El 08 de septiembre de 2017 marco una de las acciones más nefastas del Estado de Honduras contra la labor de derechos humanos decidió atacar a cuatro defensores dos mujeres: María Tomasa Morales(ASOPODEHU) y Hedme Castro (ACI-Participa),  y dos hombres, Carlos del Cid (Observatorio Ecuménico Internacional de DDHH)  y Ariel Díaz (Asociación de Jóvenes  por los DDHH),  que ejercían su derecho a defender los derechos humanos.

Entre las torturas aplicadas estaban el rociarles gases lacimógenos en sus rostros y cuerpo, y a Morales le dieron de golpes en varias partes de su cuerpo. Todos junto a los estudiantes fueron enchachados y llevados a prisión donde permanecieron encadenados hasta que un juez les dio medidas provisionales. Después en Audiencia Inicial se dio el sobreseimiento definitivo.

La Mesa de Derechos Humanos que aglutina a varias organizaciones que defienden derechos fundamentales anunciaron desde septiembre que acusarían a fiscales que no actuaran y dejaran en la impunidad los casos.

Mientras los y las defensoras de derechos humanos fueron acusados a la velocidad de la luz por el delito de Encubrimiento y a Morales por este mismo delito y sumado el de atentar contra la seguridad interior del Estado, sobre los cuales un juez les dio sobreseimiento definitivo el 28 de septiembre de este mismo año, pero para las acciones penales contra los responsables de torturar a las personas afectadas ni siquiera inició ninguna.

A escasos cinco días para concluir el año 2017, la justicia se fue de vacaciones junto a los operadores de justicia que regresan a laborar hasta el 08 de enero de 2018.

Los jefes policiales están tranquilos en sus cargos a pesar que la Comisión Depuradora de la Policía anunció que habían sido separados mientras durara la investigación, sin embargo no hubo tal separación ni tampoco investigación, lo que constituye tomarle el pelo a las víctimas y abrazar la impunidad, abriendo un corredor oscuro para la defensa de los derechos humanos que fomentará  acciones similares.

Aunque hubo reuniones con organizaciones de la Mesa de Derechos Humanos pidiendo paciencia para avanzar en el caso, lo cierto es que solo fue una dilatoria para dejar sin castigo a los responsables.

Entonces qué sigue?, será ahora acciones penales contra los fiscales y todos sus jefes por no actuar?, 2018 iniciará muy pronto a correr y trae 12 meses.