Tegucigalpa (martes 2 de junio 2015).- La organización de derechos humanos Casa Alianza reportó que solo en el mes de mayo de este año se registraron 79 muertes violentas de jóvenes, cuyos patrones revelan claras muestras de ejecución.

La información fue proporcionada por el director de programas, Ubaldo Herrera quien recalcó que del total de muertes, 16 corresponden a niños y niñas.

“Para nosotros sigue siendo de enorme preocupación la ejecución de menores de edad y jóvenes menores de 23 años, la tasa es alta y se mantiene con niveles de extrema violencia y con características de ejecución”, dijo Herrera.

El defensor de derechos humanos sostuvo que tanto el Distrito Central como San Pedro Sula encabezan los índices más altos en la ejecución de jóvenes en el país. Durante 12 años en los que hemos contabilizado los datos, éstas dos ciudades han arrojado la mayor cantidad de muertes violentas.

Herrera dijo que al igual que los homicidios de adultos, la gran mayoría de los casos de ejecuciones de jóvenes, permanecen en total impunidad y muy pocos casos han sido resueltos.

El representante de Casa Alianza señaló que en varios casos, los muchachos son sacados de sus casas para darles muerte o ejecutados en caminos solitarios.

La violencia en contra de este segmento de la población está provocando la emigración interna, y en otros casos, los menores de edad y jóvenes huyen de las amenazas y la violencia hacia países como México y Estados Unidos, precisó Ubaldo Herrera.

A principios de mayo Casa Alianza emitió el siguiente comunicado de cada al Examen Periódico Universal, EPU, que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, realizó al Estado hondureño el pasado 08 de mayo:

Comunicado Honduras ante el EPU_Casa Alianza Honduras‏

Ante el Examen Periódico Universal (EPU) del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas a realizarse en mayo,

Casa Alianza Honduras,

a la comunidad nacional e internacional, a las organizaciones de cooperación y sociedad civil hondureña, hace saber:

1. En Honduras, en los últimos 17 años, han sido asesinados más de 10,346 niñas, niños y jóvenes menores de 23 años. 

2. Durante el período del actual gobierno se registran 1,232 asesinatos de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años, el 90% de estos delitos quedan en total impunidad. 

3. El gobierno solo adopta medidas de corte mediático, como la aprobación de leyes y políticas y que en la mayoría de los casos no se materializan en el cumplimiento de los derechos de la niñez y juventud del país. 

Ante esta situación, Casa Alianza Honduras demanda al gobierno:

1. Que asuma las recomendaciones del EPU y sobre todo que adopte medidas urgentes para detener el asesinato de niñas, niños y jóvenes en Honduras. 

2. Terminar con la impunidad en el país, que es una de las principales causas por las que se sigue atentando contra la vida de niñas, niños y jóvenes. 

3. Asumir su rol de garante, cumpliendo con lo establecido en la Constitución de la República y con los instrumentos internacionales de derechos humanos de los cuales el país es signatario. 

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, a los cinco días de mayo de dos mil quince.

Atentamente,

Observatorio de Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes en Honduras

Casa Alianza Honduras

05 de mayo de 2015

La Plataforma 25 de Noviembre entregó una carta el 27 de mayo pasado  al Congreso Nacional donde describen los efectos de la violencia contra las mujeres y solicitan que entre los casos a investigación se incluyan los femicidios, pero el parlamento hondureño se ha llamado al silencio.

Al no recibir respuestas,  este 01 de junio de 2015 las mujeres volvieron a la carga  y  dieron  la misiva en manos  de tres de los integrantes de la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacionl , los diputados Edgardo Casaña y José Edgardo Castro ambos del Partido Libertad y Refundación, LIBRE,  y a Doris Gutiérrez, del Partido Innovación y Unidad Social Democráta, PINU-SD.

La comisión multipartidaria se creó para conocer los avances de las investigaciones de casos de corrupción emblemáticos como el del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el carretillazo, los fondos del proyecto de la Cuarta Urna, el del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), el tráfico gris de Hondutel; el caso del instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) y el Trans 450, entre otros.

La  ausencia de investigaciones sobre crímenes contra mujeres, es un vacío que debe ser llenado, de acuerdo a la demanda del movimiento de mujeres de Honduras a través de la Plataforma 25 de Noviembre que integra a mujeres campesinas, pobladoras, jóvenes y redes locales y feministas.

Las mujeres de la Plataforma 25 de Noviembre  invocan la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Belem Do Pará), donde se describe que la violencia contra las mujeres imposibilita su desarrollo y además este convenio internacional señala la obligación de los Estados de tomar las medidas apropiadas , incluso de carácter legislativo para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer.

