Estos altos oficiales están acusados de torturas, detención ilegal, lesiones, Violación a los Deberes de los Funcionarios y Abuso de Autoridad contra los defensores de derechos humanos María Tomasa Morales, de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU; Hedme Castro, de ACI-Participa; Ariel Díaz , de la Asociación de Jóvenes por los Derechos Humanos y Carlos del Cid, integrante del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos, OEIDH, y ocho estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, hecho ocurrido el 08 de septiembre de 2017.

Justicia parcializada con torturadores

Colindres, Aguilar y Vásquez Palma junto a sus abogados defensores llegaron muy temprano al Juzgado de lo Penal de Francisco Morazán, antes de las dos de la tarde en que estaba programada la audiencia, ellos estaban muy cómodos en un cubículo cercano al despacho de la jueza que conoce el caso, sin problema permanecieron allí, hasta que inició la audiencia.

No pasó lo mismo con la presencia de tres de los defensores víctimas, Díaz, Castro y Del Cid, que llegaron acompañados de sus abogados y de defensores y defensoras de derechos humanos de las organizaciones CIPRODEH, C-LIBRE, ASOPODEHU, ACi-Participa, y también observadores internacionales como Brigadas Internacionales de Paz, PBI, y enviados por las embajadas de México, Alemania, Estados Unidos y Canadá, y la presencia de acuerdo al mandato de dos delegados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, todos fueron sacados del espacio donde esperaban la audiencia, para un salón en las afueras del despacho judicial, aduciendo que después les llamarían.

También estuvo allí una delegada del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, que nunca protestó porque la sacaban del lugar, se mantuvo en silencio todo el tiempo.

Los delegados de la OACNUDH demandaron respeto a su mandato el cual estaba siendo violentado al sacarlos del lugar, igual exigieron los defensores y defensoras de derechos humanos acompañantes. Al cabo de unos 45 minutos duró la espera con diferentes pretextos, falta de espacio o peligro a la administración de justicia que se aducía para no permitir la entrada de todos los acompañantes de las víctimas de las torturas de los oficiales de policía.

La defensora de derechos humanos y periodista María Tomasa Morales no se hizo presente a la audiencia por las secuelas de las torturas que aún la mantienen fuera de su labor de defensa de derechos humanos, ella brindó una declaración anticipada en noviembre del año 2017 , allí llegaron todos los oficiales y sus abogados. La Jueza no permitió la presencia de defensores de derechos humanos. Morales estuvo bajo asedio de los policías y sus defensores, solo con la presencia del Ministerio Público que no hizo mucho para evitar las irregularidades.

Oficiales con mucho poder en la Policía Nacional

Los altos mandos que nunca fueron suspendidos de sus cargos como lo a nunció Omar Rivera de la Comisión Depuradora de la policía tienen cargos muy estratégicos, Juan Manuel Aguilar es el Asistente del Director de la Policía; Félix Adrián Colindres, es Jefe Regional Centro Sur Oriente, coordina ocho departamentos del país y Marlon Vásquez Palma es Comandante Departamental en El Paraíso.

Los imputados se abstuvieron de declarar en la Audiencia de Imputado cuando la jueza les preguntó si lo harían.

El Ministerio Público pidió en el requerimiento fiscal medidas distintas a la prisión, pero ya en la Sala de la Jueza solicitó detención judicial y suspensión de los oficiales en sus cargos por el peligro que implica que sigan en los mismos por la manipulación que pudieran darse de las evidencias, así como las amenazas contra víctimas, fiscales y abogados, según lo manifestó en su argumentación una de las fiscales presentes en el juicio.

Aunque el fiscal que leyó el requerimiento fiscal parecía muy nervioso ante la presencia de los imputados y sus defensores, por fin pidió la prisión para los responsables. Petición a la que se adhirieron los abogados defensores de las víctimas, Omar Menjivar, de la Coalición contra la Impunidad, en representación de María Tomasa Morales y Hedme Castro, acompañado de Darwin Gonzales, abogado de la ASOPODEHU, como parte de la defensa de la primera. Edy Tábora , Kenia Oliva y José Alejandro Mairena de CIPRODEH, apoderados legales de Carlos del Cid y Ariel Díaz.

El abogado Menjívar señaló ante la jueza que no puede ser tolerado el delito de tortura , siendo interrumpido por la jueza que expresó que eso no se podía argumentar en la audiencia de imputado sino en la inicial, el abogado le dijo que lo que pretendía era argumentar que no se podían dar medidas distintas a la detención judicial, “estoy argumentando sobre la detención judicial que serían de una pena mínima de 120 años, y que los cargos que desde los cargos que tienen pueden influir en los agentes subalternos que están encargados de la investigación y trastocar la misma”.

Los abogados de los policías rechazaron el requerimiento fiscal aduciendo que se iba a desfigurar la audiencia de imputado y que el Ministerio Público cambió el requerimiento fiscal que inicialmente estaba la petición de medidas distintas a la prisión. “Nuestros defendidos se han sometido al proceso en todo momento y por lo tanto tampoco hay peligro de fuga para que se les suspenda de sus cargos porque el Ministerio Público ya tiene todas las pruebas y no pueden manipularlas”.

Abogados defensores de policías amenazan con acciones penales

Edy Tábora, de C-LIBRE y uno de los abogados defensores, después de que la defensa de los policías presentó una tonelada de papeles para respaldar los arraigos, señaló que tantos documentos presentados solo evidenciaban que el estado hondureño ha gastado mucho dinero en capacitaciones ´para los imputados y en 30 años lo que han hecho es delinquir , “con toda esa documentación se acredita el nivel de poder que tienen en la institución que la han utilizado para delinquir , debe mandarse un mensaje que no deben seguir torturando a la ciudadanía que está detenida”.

Uno de los abogados defensores amenazó a Tábora con iniciarle acciones legales , “está diciendo presupuestos que no están probados”, esto a pesar que hay un video que evidencia cómo torturaron a los defensores y estudiantes.

Una decisión que promueve la impunidad

Después de dos horas, la jueza a cargo decidió que no emitiría una detención judicial , “si bien es cierto nos encontramos ante delitos considerados graves , esta juzgadora considera que los imputados han demostrado arraigo suficiente y han permanecido al alcance del órgano jurisdiccional y ante todas las citas del Ministerio Público. En esta audiencia se ha modificado la medida cautelar de distinta a la prisión por detención judicial, y en cuanto a la suspensión de los cargos no es oportuno pronunciarse en esta audiencia”.

Las medidas impuestas fueron que los oficiales quedaban a cargo de sus abogados defensores; presentarse todos los viernes a firmar el libro del juzgado, no salir del país, no acercarse ni comunicarse con las víctimas. La Audiencia Inicial fue fijada para el martes 13 de marzo a la 1:30 p.m.

Oficiales iniciaron sonrientes y terminaron igual

Los nervios que puede tener un imputado común y corriente, sin poder de mando no se observó en los policías imputados. Llegaron muy seguros que no irían a prisión, sus sonrisas en toda la audiencia evidenciaba que posiblemente pudieron ya tener un panorama seguro que les promovería la impunidad en sus acciones violatorias a los derechos humanos.

Las víctimas miraban expectantes el desenvolvimiento de la audiencia ante la mirada de sus torturadores y de los abogados que los defendían.

La Convención contra la Tortura y otros convenios internacionales de protección a los derechos humanos no se asomaron a la sala de la jueza, prevaleció la tolerancia a los abusos, aunque ya las víctimas habían adelantado que no creían que hubiera justicia por el grado de impunidad en el país.