Han pasado 193 días de la reclusión, en el tiempo que el equipo legal conformado por la abogada Kenia Oliva, Carlos Jiménez, Edy Tábora, Rodolfo Zamora, Allan Alvarenga, Mario Rojas y Omar Menjívar, presentaron reiteradas veces revisión de medidas argumentando que los detenidos no han cometido ninguna falta por la cual no puedan defenderse en libertad.

Por lo cual piden al Fiscal General de la República de Honduras, Oscar Chinchilla, que desista de la figura de Asociación Ilícita que en el Código Penal se estipula que con este delito no podrán tener acceso a una medida preventiva diferente a la prisión preventiva.

El Artículo 184 reza: “Sustitución de la prisión preventiva. Siempre que los riesgos a que se refiere el artículo 178 puedan ser evitados por la aplicación de otra medida menos gravosa para su libertad, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá imponer al imputado, en lugar de la prisión preventiva”.

Los defensores detenidos son Daniel Márquez, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Orbin Nahún Hernández, Porfirio Sorto Cedillo y José Abelino Cedillo y Jeremías Martínez, acusado de actuar el perjuicio de la empresa minera Inversiones Los Pinares y Santos Hernández Corea.

El conflicto de Guapinol se origina desde una reforma al decreto emitido por el Congreso Nacional en 2012 y trastocado en 2013, donde le reduce la zona núcleo al Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras y se permite la instalación de la minera en la zona.

Eso posteriormente afectó el Río Guapinol, por lo que la comunidad en defensa del sustento principal para la población, instaló un campamento para proteger las fuentes de agua, razón por la que se acusa a los siete imputados de actuar en contra de la empresa y una persona que laboró en ella.

Desde el inició de la detención el 26 de agosto del 2019, se presentaron irregularidades en el proceso, entre ellas que la audiencia inicial que debió ser tres días después fue postergada a cinco días.

Se presentó una audiencia de revisión de medidas el 05 de noviembre del 2019, pero los jueces no llegaron, por lo cual fue trasladada para un día después en la que negaron la entrada a observadores de derechos humanos nacionales e internacionales.

Asimismo los defensores estuvieron recluidos en una cárcel de máxima seguridad, aún cuando ya se había dado una orden por parte de una Jueza con Jurisdicción Nacional de trasladarlos a una prisión de menor riesgo para los defensores. La sociedad civil y el equipo legal debió en apoyo de organizaciones internacionales debieron presionar fuertemente para lograr que se cumpliera con esta medida.

Los abogados han reiterado que van a hacer uso del derecho de pedir la revisión de medidas cuantas veces sea necesario conforme lo dicta el art 174 del Código Procesal Penal.