En su informe final de la observación de las elecciones generales, la Unión Europea (UE) le ha recomendado al Estado de Honduras derogar el artículo 335 B del Código Penal, que penaliza con cárcel a los periodistas y demás personas que sean acusadas de hacer apología del odio, o enaltecer y justificar el delito de terrorismo, a través de los medios de comunicación.

Siendo los periodistas y los medios de comunicación los que mantienen informada a la población, el ejercicio periodístico se considera esencial en el funcionamiento de la democracia. Sin embargo, en Honduras, son las mismas instituciones del Estado las que restringen el trabajo de la prensa, condicionándolo no solo en la acreditación sino también con un cerco de militares, como ocurre desde hace varios días en el Congreso Nacional.

Principio 13 de Libertad de Expresión-CIDH

13.  La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de  sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.

Eran las nueve y minutos de la mañana de este martes 13 de febrero de 2018 cuando Cesar Silva, periodista del canal de televisión UNETV le daba cobertura a una manifestación pacífica que en las afueras del hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, realizaban los empleados en demanda de mayor seguridad y otras necesidades hospitalarias. De pronto, un hombre se acercó y le dijo; “a vos vengo a matarte hijo de pu.....”.