Los hallazgos encontrados por la Comisión del Congreso Nacional relacionada con las acciones de los operadores de justicia que tienen responsabilidad en las extradiciones por narcotráfico, son contundentes y desnudan la complicidad y podredumbre de la institucionalidad en Honduras que protege a los carteles de la droga. Este informe con fecha 26 de abril de 2022 fue leído en el pleno del parlamento el 11 de mayo recién pasado.

Entre las preguntas que muchas personas se hacen es cuál es el objetivo de colocar al ex presidente Juan Orlando Hernández, extraditado a los Estado Unidos acusado de delito de narcotráfico, como una víctima que fue llevado al país del Norte creyendo en narcotraficantes que se quieren vengar por su “gran trabajo” contra los carteles de la droga.

La presidenta Xiomara Castro decretó el primer estado de excepción de su gobierno en todo el departamento de Colón con el propósito de identificar y capturar a los responsables  de la muerte violenta de tres policías. El toque de queda está vigente desde el domingo anterior, a partir de las 9:00 pm, luego de trascender la masacre en la comunidad Agua María de Trujillo, en el interior de una finca de palma africana.

En su discurso de toma de posesión de la presidencia de la República, Xiomara Castro, en el Estado Nacional este 27 de enero de 2022,  señaló que entre sus prioridades está una Ley de Amnistía para presos políticos, presos de conciencia  y  el retorno de los exiliados que tuvieron que irse de Honduras. También el desmantelamiento de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, ZEDE, la condena al golpe de Estado, combate a la impunidad y la corrupción, entre otras acciones a emprender a la brevedad.

Pablo Hernández, defensor de derechos humanos, comunicador de la Voz Lenca y militante del Partido Libertad y Refundación, LIBRE, fue acribillado a balazos este domingo  09 de enero de 2022, en San Marcos de Caiquín, Lempira. Un mes atrás Margarito Hernández, también integrante de ese instituto político fue muerto de forma parecida en Santa Cruz, en el mismo departamento, el 05 de diciembre de 2021.

Foto de Margarito Hernández de LIBRE

Ambos crímenes se dan en el contexto postelectoral, después de la derrota del Partido Nacional y el ascenso de LIBRE al poder con la presidenta electa Xiomara Castro. Defensores de derechos humanos de la zona han manifestado que las muertes son represalias por ser dirigentes de dicho partido que desplazó a familias que se turnaban en el poder desde los padres, abuelos y nietos.

El crimen de Margarito Hernández se encuentra en la completa impunidad, ni siquiera hay líneas de investigación por parte del Ministerio Público, lo que genera la repetición de los hechos.

El jefe de comunicaciones estratégicas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Cristian Manuel Nolasco, confirmó a The Associated Press, AP,  que Hernández fue emboscado en un angosto camino de tierra, según publicó esta agencia de noticias.

“El funcionario dijo que se maneja la hipótesis de que el crimen fue motivado por enemistades personales y problemas políticos partidistas, y señaló que ya se tienen identificados a varios sospechosos”, señala la noticia de la AP .

Sin embargo Asociación de Medios Comunitarios en Honduras (AMCH), denunció que  “dicho asesinato lo consideramos un atentado más a la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos (por los que) nuestro compañero Pablo Hernández trabaja con compromiso y dedicación”.

Según circuló en redes sociales Pablo Hernández había denunciado reiteradas amenazas a muerte por parte de autoridades del municipio de Caiquín, Lempira.

Pablo era muy activo en la defensa de su pueblo lenca al impulsar la Universidad Indígena y de los Pueblos. Fue Director de Radio Tenán, La Voz Indigena Lenca, Alcalde Mayor de La Auxiliaría de La Vara alta de Caiquín, coordinador de la comunidades eclesiales de base y  Presidente  de La Red de Agro ecólogos de La Biósfera Cacique Lempira Señor de Las Montañas.

Ambiente pre electoral de amedrentamiento en las comunidades

Rigoberto Matute, defensor de derechos humanos de La Unión Lempira, dijo a pasosdeanimalgrande.com que hombres armados asediaron a unas  17 comunidades de Lempira debido a que en la zona el Partido Nacional se sentía perdido y de hecho así lo fue en las votaciones, por lo que hombres de civil armados merodeaban las casas de líderes.

