Contexto (991)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos,(CIDH), insta a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, (OEA), adoptar medidas urgentes y eficaces para garantizar la vida, la seguridad, la integridad personal y la dignidad de las personas lesbianas, gay, bisexuales y transexuales (LGBT), en un comunicado de prensa difundido este 14 de marzo de 2019.
Datos proporcionados mediante el uso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, indican que la defensa de los derechos humanos y la libre emisión del pensamiento, son temas relegados por el Ministerio Público hondureño.
Para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), los ataques, la criminalización, el hostigamiento y las campañas de desprestigio, que sufren los periodistas y los defensores de los derechos humanos en Honduras, son preocupantes.
En su informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, presentado el lunes 11 de marzo de 2019, en Tegucigalpa, el ACNUDH detalla estadísticas que sitúan a este país centroamericano como un Estado violador de los derechos humanos e irrespetuoso de los compromisos internacionales que adopta.
Describe que entre enero y septiembre del 2018, el Mecanismo Nacional de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, recibió 140 solicitudes de medidas de protección y que de ese total desestimó 22, dándole trámite a 118 solicitudes.
Sin embargo, en solo los dos meses subsiguientes, la cifra creció en 59%, y ya para noviembre, el Estado debía implementar medidas de protección a 201 personas, 26 con medidas otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y 175 que fueron emitidas por el Mecanismo Nacional.
Refiere el informe que del total de personas con medidas de protección, 105 son defensores de los derechos humanos, 28 periodistas, 23 comunicadores sociales y 17 operadores de justicia. Entre ellos, el documento incluye a 15 defensores de los derechos humanos y periodistas que resultaron afectados durante la crisis postelectoral.
Según el ACNUDH, la CIDH ordenó medidas de protección para 19 defensores de derechos humanos, 4 periodistas y comunicadores sociales y 3 operadores de justicia.
Asimismo asegura el documento, que pese a que en el 2018 el Mecanismo de Protección agrandó su rango de medidas de protección tradicionales, con la Implementación de escolta policial, números de contacto de emergencia y mejoras de la infraestructura, el Consejo Nacional de Protección sigue siendo débil, por la falta de compromiso de instituciones del Estado que lo conforman.
Entre estas instituciones el ACNUDH menciona al Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, organismos que por falta de interés de sus titulares no participan en las reuniones del Consejo del Mecanismo de Protección, del que forman parte, por delegación legislativa.
Hasta noviembre del 2018, el Consejo realizó ocho reuniones, pero del total, la Fiscalía General solo participó en una, mientras que el Poder Judicial en dos. Esa situación crea desconfianza en las personas que lideran las organizaciones defensoras de los derechos humanos y agrava el contexto en que se desarrollan las acciones de defensoría y el ejercicio del periodismo.
En mayo del 2018 el Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitó Honduras y concluyó que la gran mayoría de los defensores de derechos humanos en Honduras no pueden operar en un entorno seguro y propicio.
OACNUDH insta al gobierno retirar los militares de las operaciones de seguridad pública
OACNUDHreitera por enésima vez su recomendación para que las autoridades reconsideren el mantenimiento de tropas militares ejerciendo labores de seguridad en las calles del país.
La recomendación tiene sus bases en las violaciones de los derechos humanos que han provocado diversos miembros de la Policía Militar que participan operativos rutinarios y en los desalojos violentos de las manifestaciones populares.
“ACNUDH y los mecanismos internacionales de derechos humanos han recomendado a Honduras de manera sistemática reconsiderar, tal como se destaca en las preocupaciones que expresaron por la participación de los militares en la vigilancia de las protestas relacionadas con las elecciones de 2017”, señala el documento.
De acuerdo con el artículo 274 de la Constitución de República, las Fuerzas Armadas pueden cooperar en las funciones de orden público a petición de la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, en agosto del 2013, el Congreso Nacional presidido en ese momento por el actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, creó por Decreto 168-2013 la Policía Militar del Orden Público, paralela a la Policía Nacional de Honduras.
Y vale decir que hasta 1997 la Policía Nacional de Honduras estuvo adscrita a las Fuerzas Armadas de Honduras y su denominación era Fuerza de Seguridad Pública,(FUSEP), desde allí sus miembros cometieron infinidad de abusos, por lo que en el mandato presidencial de Carlos Roberto Reina fue desmembrada y pasó a control civil, formando parte de la Secretaría de Seguridad.
Al inicio la intensión era buena pero lastimosamente varios gobiernos nacionalistas y liberales, nombraron de ministros de seguridad a militares en retiro, como el actual, Julián Pacheco Tinoco. Y ese es el motivo por el que la formación en la Policía Nacional siempre ha sido militar y no civil, como lo determina la Ley.
En enero del 2015 pese a las recomendaciones internacionales que solicitaban el retiro de los militares de las calles del país, el Gobierno de Juan Orlando Hernández y los diputados nacionalistas del Congreso Nacional, introdujeron un proyecto de ley para elevar a rango constitucional, la Policía Militar.
En este momento la Policía Militar ya cuenta con cinco mil efectivos, solo en el 2018 se incorporaron a esa entidad 500 elementos, una situación que para la OACNUDH se muestra preocupante, porque “el ACNUDH observa que lo que se estableció como un régimen excepcional en el contexto de una crisis de seguridad, se ha convertido en una práctica normalizada”, señala el informe.