“Entre el año 2010 y primer trimestre de 2015, unas 2,870 mujeres han sido víctimas de femicidio en el país, de estos casos únicamente el siete por ciento han recibido sentencia, según el informe presentado por el gobierno de Honduras ante el Examen Periódico Universal, EPU. Como organizaciones defensoras de derechos de las mujeres nos preocupan todos los casos de femicidio y demandamos sean investigados”, señala la carta.

Pero señalaron cuatro casos emblemáticos para que esta comisión proceda a hacer las averiguaciones que den con los responsables de los crímenes y se les lleve tras las rejas, para iniciar un proceso de combate a la impunidad.

Estos son los casos que las mujeres demandan investigar

Los casos son el de Vanessa Yaneth Zepeda Alonso, dirigente del sindicato del Segurio Social, SITRAIHSS  que el 03 de febrero de 2010 fue encontrada muerta por asfixia  como consecuencia de estrangulación. Aunque fue encontrado como responsable al médico Rafael Alejandro Sierra Linares, éste se encuentra prófugo de la justicia, sin que los encargados de su detención hagan algo por capturarlo.

Margarita Murillo, dirigente campesina, fundadora de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC y lideresa del Foro Social del Valle de Sula y del Partido LIBRE,  perseguida en los años 80 obligándole a salir al exilio. En el año 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, le otorgó medidas cautelares por las amenazas que recibió en el marco del golpe de Estado en Honduras.

Aunque existían dichas medidas el Estado de Honduras nunca las implementó y por lo tanto la dejó en completa desprotección lo que ocasionó su asesinato de varios disparos de bala el 26 de agosto de 2014, en la Aldea El Planón, en Villa Nueva, Cortés. A la fecha no se ha proporcionado información sobre el caso y permanece en completa impunidad.

Otro de los casos sobre el cual las mujeres exigen investigación pronta y una acción inmediata de la Comisión Mutipartidaria, es el de Alma Mariela Ordoñez, Madeline Ramíez Zambrano y Blanca Alejandra Velásquez, quienes eran modelos y fueron asesinadas a balazos el 15 de marzo de este año, por criminales que se conducían en una  motocicleta y en una camioneta, a la salida de Valle de Ángeles.  Aunque ellas pidieron protección policial previo a su crimen cuando venían de Siguatepeque,  no se tiene información del por qué solamente lo hicieron antes de entrar a Tegucigalpa, lo que demuestra la inoperancia policial.

También se incluye el asesinato contra la niña Soad Nicole Ham Bustillo, de 13 años de edad que apareció asesinada y metida en un saco en una calle, el pasado 24  de marzo . Un día antes la niña había participado en una protesta de su colegio donde indignada expresó “no es posible que no tengamos sillas….no es posible que no hayan aseadoras”. A la fecha las declaraciones policiales resultan confusas y pretenden responsabilizar a la niña por la violencia sufrida.

La Plataforma 25 de Noviembre también detalló la actual situación amenazante contra las mujeres que van a los mercados del Distrito Central , San Pedro Sula y otras ciudades urbanas, dado los mensajes enviados por grupos criminales, maras y pandillas sobre la prohibición de vestirse con pantalones licras y/o pintarse el cabello de rojo o de amarillo so pena de ser agredidas por estos grupso e incluso podrían culminar en femicidio.

“Nuestra intención con esta nota es que usted como presidente de la Comisión Interpartidaria junto con el resto de diputados y diputadas integrantes de la misma, planteen ante el Fiscal General del Esatdo y a los entes respectivos la urgencia de rendir un informe situacional de los casos de femicidios antes mencionados, así como la necesidad de crear unidades especiales de investigación de femicidios en los diferentes entes investigativos como la  Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC y fortalecer las ya existentes”, demanda la nota.

La misiva es firmada por Gilda Rivera del Centro de Derechos de Mujeres, CDM;  Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras y Wensy Cruz, de la Vía Campesina. La plataforma es integrada por más de 20 organizaciones de mujeres.

Los miembros de la comisión multipartidaria son: por el Partido Nacional Mario Pérez, David Chávez, Renán Inestroza; Partido Liberal Hugo Hernández, Araceli Leiva; el Partido Libertad y Refundación (Libre) José “Chele” Castro, Edgardo Casaña.

Enrique Villega y Marlene Alvarenga, representantes del Partido Anticorrupción (PAC); por la bancada denominada  Independiente,  Audelia Rodríguez; Partido Unificación Democrática (UD) Edwin Pavón; Partido Demócrata Cristiano Augusto Cruz Ascencio y del Partido de Innovación y Unidad (Pinu) Doris Gutiérrez.

Las mujeres esperan que esta solicitud sea abordada a la mayor brevedad por la situación grave de violencia contra las mujeres en Honduras, problema que no figura como tema principal de la agenda de gobierno.

