Los operadores de justicia accionan para garantizarle a Jorgensen su permanencia en tierras garífunas, protegidas por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, eso poco le importa al Estado de Honduras que a través de sus instituciones de la zona de Trujillo, engaveta las denuncias de las comunidades y echa a andar todo el aparato de justicia contra los garífunas.
En reiteradas ocasiones las comunidades garífunas a través de OFRANEH han denunciado el tráfico de influencias que el canadiense realiza ante diferentes funcionarios que mantienen una cercanía peligrosa para la imparcialidad de la justicia con el empresario.
Así quedó demostrado el 10 de noviembre pasado cuando fueron detenidos cinco miembros de la comunidad, quedando arrestada Medelin David bajo los cargos de usurpación de un terreno en el que en su momento existió un proyecto de turismo comunitario, tal como lo señaló la OFRANEH en un comunicado público.
Esta organización destaca que la comunidad de Guadalupe desde el año 2008 interpuso una serie de denuncias ante la Fiscalía de las etnias por la venta ilegal de tierras dentro del perímetro de su título comunitario, sin que las autoridades hubieran tomado cartas en el asunto.
“Con el golpe de estado, la agresividad del empresario canadiense se incrementó y contando con el apoyo de las autoridades municipales tanto de Santa Fe como de Trujillo, además de tener como padrino al Sr. Ramón Lobo, logró demoler sin consulta previa alguna con la comunidad a Río Negro, uno de los primeros lugares habitados “, agrega el documento.
El Rey del Porno -como se le conoce en su país al canadiense- se apoderó de buena parte de la Bahía de Trujillo, deshaciendo los títulos comunitarios, los que tiene una salvaguarda para evitar la venta a foráneos,que ha sido ignorada tanto por el Registro de la Propiedad en Santa Fe, como el Instituto de la Propiedad en Trujillo; además de la manipulación de patronatos comunitarios paralelos, creados con el propósito de avalar las supuestas ventas, dijo la OFRANEH.
La organización garífuna recordó que Jorgensen indicó en una entrevista que la oposición a sus planes de desarrollo neocolonialista como “facciones extremistas que tienen motivos extremadamente políticos y hacen un gran esfuerzo para causar cualquier problema que pueden por lo que no ponga dinero en sus bolsillos personales.”
Campa Vista, Coroza Alta, New Palm Beach, Alta Vista, Carivida y Banana Coast, son algunas de las empresas del Canadiense que se ven cuestionadas ante la adquisición de tierras de forma indebida, además de estar procesado por el Juzgado de Letras de Trujillo por usurpación , lo que ha dado lugar a una orden de prohibición de salida del país.
“Existen enormes presiones territoriales sobre la costa garífuna, siendo la Bahía de Trujillo y Tela las más apetecidas por empresarios hondureños y extranjeros, los que apoderándose de las playas y humedales para la construcción de emporios turísticos, muchos de ellos dedicados al lavado de activos”, denunció OFRANEH.
A finales del 2011 se presentó un requerimiento fiscal por el caso de usurpación de Jorgensen y hasta el 2015 fue que se presentó finalmente al Juzgado de Letras de Trujillo.
Sin embargo la orden de captura contra Medelin David fue emitida el 03 de noviembre y ejecutada en 8 días, comparó la OFRANEH.
Medelin David Hernández, garífuna de la comunidad de Guadalupe, Colón, fue golpeada y detenida el 10 de noviembre en la tarde, la acción fue promovida por el empresario canadiense Randy Jorgensen, propietario de CARIVIDA, empresa que aduce haber adquirido un predio en la comunidad de Guadalupe, según denuncia de la Organización Fraternal Negra de Honduras.
Los operadores de justicia accionan para garantizarle a Jorgensen su permanencia en tierras garífunas, protegidas por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, eso poco le importa al Estado de Honduras que a través de sus instituciones de la zona de Trujillo, engaveta las denuncias de las comunidades y echa a andar todo el aparato de justicia contra los garífunas.
En reiteradas ocasiones las comunidades garífunas a través de OFRANEH han denunciado el tráfico de influencias que el canadiense realiza ante diferentes funcionarios que mantienen una cercanía peligrosa para la imparcialidad de la justicia con el empresario.
Así quedó demostrado el 10 de noviembre pasado cuando fueron detenidos cinco miembros de la comunidad, quedando arrestada Medelin David bajo los cargos de usurpación de un terreno en el que en su momento existió un proyecto de turismo comunitario, tal como lo señaló la OFRANEH en un comunicado público.
Esta organización destaca que la comunidad de Guadalupe desde el año 2008 interpuso una serie de denuncias ante la Fiscalía de las etnias por la venta ilegal de tierras dentro del perímetro de su título comunitario, sin que las autoridades hubieran tomado cartas en el asunto.
“Con el golpe de estado, la agresividad del empresario canadiense se incrementó y contando con el apoyo de las autoridades municipales tanto de Santa Fe como de Trujillo, además de tener como padrino al Sr. Ramón Lobo, logró demoler sin consulta previa alguna con la comunidad a Río Negro, uno de los primeros lugares habitados “, agrega el documento.
El Rey del Porno -como se le conoce en su país al canadiense- se apoderó de buena parte de la Bahía de Trujillo, deshaciendo los títulos comunitarios, los que tiene una salvaguarda para evitar la venta a foráneos,que ha sido ignorada tanto por el Registro de la Propiedad en Santa Fe, como el Instituto de la Propiedad en Trujillo; además de la manipulación de patronatos comunitarios paralelos, creados con el propósito de avalar las supuestas ventas, dijo la OFRANEH.
La organización garífuna recordó que Jorgensen indicó en una entrevista que la oposición a sus planes de desarrollo neocolonialista como “facciones extremistas que tienen motivos extremadamente políticos y hacen un gran esfuerzo para causar cualquier problema que pueden por lo que no ponga dinero en sus bolsillos personales.”
Campa Vista, Coroza Alta, New Palm Beach, Alta Vista, Carivida y Banana Coast, son algunas de las empresas del Canadiense que se ven cuestionadas ante la adquisición de tierras de forma indebida, además de estar procesado por el Juzgado de Letras de Trujillo por usurpación , lo que ha dado lugar a una orden de prohibición de salida del país.
“Existen enormes presiones territoriales sobre la costa garífuna, siendo la Bahía de Trujillo y Tela las más apetecidas por empresarios hondureños y extranjeros, los que apoderándose de las playas y humedales para la construcción de emporios turísticos, muchos de ellos dedicados al lavado de activos”, denunció OFRANEH.
A finales del 2011 se presentó un requerimiento fiscal por el caso de usurpación de Jorgensen y hasta el 2015 fue que se presentó finalmente al Juzgado de Letras de Trujillo.
Sin embargo la orden de captura contra la garífuna fue emitida el 03 de noviembre y ejecutada en 8 días, comparó la OFRANEH. El Juzgado de Trujillo emitió el 11 de noviembre, medidas sustitutivas a la defensora garífuna, argumentando el artículo 100 de la Ley de Propiedad, el cual viola el Convenio 169 de la OIT. Entre las medidas aplicadas contra David Hernández están no acercarse al predio, prohibición de salida del país y deberá presentarse al juzgado a firmar el libro judicial.
