La organización señala en un informe que 66 de cada 100 adolescentes no lograron cupo para estudiar en secundaria; más de siete mil niños y niñas que huían de la violencia del país, fueron deportados, y miles de niños, niñas y jóvenes fueron asesinados impunemente. 

Y frente a la realidad, agrega, el gobierno se empeña en maquillar las cifras al grado que el Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), registró en Francisco Morazán solo un asalto a autobús y una violación. 

Pese a esta situación, con el apoyo de la cooperación solidaria, en 2015 Casa Alianza brindó protección y acceso a oportunidades de desarrollo a mil 500 niños y niñas en desamparo. 

Esta institución ratifica la continuación de su labor para el 2016, y es con el afán de mantener viva la conciencia colectiva sobre la deuda que el Estado tiene con la niñez hondureña que se presentó el informe al cual se alude. 

Casa Alianza es una organización no gubernamental con una trayectoria de 28 años en la atención de los niños, niñas y jóvenes que viven en grave riesgo y desamparo en Honduras. 

La institución también realiza una labor continua de incidencia ante las autoridades de gobierno y participa en la elaboración de políticas públicas, orientadas a mejorar las condiciones de respeto a los derechos fundamentales de la población infanto-juvenil. 

El informe presentado por los representantes de Casa Alianza incluye los escenarios sociales más actuales en los que se encuentra la población infantil hondureña, mediante diversas situaciones detectadas por el observatorio en las que se atenta contra los derechos fundamentales de niños y niñas, y que son reportadas por los medios masivos de comunicación y las propias investigaciones. 

Ejecuciones arbitrarias y/o muertes violentas

En el caso de las muertes violentas, o provocadas por la acción voluntaria de otros, se analizan los datos de la niñez entre 0 y 17 años y jóvenes de los 18 a los 23, y se fundamenta en los casos publicados en medios de comunicación social escritos y organizaciones de la sociedad civil. 

Es así como para el mes de diciembre, los medios de comunicación escritos del país reportaron la muerte en forma violenta de 189 personas, lo que representa una cifra de seis muertes violentas diariamente. 

Del total de las muertes, 169 corresponden al sexo masculino, 20 al sexo femenino, 81 casos corresponden a niños, niñas y jóvenes menores de 30 años, representando el 43% de las víctimas. Los casos reportados están en edades entre 12 y 84 años. 

Es de hacer notar la incidencia de homicidios múltiples ocurrida durante el mes de diciembre. En total se registró en los medios de comunicación escrita la muerte de forma violenta de ocho personas, las que ocurrieron en dos matanzas. 

En este mismo mes la principal causa de las muertes violentas fue la provocada por armas de fuego con el 67% de los casos, seguido por las producidas por arma blanca con el 13%, siguen las provocadas por asfixia con el 5% y finalmente las producidas por objeto contuso con el 2%. En un 13% no se determinó la causa de muerte. 

En lo relacionado a las muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años, los datos indican que para diciembre se registró un total de 51 casos, de los cuales 47 corresponden al sexo masculino y cuatro al sexo femenino. 

Las cifras registran entre enero y diciembre, 900 casos de ejecuciones arbitrarias y muertes violentas de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años. 

No obstante, si se compara el registro de muertes de noviembre (66 casos) con el de diciembre (51 casos) se constata que hay una disminución de 15 casos. 

Las muertes violentas de menores de 17 años disminuyeron tres casos en relación a noviembre, de igual forma, las muertes de jóvenes entre los 18 y los 23 años disminuyeron seis casos con respecto al mes anterior. 

Presuntos responsables

La información recopilada durante diciembre muestra que en el 78% de los casos se desconoce la identidad del responsable de las muertes, lo que significa casi siempre impunidad para los autores materiales. Solamente en el 6% de los casos se ha identificado a los supuestos responsables. 

Es por eso que existe la percepción ciudadana que la policía de investigación solamente hace la labor de levantar el cuerpo y entregarlo a sus familiares si estos lo reclaman, mientras que la muerte del niño o la niña solamente representa un expediente más en los archivos judiciales.

Hechos cometidos por las Fuerzas Armadas 

En los últimos seis meses, las Fuerzas Armadas de Honduras se han visto involucradas en el asesinato de al menos siete niños, niñas y jóvenes, tres de ellos en el transcurso de una semana. 

En septiembre pasado, un adolescente de 16 años murió luego que autoridades militares y policiales ejecutaran un violento desalojo en la comunidad Regalo de Dios, en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés. 

Siempre en septiembre, un adolescente de 14 años y un joven de 20 años murieron en medio de un operativo ejecutado por elementos de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta (Tigres) y la Policía Nacional en la colonia Los Alpes, de Comayagüela. 

