La comunidad de Zacate Grande, en el departamento de Valle, en la zona Sur de Honduras, es afectada por el avance de la militarización en ese sector del país, desde hace más de una década la resistencia pacífica para proteger sus territorios les ha traído consecuencias.

Unas mil familias, que suman alrededor de cinco mil personas asentadas en diez comunidades,  han sido sometidas a grandes presiones por empresarios que ven en el sector una zona de mucha riqueza natural.

Estas familias, que no poseen el dominio pleno de sus terrenos, pero que han vivido por 20 y hasta 30 años en la zona, se distribuyen en 11 comunidades y un caserío: Jocote, Coyolito, El Zope, Playa Blanca,El Ojochal, La Pintaviera, Los Langues, Los Huatales, Puerto Grande, La Flor, Novillo y el caserío Las Negras, según una  investigación  en el 2016, del Centro de Estudio para la democracia, CESPAD,

A lo largo de los años se encontraron con la sorpresa que empresarios poderosos aseguraban tener propiedad en las tierras, entre ellos Miguel Facussé, Jorge Cassis, Fredy Nasser (yerno de Facussé), familia Malespín, Henry Arévalo, Juan Diego Zelaya, Juan Orlando Hernández, entre otros.

El 2003 comenzó la criminalización por la defensa de la tierra y la instalación permanente de la presencia policial y militar, para luchar se han organizado alrededor  de la  ADEPZA y laradio comunitaria La Voz de Zacate Grande ha sido una herramienta de incidencia para denunciar los abusos para despojarlos de sus tierras para lo cual están confabulados operadores de justicia.

Militares toman mas control aprovechando la emergencia por Covid-19

Vásquez expresó que el problema de la presencia de  militares en el territorio es un control territorial, están  armados yendo de un lugar a otro, infundiendo miedo para que la población no salga de sus casas, imponiéndose y obteniendo más poder dentro de Zacate Grande para decidir qué hacer y qué no. 

Cabe mencionar que en esta comunidad se registró el ataque de un agente policial, quien golpeo y accionó su arma de reglamento tres veces para intimidar a un ciudadano que pretendía evidenciar por las redes sociales el abuso del cual estaba siendo víctima. 

Sobre estos hechos en contra de las poblaciones, la CIDH recuerda que los Estados tienen el deber de garantía de los derechos humanos y  requiere que las naciones “protejan los derechos atendiendo a las particulares necesidades de protección de las personas y que esta obligación involucra el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”.

Frente a la crisis sanitaria esta población se enfrenta constantemente a los abusos de las fuerzas de seguridad del Estado de Honduras, debido a que la lucha por su territorio no la ha detenido el covid-19.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, advirtió con alarma que el contexto de medidas de excepción adoptadas por países de la región estaría siendo aprovechada por algunos actores para atentar contra personas defensoras de derechos humanos.

La Comisión menciona que “Según información de público conocimiento, desde la propagación de la pandemia del COVID-19, en las Américas, se han registrado asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en países como Brasil, Colombia, Honduras y México”

Sobre los  hechos de violencia en contra de las poblaciones, la CIDH recuerda que los Estados tienen el deber de garantía de los derechos humanos y  requiere que las naciones “protejan los derechos atendiendo a las particulares necesidades de protección de las personas y que esta obligación involucra el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”.