Según el informe en todo el mundo hay 136 millones de trabajadores en actividades de atención de la salud humana y de asistencia social, entre otros, el personal de enfermería, los médicos y demás trabajadores de salud, los trabajadores de centros de atención en residencias, y los empelados en áreas sociales, así como los de apoyo, el personal de lavandería y limpieza, que corren un grave riesgo de contraer la infección por el COVID-19 en el lugar de trabajo. 

También describe que los países en desarrollo, los efectos económicos serán evidentes conforme se paralizan las actividades siendo el principal empleador la agricultura, El cierre de fronteras plantea un riesgo de inseguridad alimentaria y es posible que incluso con el tiempo el virus se propague en las zonas rurales.

En América en 443 por ciento de los trabajadores están en riesgo por la pandemia, seguido de Europa y Asia Central, donde se origina y más daño ha provocado el virus.

Asimismo agregó que al menos dos millones de personas trabajan en la economía informal, la mayoría en países emergentes o en desarrollo contribuyendo al empleo, los ingresos y los medios de vida, y en muchos lugares tiene un papel importante. 

Sin embargo, los trabajadores de este ámbito carecen de la protección básica que los empleos del sector formal suelen ofrecer e incluso de cobertura de seguridad social.

Su situación es desfavorecida también en cuanto al acceso a los servicios de atención de la salud; en caso de enfermedad, carecen de sustitución de los ingresos.

En las zonas urbanas muchos trabajadores del sector informal trabajan en la economía y están muy expuestos a la infección por el virus, y otros se ven afectados directamente por las medidas de confinamiento, como los recicladores de desechos, los vendedores ambulantes, los camareros, los obreros de la construcción, los trabajadores del transporte y las trabajadoras y trabajadores domésticos.

Actualmente en Honduras, han fallecido debido al virus al menos tres personas ligadas al área de salud, pero los datos brindados por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, (SINAGER), son muy amplios para constatar qué grupos son los más afectados.

Finalmente la población se encuentra en constantes protestas sociales debido a la falta de alimentación, que la estrategia gubernamental no ha podido solventar recayendo en dilemas políticos partidarios.