A partir del golpe del estado del 2009, Honduras ha sido testigo de un explosivo aumento de megaproyectos que significa destrucción ambiental y el saqueo de pueblos originarios. Casi el 30 por ciento del territorio nacional había sido destinado a concesiones mineras, estableciendo una demanda de energía barata para impulsar futuras operaciones mineras. Para satisfacer esta necesidad, el gobierno aprobó cientos de proyectos de represas hidroeléctricas en todo el país, privatizando ríos, territorios, y desplazando comunidades.

Entre estos proyectos está el proyecto de la represa de Agua Zarca, un proyecto  de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos SA (DESA) y la compañía  china  Sinohydro, la mayor constructora de represas del mundo. El proyecto  Agua Zarca, cuya construcción se llevaría a cabo en el sagrado Río Gualcarque, fue aprobado sin previa consulta del pueblo Lenca—una violación de tratados internacionales que rigen los derechos de los pueblos indígenas. La represa impediría el abastecimiento del agua, comida y medicina para cientos de personas de la comunidades lencas y violaría su derecho a manejar y vivir de la tierra de forma sostenible.

Berta Cáceres, mujer Lenca, creció durante la etapa de violencia que se propagó en Centroamérica en los años ochenta. Su madre, una partera y activista social, dio amparo y cuidó a refugiados de El Salvador, enseñándole a sus hijas e  hijos pequeños la importancia de defender a los pueblos desposeídos.

Cáceres llegó a ser una estudiante activista y en 1993 fue cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), cuyo objetivo fundacional fue hacer frente a las crecientes amenazas que representa la tala ilegal, defendiendo los derechos del pueblo Lenca y mejorando sus condiciones de vida.

En el 2006, miembros de la comunidad de Río Blanco buscaron ayuda y se organizaron con COPINH. Habían visto llegar a su pueblo un gran flujo de maquinaria y equipo de construcción. No tenían ninguna idea para qué era la construcción o quién estaba detrás de ese proyecto. Lo que sí sabían era que una agresión contra el río– un lugar de importancia espiritual para el pueblo lenca– era un acto contra la comunidad, contra su libre voluntad y su autonomía.

Con mandatos por parte de miembros de las comunidades locales en cada momento del proceso, Cáceres empezó a dirigir una campaña en contra de la represa hidroeléctrica de Agua Zarca. Interpuso demandas a las autoridades gubernamentales, acompañada de miembros comunitarios en los viajes que hacía a Tegucigalpa. Junto con la comunidad, Cáceres organizó asambleas locales en la cual la gente de Río Blanco hizo votaciones en contra de la represa, y lideró una protesta en la cual la comunidad pudo exigir de forma pacífica su legítimo derecho a decidir por sí mismos si querían el proyecto.

La campaña también buscó apoyo en la comunidad internacional, presentando el caso frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y haciendo apelaciones en contra de los financistas del proyecto, como por ejemplo, la Corporación Financiera Internacional, (CFI), la rama del sector privado del Banco Mundial.

Ignorando esas apelaciones, el gobierno nacional y los alcaldes locales seguían avanzando en sus planes. Tergiversaron apuntes de una reunión comunitaria para presentar una falsa imagen de aprobación unánime para la represa, y ofrecieron dinero en efectivo a personas de la comunidad local a cambio de sus firmas en documentos en que declaraban su apoyo para el proyecto.

En abril del 2013, Cáceres organizó un bloqueo de una carretera para impedirle a DESA el acceso a las instalaciones para la construcción de la represa. Utilizando un sistema de alertas cuidadosamente organizado para mantener informados a todos, el pueblo Lenca mantuvo una fuerte y pacífica presencia, turnándose entre amigos, amigas y miembros de familia por semanas enteras a la vez. Durante más de un año, el bloqueo hizo resistencia contra múltiples intentos de desalojo y violentos ataques por parte de contratistas de seguridad militarizada y los cuerpos armados hondureños.

Muchos conocen el clima violento de Honduras, pero pocas personas entienden que sus víctimas son los activistas ambientales y de derechos humanos. Tomás García, un líder Lenca de Río Blanco, fue muerto a balazos durante una protesta pacífica frente a la oficina del proyecto hidroeléctrico. Otros han sido atacados con machetes, desprestigiados, detenidos y torturados. No se ha enjuiciado a ninguno de los responsables.

Contra viento y marea, los esfuerzos de Cáceres y la comunidad Lenca triunfaron en mantener el equipo de construcción fuera de la zona donde se construiría la represa Agua Zarca. A finales del 2013, Sinohydro dio por terminado su contrato con DESA, señalando públicamente como motivo la continua resistencia comunitaria y la indignación frente a la muerte de Tomás. Agua Zarca sufrió otro golpe aún cuando la CFI retiró su financiación, citando como motivo inquietudes sobre violaciones a los derechos humanos. Hasta la fecha, se ha detenido efectivamente la construcción del proyecto.

Lo que no ha cesado son las amenazas de muerte contra Cáceres. Su asesinato no sorprendería a sus colegas, quienes tienen preparada una elegía que esperan nunca tener que usar. A pesar de los riesgos, Cáceres mantiene una presencia pública para así poder continuar su trabajo. Cáceres espera que la victoria en Agua Zarca brinde esperanza a aquellos activistas que luchan en contra del desarrollo irresponsable y depredador en Honduras y en toda América Latina.

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