Para el mes de noviembre, un niño de 11 años falleció en el sector de La Planeta, municipio de La Lima, departamento de Cortés. Según el padre del niño, “Los policías militares llegaron haciendo disparos como locos… no hubo ningún enfrentamiento con nadie… mi hijo no pudo correr y uno de los militares le puso la pistola en la cabeza y lo mató”. 

En diciembre, elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras asesinaron a dos jóvenes con edades de 19 y 24 años, pertenecientes a un pueblo garífuna. Estos hechos ocurrieron en la comunidad de Iriona, departamento de Colón. 

Además, a principios de enero, una joven de 19 años fue asesinada por elementos de la Policía Militar del Orden Público en la colonia Villa Franca del Distrito Central, Francisco Morazán. 

Otro derechos violentados

El informe presentado por Casa Alianza también recoge los datos de irregularidades en educación, Salud y Protección a la niñez hondureña. 

En el caso de la educación, se deja ver cómo algunos logros de la administración pública se ven opacados por la falta de maestros, la inseguridad en los centros educativos y las precarias condiciones en las que se encuentra la infraestructura educativa, siendo directamente afectadas las y los alumnos y maestros del sistema educativo público. 

Dentro de todos los males que padece el sistema educativo nacional, se encuentra la falta de maestros para atender la demanda estudiantil, que todos los años aumenta en los centros educativos nacionales. Entre las más comunes desde el año 2010 a la fecha se encuentran: las cancelaciones por sanciones a 68 maestros; por defunción, 1,158 y por jubilación 2,257.

La problemática de esta situación es que debido a procesos legales o burocráticos muchas de estas plazas o no son cubiertas o los nombramientos son tardíos, lo que repercute en la calidad educativa de las y los estudiantes. 

En lo relacionado con la salud destacan los accidentes por quemaduras de pólvora que se repiten todos los años, los hospitales nacionales, principalmente los públicos, se ven “obligados” a atender estas emergencias durante las celebraciones navideñas. Ni el gobierno central ni los locales adoptan las medidas necesarias para su prevención. 

Esta situación provoca pérdidas al Estado Hondureño, ya que un quemado por pólvora le cuesta al menos 25 mil lempiras pero lo más grave son las secuelas que dejan en los que la sufren. 

Según informes de la Secretaría de Salud, en las fiestas navideñas del 2015 se registraron 21 pacientes quemados por pólvora, de ellos cinco son niñas y niños y uno de ellos con graves heridas en sus genitales debido al estallido de un mortero. 

Crisis

La crisis por la que atraviesa el sistema hospitalario del país es de carácter permanente y las autoridades de gobierno continúan demostrando incapacidad o indiferencia para garantizar este derecho a la población, principalmente a la de escasos recursos económicos. 

Un ejemplo de lo mal que se encuentra el sistema de salud en el país es el Hospital Gabriela Alvarado, del municipio del Danlí, El Paraíso, que enfrenta déficit de personal, situación que mantiene al borde del colapso a dicho centro asistencial. 

Embarazos

 Por otra parte, a pesar de las campañas que realizan el gobierno y algunas organizaciones no gubernamentales para la prevención de los embarazos en adolescentes, estos continúan incrementándose, según cifras de hospitales públicos y privados. 

“Este año se registró un incremento del 5% en comparación al 2014”, según declara la Coordinadora de redes integradas de los servicios de salud, Maritza Ulloa. 

Las ciudades del país con mayor incidencia de embarazos en adolescentes son Tegucigalpa y San Pedro Sula, por ser las más populosas refieren los especialistas en esta materia. 

Según las estadísticas del Registro Nacional de las Personas (RNP), en los dos últimos años han llegado 50 mil niños y niñas a registrar a sus recién nacidos. 

Protección, niñez y migración

Las estadísticas registran que entre enero y diciembre del 2015 se dieron 67,734 eventos de deportación de migrantes hondureños desde los Estados Unidos y México, de las cuales, 48,398 fueron por vía terrestre y 19,336 por vía aérea. 

En ese mismo período, se registraron 7,109 eventos de deportación de niñas, niños y adolescentes migrantes, lo que representa el 10% del total de las deportaciones. 

En el mismo documento Casa Alianza demanda al gobierno de la república el cese de los asesinatos de niñas, niños y jóvenes en el país, y reitera al gobierno, en aras del bienestar de la población, que haga un replanteamiento de su estrategia militarista, cara, ineficiente e ineficaz por una estrategia de seguridad humana; que contemple la recuperación pacífica de territorios mediante el involucramiento, la organización y participación de todos los sectores.