El derecho a la tierra pende de una decisión de un Tribunal de Sentencia de Tela en el departamento de Atlántida, que se ha mostrado parcializado con instituciones del Estado para  despojar a garífunas asentados desde hace décadas en la comunidad de Barra Vieja, para favorecer  al proyecto turístico Bahía de Tela.

La presencia de Barra Vieja se remonta desde el año de 1885 y su ocupación permanente se produjo desde el año de 1904. Los garífunas han tenido que luchas por sus territorios en ese tiempo con las transnacionales bananeras y ahora con proyectos turísticos auspiciados desde los grupos de poder que ven en la zona una riqueza que la venden al mejor postor sin importar la violación a los derechos humanos.

El 12 y  13 de mayo pasado se llevó a cabo la audiencia de debate sobre este tema donde 66 garífunas están acusados de usurpación de su propia tierra, según un proceso judicial iniciado por la Empresa Nacional Portuaria que inició una querella desde el año pasado según consta en el expediente número 2298-2014.

Hasta el edificio donde se han desarrollado las audiencia es un mal presagio y podría ser un mensaje subliminal pues perteneció a las transnacionales bananaeras que despojaron de sus tierras hace décadas a los garífunas obligándoles a arrinconarse a pesar de ser los dueños.

De acuerdo a las fallas de procedimiento judicial que violentan el debido proceso y el acceso a la justicia, los jueces admitieron la denuncia por usurpación a pesar que el Ministerio Público no recibió ninguna denuncia por parte de la Procuraduría General de la República, “hay una falta de acción porque la Procuraduría nunca denunció a los supuestos invasores ni los investigó el Ministerio Público”, dijo José Carlos Velásquez, abogado defensor de la comunidad.

Velásquez agregó que hay de por medio unos 40 millones de lempiras con bancos extranjeros, todos representados por el Banco FICOHSA de Honduras.

El pueblo garífuna está protegido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y en todo el juicio lo que ha existido es indefensión y por lo tanto quebrantamiento de la norma, “y  no se le está permitiendo a la defensa que haga su trabajo, creo que hay parcialización del tribunal porque desde el principio le hemos presentado pruebas de que los garífunas tienen el derecho de posesión y no hay respuestas”, argumentó el defensor.

Los  garífunas no tiene propiedad individual de la tierra sino comunal, de orden colectivo, pero aunque se apeló la decisión del Juzgado de llevar a cabo un desalojo,  y después un ampao que fue desestimado, esto no surtió efecto , y el año pasado camiones del ejército y la policía llegaron a desalojarlos.

En la audiencia de mayo se leyó una resolución de Consejo Nacional Agrario del Instituto Nacional Agrario, INA, la cual señala que “el predio no se puede otorgar a ningún particular porque ya es propiedad del proyecto turístico Bahía de Tela , sería un desastre ecológico si se entrega a particulares .

En Consejo Nacional Agrario argumentó que no se está violentando el Convenio 169 de la OIT porque la comunidad no tiene escuelas y otras obras de desarrollo, ni tampoco la comunidad de Barra Vieja  tiene denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos , “por eso no hay violaciones a los derechos humanos”.

El 13 de mayo el Ministerio Público debió presentar a sus testigos propuestos pero no llegaron , eran agentes de policía que debían ratificar actas de inspecciones oculares pero el fiscal adujo que no pudieron comparecer uno porque estaba de vacaciones y otro porque nunca se le citó, por eso pidió suspensión del Debate , aunque el abogado defensor de los garífunas se opuso a que se pospusiera la audiencia, el Tribunal de Sentencia  dio curso a la petición del Ministerio Público dando ventaja a los acusadores .

Barra Vieja está ubicado contiguo al proyecto turístico Indura Resort, conocido previamente como Laguna de Micos & Beach Resort, perteneciente a la elite de poder de Honduras, implicados directamente en el golpe de estado del año 2009. Vea detalles de desalojo del año pasado.

Alfredo López, dirigente de OFRANEH criticó el papel del Estado de Honduras que en vez de proceder a la protección de los garífunas violenta sus derechos, eso traerá consecuencias dijo, "Hemos estado 15 años en las cortes internacionales pues aquí no hay justicia, y seguiremos entonces en estas cortes"

Pero se teme que la decisión del Tribunal de Sentencia de Tela, Atlántida, sea desalojar a Barra Vieja y de esta forma obviar los derechos que tienen los garífunas para favorecer al gran capital. Sin embargo los y las pobladores de la comunidad ha declarado que solo muertos los sacan de allí.

Vea noticia sobre la audiencia del 13 de mayo 2015

El Decreto que crea la  Ley de protección para defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, fue publicado el 15 de mayo recién pasado, con el número 33,730 del Diario Oficial La  Gaceta.