Ese día a instancias de la rectora universitaria Julieta Castellanos, la policía irrumpió en la UNAH, procedió a desalojar y capturar a los estudiantes que tenían tomados los edificios, sumando unos 22 bajo arresto y cargos de Usurpación, así como torturas y malos tratados.

Siete de ellos se quedaron atrapados en medio de centenares de agentes estatales armados y guardias de seguridad. Cuatro defensores de derechos humanos trataban de que se les respetara su integridad física pero la agresividad con que actuaron los uniformados terminó en una violenta captura de los estudiantes y defensores.

Tomy  Morales de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, Carlos del Cid, del Observatorio Ecuménico Internacional de los Derechos Humanos, Ariel Díaz, de la Asociación de Jóvenes por los Derechos Humanos y Hedme Castro de ACI-Participa, fueron los defensores y defensoras  torturados. A los primeros tres el Ministerio Público corrió a abrirles procesos penales,  a Morales por Atentado y Encubrimiento y a Del Cid y Díaz por Encubrimiento.

Todos fueron enchachados de pies y manos,  y tratados como delincuentes, se les negó acceso inmediato a un médico  a pesar de las condiciones delicadas de salud en que se encontraban por efecto de los gases lacrimógenos y los golpes recibidos por policías al mando de los altos oficiales antes mencionados.

Hasta lo que iba del conflicto universitario que se inició desde mayo de este año no se había presentado una situación tan grave como ésta. Las protestas eran en demanda del cierre del expediente judicial de los estudiantes Cesario Padilla, Sergio Ulloa y Moisés Cáceres, que fueron condenados a tres años de prisión y penas accesorias por las protestas estudiantiles de 2015.

El caso llegó hasta juicio oral y público bajo constantes violaciones al Debido Proceso, los recursos a su favor no funcionaron y las autoridades universitarias se salieron con la suya para verlos condenados, a pesar que se les instó a cerrar el proceso judicial y pudieron hacerlo pero falló toda acción encaminada a ese fin. El Ministerio Público manifestó que si la UNAH cerraba el caso ya no podían hacer más acciones, pero eso no ocurrió.

Salvaje represión tiene en estado delicado a defensores

Un bus del CONADEH es el testigo fiel de todo lo que se vivió ese 08 de septiembre. Los gritos de auxilio porque los policías les lanzaron gases lacrimógenos primero dentro del bus y después en forma individual a los defensores y estudiantes, en sus rostros y toletazos en sus cuerpos, no encontraron respuesta. La impunidad con que se manejan los cuerpos represivos les da la potestad de actuar de manera violenta sin que tengan consecuencias.

De acuerdo a diagnóstico médico Carlos del Cid tiene afectada en un 80 por ciento la córnea de su ojo izquierdo, mientras que en el derecho la afección es del 25 por ciento. Este defensor es diabético y les gritó en reiteradas ocasiones a los perpetradores pero a cambio recibió más represión. Aunque tenía prescrito que fuera remitido a un médico cuando estaba en la bartolina, eso ocurrió a más de 12 horas después, los tóxicos actuaron sobre sus ojos.

Debe tener al menos dos semanas de reposo absoluto, las consecuencias de las lesiones dejarán una huella de por vida.

Mientras Tomy Morales ha tenido que sortear la hipertensión, intensos dolores de cabeza, cansancio extremo y fuertes dolores por  los toletazos que recibió en brazos y piernas.

Ariel Díaz tiene efectos aún de los tóxicos, su rostro cansado y las ojeras delatan que  las torturas están haciendo mella en su cuerpo.

Hedme Castro que pasó por una crisis de asma debido a los gases lacrimógenos aún recuerda con terror los momentos de intensa presión que vivió esa fecha. Aunque no se le abrió un proceso penal las consecuencias sicológicas son fatales.

Y la Fiscalía de Derechos Humanos?

Dos entes se han llamado al silencio, la Fiscalía de los Derechos Humanos y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, ante una situación delicada que abre la puerta para que se cometa con otros defensores de derechos humanos, de allí que Honduras no sale de la lista de los países más peligrosos en el mundo para defender los derechos fundamentales de las personas.

Esta Fiscalía no tiene excusa, sus acciones ni siquiera están en el tintero para empezar a levantar cargos contra los altos oficiales y sus subalternos que disfrutaron de practicar la forma más deleznable contra la humanidad como lo es la tortura, a pesar que Honduras ratificó la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes.

Honduras suscribió la Convención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes  el 10 de diciembre de 1984, aprobada por el Congreso Nacional el 16 de abril de 1996, bajo el Decreto 47-96, habiéndose publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 19 de octubre de 1996, con el número 28,089 y fue ratificada el día 5 de diciembre del año 1996.

Dónde está el informe?

Aunque la Comisión Depuradora de la Policía anunció la semana pasada  la suspensión de los altos oficiales que participaron de la acción delictiva mientras se investigan los hechos, aún no hay un informe público que en realidad descarte que solamente se trató de una declaración pública para aplacar la condena nacional e internacional por estos hechos que profundizan la violencia contra quienes defienden los derechos humanos en Honduras.

En papel mojado los compromisos del Estado de Honduras

En un comunicado del gobierno de la República emitido en junio de 2015 señalaba que  “ Desde la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización (SDHJGD), se está educando y formando a servidoras (es) públicos y miembros de cuerpos del orden en materia de prevención de la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes”, pero tal parece que se les olvidó a los responsables de esta acción el 08 de septiembre de 2017.

Agregó el comunicado que “El Gobierno de la República se compromete a realizar todas aquellas acciones necesarias para erradicar la tortura y los tratos crueles, inhumanos y dragantes en cualquier lugar y espacio, a fin de salvaguardar el derecho a la integridad física y psicológica y el derecho a la vida de la población”.

Soraya Morales es la fiscal titular de dicha instancia, su falta de acción la coloca como una funcionaria que está violentando los Deberes de los Funcionarios, así como una actitud cómplice para favorecer a los responsables.

Entretanto el CONADEH no ha mostrado acciones contundentes para condenar estas acciones, ya hubiera llegado al Ministerio Público a revisar las gavetas y verificar por qué no está actuando, así se lo señala la Ley de la institución.

De tal forma que se percibe que el objetivo es que el tiempo borre los rastros y los responsables vuelvan a cometer los mismos delitos contra otros defensores y ciudadanos en Honduras, ese es el círculo vicioso de la impunidad.

Video de la represión el 08 de septiembre de 2017 contra defensores de derechos humanos y estudiantes  Aquí