En el caso de Maute ha sido objeto de reiteradas amenazas a muerte y a su casa entraron hombres armados unos días antes de las elecciones.

Ambos asesinatos han ocurrido en el lapso de un mes y se hace necesario una intervención inmediata de la nueva presidenta para que cese la violencia.

El Partido LIBRE  a través de la Coordinación Departamental en Lempira difundió un acuerdo de duelo sobre el crimen de Pablo Hernández:

Se podría repetir el caso de la Unión Patriótica de Colombia en LIBRE?

La Unión Patriótica surgió como una convergencia de fuerzas políticas a raíz del proceso de negociación adelantado a mediados de la década de 1980 entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y el estado mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

Desde sus mismos inicios la Unión Patriótica fue sometida a toda clase de hostigamientos y atentados. En 1984, se presentaron los primeros asesinatos y “desapariciones” forzadas. Tras las agresiones se percibía la actuación de agentes estatales o de integrantes de grupos paramilitares, detalla el documento “Genocidio político: el caso de la Unión Patriótica en Colombia”, escrito por Iván Cepeda Castro, investigador de derechos humanos  y director de la Fundación Manuel Cepeda Vargas, de Colombia.

Tres rasgos centrales configuran la especificidad de esta persecución sistemática. En primer lugar, la intencionalidad de los autores de la cadena de acciones criminales ha sido acabar con el grupo político, o al menos, expulsar de la vida pública a sus sobrevivientes y a las bases sociales que han resistido la ola de violencia. Por esta circunstancia, los familiares de las víctimas directas y los sobrevivientes del movimiento han reclamado que el caso sea tipificado como un genocidio por razones políticas. En segunda instancia, es notorio que se trata de un proceso de exterminio de una fuerza política legal en condiciones de un Estado considerado democrático y en el que se supone la existencia de una institucionalidad ajustada a las normas del derecho, agrega el escrito.

De no tomar cartas rápidas en el caso de los crímenes contra el partido LIBRE, Honduras podría repetir este escenario de Colombia donde fueron asesinados unos cinco mil militantes lo que ha sido considerado un genocidio. Aunque los contextos son diferentes, sí hay algunas similitudes como lo es la persecusión y muertes de los militantes de LIBRE en varios lugares del país.

Criminalización de la defensa de derechos humanos, presos políticos, exiliados, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desapariciones forzadas, leyes lesivas a los derechos fundamentales que deja el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, sumado de las graves violaciones a los derechos humanos en el golpe de Estado de 2009 y las elecciones de 2017,  son algunos de los problemas que encontrará la nueva presidenta Xiomara Castro al iniciar su gobierno.

La Administración del presidente Juan Orlando Hernández ha sido eficiente en el manejo de la deuda, enmarcada en la Ley de Responsabilidad Fiscal, por lo que se entrega un país con una macroeconomía sólida al nuevo Gobierno, aseguró Carlos Madero, Secretario Coordinador General de Gobierno, el pasado 15 de diciembre, no obstante su palabras quedan ahogadas por la situación real en Honduras.

Como parte de la estrategia para dar votos a su partido político, el presidente Juan Orlando Hernández destacó en una cadena nacional el 18 de noviembre de 2021, antes de las elecciones generales, los logros de varias instituciones entre ellas el Mecanismo Nacional de Protección, pero lo que no dijo el gobernante es que se ha tenido en el abandono a esta instancia limitando una protección efectiva para defensores de derechos humanos y periodistas en riesgo.

Esta navidad será otro tiempo de zozobra para el periodista Jairo López, Director del Noticiero El Informador, en sus espaldas lleva el cuarto juicio. “Solo quiero ser libre en el 2022, no quiero estar con esta carga que es como una joroba sobre mis espaldas”, dijo a pasosdeanimalgrande.com en una entrevista donde relató el brutal impacto de esta situación en su vida. Una foto con Manuel Zelaya Rosales le podría costar 28 años de cárcel.

#CeroKasaka
Juan Orlando Hernández, mintió al afirmar que el programa, Vida Mejor, ha atendido a más de 5.7 millones de personas, con más de 41 millones de beneficios, que van desde el mejoramiento de viviendas hasta la construcción completa de casas.