El documento también recoge algunas evidencias del uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de la Policía Militar, y cita como ejemplo al militar Roger Rafael Lara Pineda, acusado por la Fiscalía del delito de asesinato de tres misquitos, hecho ocurrido el 19 de mayo del 2018, durante una operación nocturna en la comunidad de Warunta, departamento de Gracias a Dios.
De igual manera menciona que en octubre pasado, en San Pedro Sula, tres niños que viajaban con su padre en un vehículo fueron tiroteados por elementos de la Policía Militar cuando éstos realizaban una supuesta operación en la zona.
Pero también relata que el 26 de noviembre, un periodista que informaba sobre una protesta en las cercanías del Mall Las Cascadas de Tegucigalpa, fue lesionado en el brazo cuando guardias penitenciarios transitando en un servicio de transporte de personas privadas de libertad abrieron fuego contra los manifestantes.
El informe no lo menciona así, pero es el caso de Geovanny Sierra, periodista de Une Tv, quien al ser tiroteado le daba cobertura a una manifestación conmemorativa del primer aniversario de la toma de posesión ilegal, del presidente Juan Orlando Hernández, acusado por la ciudadanía del fraude electoral que lo mantiene en el poder.
Conmemorando el Día Internacional de la Mujer, más de dos centenas de mujeres de diversas organizaciones del país, se manifestaron frente al Ministerio Público, en Tegucigalpa, este 08 de marzo de 2019, para exigirles a las autoridades la investigación y judicialización de miles de los femicidios y agresiones sexuales, que por falta de investigación mantiene impunes la justicia hondureña.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos en Honduras no salen de una cuando ya las autoridades les han preparado otra. Y ahora el Ministerio Público,(MP), se encarrila de nuevo contra Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras,(OFRANEH), a quien ha citado para que se presente a la Fiscalía en Trujillo Colón, este 07 de marzo de 2019.
Luego de los cuestionamientos que van desde la incompetencia y falta de independencia del juez, hasta la presentación de pruebas falsas por parte del Ministerio Público, un Tribunal con Jurisdicción Nacional, dictó sobreseimiento definitivo, para los 12 ambientalistas de Guapinol, que por oponerse a la extracción de minerales en la reserva ecológica, Montaña de Botaderos o Carlos Escaleras, habían sido acusados de delitos graves.
En la audiencia de declaración de imputado desarrollada el pasado lunes, 4 de marzo, de 2019, en el Juzgado Primero de Letras, de Santa Rosa de Copán, la juez Adela Mejía, dictó medidas sustitutivas de la prisión, a 19 pobladores criminalizados por defender la cultura, la tierra y el medioambiente, del municipio de la Unión Copan, informó el abogado y defensor de los derechos humanos, Abencio Fernández.
Mineras canadienses que operan en el extranjero serán juzgadas en Canadá. Esto, gracias a años y años de activismo de parte de ciudadanos canadienses, de grupos de solidaridad y de ciertas ONG. La demanda para que se haga justicia en Canadá viene de los y las canadienses. No viene de los partidos políticos en Ottawa, no viene de la industria minera, no viene de los inversionistas. En la mayoría de los casos no viene tampoco de la prensa, señala un artículo publicado por www.rcinet.ca, con el titular "Ciudadanos canadienses, no Ottawa ni la industria, logran que mineras canadienses vayan a juicio", de entrevista realizada a Grahame Russell, Director de Rights Action.
La protección de estructuras criminales, una política de seguridad y de violencia contra los derechos humanos, prácticas que desatienden a la niñez y a la juventud, violencia estatal contra las mujeres como instrumento de odio, un marco legal discriminatorio contra la comunidad LGTBI, crueldad en las cárceles, la práctica de la tortura, censura y represión contra la libertad de expresión, son sólo algunos de los problemas que colocan a Honduras en una crisis profunda de derechos humanos, según lo dio a conocer la Mesa de Derechos Humanos.
El Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes del municipio de Tocoa, departamento de Colón y la Coalición contra la Impunidad, han presentado este 25 de febrero de 2019, un Recurso de Inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 252-2013, aprobado por el Congreso Nacional, en beneficio de la empresa minera Inversiones Los Pinares, que no solo ha causado daños ambientales sino además violaciones a los derechos humanos de la población.
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La complicidad silenciosa del Estado y la ambición desmedida de una empresa minera que ya no respeta ni a los difuntos, se combinan y provocan el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos en la comunidad de Azacualpa, municipio de la Unión Copán, situada a 351 kilómetros al oeste de Tegucigalpa.
En audiencia celebrada en la mañana de este lunes 18 de febrero de 2019, el Tribunal Natural de Sentencias, se declaró incompetente, para conocer las causas imputadas por el Ministerio Público en contra Edwin Espinal y Raúl Álvarez, víctimas de persecución del Estado, por manifestarse en contra del fraude electoral, que mantiene en el poder a Juan Orlando Hernández.
La terquedad del gobierno en mantener vigente la concesión minera a favor de la empresa Inversiones Los Pinares provoca un repunte en las violaciones de los derechos humanos en la Región del Bajo Aguán, informó Johnny Rivas, vocero del Movimiento Campesino del Aguan,(MUCA) y miembro de la Plataforma Agraria.
Diez y siete familias campesinas de la comunidad de Lepaguare, en la jurisdicción de Tutule, en el departamento de La Paz, quedaron en la intemperie, luego que la Policía Nacional, realizara un desalojo, destruyera sus viviendas y una parte de los cultivos.
El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.