En las últimas horas también se denunció que dos periodistas uno Aljazeera y otra de TeleSur habían sido retenidos y se les evitó el ingreso a Honduras, a pocos días del proceso electoral del domingo 26 de noviembre de 2017 donde el actual presidente se postula a un segundo mandato violentando la Constitución de la República.
En las frías paredes de los edificios del Instituto Nacional de Migración es donde se trasiega con la ilegalidad y silenciosamente se saca de escena a estas personas que son vitales para fortalecer la vigilancia contra las violaciones a los derechos humanos que mantienen a Honduras en la lista negra de los países donde defender estos derechos lleva consigo el peligro de muerte, camino por el cual han transitado más de 100 defensores y defensoras de los territorios.
Es así que cinco ciudadanos y ciudadanas de diferentes nacionalidades hicieron un llamado de alerta al cuerpo diplomático y organismos internacionales establecidos en Honduras para que puedan poner en práctica las directrices de la unión Europea en cuanto a la obligatoriedad de estas misiones de proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos de diversas nacionalidades.
Señalan que tienen un proceso administrativo de expulsión y que no pueden defenderse porque por un lado no logran entrar al país y por el otro lado el expediente que contiene sus casos ha desaparecido sin dejar rastro, lo que limita a abogados y abogadas hondureñas hacer acciones para proteger sus derechos.
Hay además una doble cara del gobierno al expresar que no se ha producido ninguna expulsión pero no permite el ingreso de los denunciantes.
A continuación la carta enviada por dos hombres y tres mujeres que llegaron a Honduras a colaborar con la democracia pero fueron tratados con los pies por diversas instituciones estatales, lo que pone bien claro que es una política de Estado para reprimir la observación internacional de derechos humanos.
Asunto: Preocupaciones por la expulsión de defensores y defensoras internacionales de derechos humanos por parte de las autoridades hondureñas.
Honorables Señores y Señoras,
Los y las cinco ciudadanos y ciudadanas firmantes de esta carta, nos dirigimos a ustedes, con la finalidad de informarles y expresarles la preocupación sobre nuestra situación, cuatro ciudadanos europeos, defensores de derechos humanos, y un ciudadano colombiano, periodista, que desde el 2016 somos objeto de un proceso administrativo de expulsión por parte del Estado de Honduras.
Las personas afectadas son:
Giulia FELLIN, de nacionalidad italiana y alemana, miembro de la Hondurasdelegation, un colectivo de personas y grupos que trabaja en la observación de derechos humanos desde el 2009; Luis DIAZ DE TERAN, de nacionalidad española, defensor y observador de derechos humanos; Marine PEZET, de nacionalidad francesa, excoordinadora de PROAH, Proyecto de Acompañamiento Internacional a defensores de derechos humanos en Honduras; Heike ENGEL, de nacionalidad alemana, defensora de derechos humanos y periodista independiente; y Víctor Hugo SOTO GALEANO, fotógrafo periodista, de nacionalidad colombiana.
Contexto:
Luego del asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres el 2 de marzo del 2016, incrementaron los ataques y las amenazas contra defensores nacionales e internacionales de derechos humanos, en particular contra defensores internacionales que acompañaban al COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), organización que lideraba Berta Cáceres. Un ejemplo de ello son los ataques y actos de intimidación a participantes y observadores internacionales durante el Encuentro Internacional “Berta Cáceres Vive” , el 15 de abril del 2016, en el cual se encontraban Giulia Fellin, Luis Díaz, Heike Engel y Marine Pezet.
El 9 de mayo del 2016, tuvo lugar una manifestación pacífica del COPINH, frente a Casa Presidencial, la cual fue violentamente reprimida. Los y las defensores internacionales Giulia Fellin, Luis Díaz y Heike Engel estuvieron presentes, observando y documentando los hechos.
El 10 de mayo del 2016, el señor Jorge Ramón Hernández Alcerro, Secretario Coordinador General del Gobierno hondureño, afirmó públicamente que se ordenó a la Dirección de Inteligencia del Estado y al Instituto de Migración para que “proceda a identificar a los extranjeros que participan en ese tipo de manifestaciones, incitando a la violencia, y que se aplique los procedimientos que la ley establece”, y que “abrirán una investigación a los extranjeros que participan en las protestas del COPINH y que incitan a la violencia”.
