El gobierno de la presidenta Xiomara Castro, es el primer mandato legítimo después del golpe de Estado ocurrido hace 13 años en Honduras. Ella junto al expresidente Manuel Zelaya Rosales, su familia y todo el pueblo hondureño, fueron víctimas de una cruenta represión cuyos perpetradores no han sido castigados. La titular del Poder Ejecutivo tiene a cuestas una gran deuda social que va desde el combate a la impunidad, resarcimiento a la víctimas hasta el rescate del Estado de Derecho que está completamente diezmado.
Mientras en la Plaza Isis Obed Murillo se celebrara la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, Silvia Mencía de Murillo lloraba en su casa porque ese mismo día, 21 de abril, su hijo mártir de la resistencia, estaría cumpliendo 33 años de edad.
Una serie de estrategias que dejaron a un presidente fuera de su cargo y establecieron las bases de la ilegalidad, la desarticulación de la institucionalidad y una impunidad galopante que se agudiza cada día, fueron las conclusiones a las que llegó el foro vitual “La Protesta Social y la Criminalización de la Oposición Política en Honduras”, desarrollado este 28 de junio de 2021, a 12 años de esos hechos violentos contra el pueblo hondureño.