodistas. Así como  casos de violaciones a derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Consultado por pasosdeanimalgrande.com sobre el silencio del Fiscal General en relación a toda la información que se está ventilando en la corte federal de Manhattan, en los Estados Unidos, alrededor del juicio contra Tony Hernández, Menjivar expresó que el funcionario ya debió hacer saber a la justicia de los Estados Unidos su interés por acceder a la información con todas las formalidades del caso. “Debe pedir certificación de las actas del juicio e instruir de inmediato la investigación”.

No obstante lo que señala el ex fiscal Menjívar, la alta figura del Ministerio Público no da visos de que quiere cumplir con la Ley, lo que le pondría en aprietos si se le dedujeran responsabilidades porque está violentando la Ley del Ministerio Público que ya señala sus atribuciones.

Chinchilla fue reelegido el 29 de junio de 2018, por el Congreso Nacional, en medio de serias críticas de un proceso poco transparente. Diversos sectores sociales señalaron que su candidatura no estaba entre las cinco seleccionadas por una Junta que se encargó de analizar las hojas de vida de las personas que se postularon para el puesto.

Se asoció esta reelección con la presión del presidente Juan Orlando Hernández para tener en esa institución a una persona de su confianza para cuidarse las espaldas antes futuros procesos penales, y el juicio en los Estados Unidos será una prueba de fuego para que demuestre lo contrario.

Se ha denunciado también que la concentración de poder que tiene el titular del Ejecutivo, abarca su intromisión para la elección de la Corte Suprema de Justicia, donde el parlamento nombró como presidente al abogado Rolando Argueta, un hombre fiel al presidente, de acuerdo a los señalamientos de sectores sociales.