Tras conmutar una condena de cuatro  años de prisión  por el delito de incendio agravado en grado de complicidad, Rommel Baldemar Herrera , quien fue acusado por la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, éste aún espera la libertad.  La  defensa legal de anunció que el tribunal aceptó la misma, pero la familia todavía espera que el sistema judicial resuelva el trámite administrativo para la liberación.

Defensores ambientales del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, expusieron que es un triunfo parcial que Estados Unidos retire millonario financiamiento al proyecto que instalaría la cuarta hidroeléctrica en el departamento de Atlántida, que solo fomenta la desigualdad socioeconómica.

Alianzas entre organizaciones e instituciones religiosas buscan incidir en pro de los derechos de las mujeres desde un diálogo religioso que les permita abordar las temáticas sobre la erradicación de la violencia y femicidios, en el Distrito Central de Honduras, acompañados por  instancias internacionales.

Ciudanía aglutinada en  el Frente Común Contra las ZEDE, en La Ceiba, considera que la implementación de proyectos denominados Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo, (ZEDE), otorgan beneficios económicos y territoriales a extranjeros por encima de los derechos de la misma población, y que es momento de enfrentar a una dictadura conformada por “traidores de la patria”.

Este frente realizó una movilización el 31 de mayo de 2021, hasta llegar a la alcaldía municipal de La Ceiba, en el departamento de Atlántida, donde entregaron a vicealcaldesa, Alba Zepeda, un planteamiento con la esperanza de que se sume y acompañe en la protección del territorio.

La profesora Lilian Ordoñez declaró públicamente que “es una lucha política del pueblo hondureño contra la organización criminal más grande del país, el Congreso Nacional donde se aprobó esa Ley y las reformas por diputados que votaron a favor y otros que se abstuvieron permitiendo la venta del territorio son “traidores de la patria”.

Ordoñez agregó que olvidan que la Constitución de la República indica en el artículo 2 que el pueblo es el soberano y de él emanan todos los poderes del Estado, por lo tanto, es el llamado a defender la soberanía aun sabiendo que habrán caídos porque eso significa luchar contra una dictadura.

El planteamiento del Frente Común Contra las ZEDE expone algunas preocupaciones como que es un proyecto inconstitucional, que otorga una estructura de auto gobernanza regido por extranjeros que violenta la soberanía nacional, impuesto sin una consulta previa, libre e informada.

Asimismo que no se cuenta con información o documentos, ya que lo ocultan bajo la Ley de Secretos Oficiales  y que los derechos laborales dentro de las ZEDE quedarán a criterios del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, (CAMP),  y los secretarios técnicos de cada una de las zonas, integrado en su mayoría por extranjeros.

Aunque el Frente Común es la primera organización que entrega un documento formal exigiendo un alto a las ZEDE. El 20 de mayo los pobladores de Crawfish Rock, en el departamento de Islas de la Bahía, protestaron en contra de los proyecto, s asegurando que Honduras está siendo vendida al mejor postor.

Aprobación de las reformas a las ZEDE

El diputado Tomás Zambrano presentó la moción que fue aprobada en un primer debate el 24 de mayo en el Congreso Nacional, que consiste en otorgar una tarifa de cero al párrafo tercero del artículo 32 de la Ley Orgánica de las ZEDE, que estipulaba pagar lo correspondiente en la compra o adquisición de insumos en el mercado nacional que son incorporados o utilizados en la producción.

Según el Congreso Nacional el propósito del proyecto de decreto a que se refiere este dictamen es regular las relaciones fiscales y aduaneras entre entes u órganos públicos competentes del Estado de Honduras y las ZEDE, mediante el establecimiento de beneficios arancelarios, fiscales y aduaneros en las compras locales o nacionales.

Algunos beneficios de la reforma son, no están sujetas al cumplimiento de obligaciones formales o materiales; algunas respecto del fisco nacional que se les considerará zonas francas; ninguna autoridad debe imponerles barreras arancelarias, no arancelarias o de cualquier índole para el ingreso de insumos, bienes y servicios a las mismas; que no pueden ser discriminadas en sus relaciones con entes u órganos públicos o privados y que se les debe prestar servicios o proveer de bienes en iguales condiciones.

Organizaciones de sociedad civil interpusieron este 20 de mayo de 2021,  un recurso de nulidad ante el  Instituto de Acceso a la Información Pública,  IAIP, sobre la resolución 086-2018 que evita que la ciudadanía hondureña conozca quiénes están financiando las campañas políticas en Honduras.