A partir del 10 de mayo del 2016, se produjeron diversos pronunciamientos e intimidaciones directas relacionadas con el trabajo realizado por Giulia Fellin, lanzando una campaña de desprestigio en su contra, por la cual se vio forzada a abandonar el país.
Las demás personas arriba mencionadas también salieron del país en las semanas siguientes, aunque no recibieron una notificación oficial escrita acerca de una alerta migratoria en su contra. Además, en junio del 2016, una representante de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia y Descentralización, expresó que en ningún momento se había emitido una resolución de expulsión.
Sin embargo, el 25 de octubre de 2016, el defensor de derechos humanos Luis Díaz, intentó ingresar de nuevo a Honduras. Fue abordado por agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes lo detuvieron y le aplicaron el procedimiento administrativo de expulsión. Fue expulsado sin que se le permitiera impugnar la decisión de expulsión de Honduras, y ningún documento le fue entregado.
Después de este incidente, los demás observadores europeos decidieron investigar, con el apoyo de abogados hondureños miembros de organizaciones de derechos humanos, si había una alerta migratoria en su contra y podría aplicarse un proceso similar en contra de ellos.
En febrero del 2017, un abogado hondureño logró tener acceso a un documento del Instituto Nacional de Migración, de fecha “030 [sic!] de mayo del 2016”, dirigido a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, en el que se pide proceder a la expulsión de las cinco personas arriba mencionadas.
Desde ese entonces, abogados y abogadas hondureñas, se han comunicado con el Instituto Nacional de Migración y la Secretaria de Derechos Humanos, y han hecho numerosas gestiones para lograr acceder al expediente de dichas expulsiones.
Aunque la expulsión en contra de los cinco ciudadanos fue confirmada por los funcionarios hondureños, se les notificó a los abogados y las abogadas que el expediente se extravió. A pesar de numerosas comunicaciones con diversas autoridades hondureñas, y su compromiso oral de encontrar el expediente, hasta la fecha, ni el expediente, ni la resolución de expulsión, nos han sido entregadas, tampoco a nuestros abogados y abogadas.
A un año y medio después de los hechos, nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas extranjeros, nos encontramos en la imposibilidad de volver a Honduras y de poder impugnar la resolución emitida en nuestra contra.
Solicitamos que miembros del cuerpo diplomático y organismos internacionales de derechos humanos expresen ante las autoridades de Honduras la importancia del rol del acompañamiento internacional en la defensa de los derechos humanos y que les insten a:
- Brindar información sobre el proceso administrativo en materia migratoria que se aplicó a Luis DIAZ DE TERAN para su detención y expulsión, así como a los demás 4 ciudadanos y ciudadanas extranjeros, requiriendo información y el acceso al expediente al Instituto Nacional de Migración y la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización;
- Revertir la decisión porque la orden de expulsión es injustificada y perjudicial para el trabajo de defensa de los derechos humanos en Honduras;
- Realizar investigaciones prontas, oportunas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre todas las alegaciones relativas a actos de amenazas y ataques contra personas defensoras nacionales y extranjeras en Honduras;
- Tomar medidas urgentes para implementar la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones, de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente reconocidos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 09 de diciembre de 1998 y garantizar que todas las personas comprometidas con la tarea de promoción y protección de derechos fundamentales puedan desarrollar sus actividades con independencia y libertad.
- La Asamblea General de la OEA, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han destacado la importancia de la labor de las defensoras y defensores en el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático.
- Por ello, los firmantes solicitamos al cuerpo diplomático y animamos a la comunidad internacional a acercarse activamente a los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras con el objetivo de ofrecerles apoyo y protección en el marco de las Directrices de la Unión Europea para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, y de otros instrumentos y mecanismos internacionales existentes para tal fin.
Atentamente:
Luis DIAZ DE TERAN
Heike ENGEL
Giulia FELLIN
Marine PEZET
Víctor Hugo SOTO GALEANO
