Un campamento de resistencia para defender los bienes comunes, entre ellos las fuentes de agua se instaló en la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón, desde casi tres meses, pero el sábado 28 de este mes de octubre fue desalojado violentamente por mil 500 efectivos de varios cuerpos represivos estatales.

De acuerdo a un comunicado divulgado por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, “en reunión de ejecutivos de la empresa minera con jefes policiales, militares, representante de gobierno nacional y Municipal el día domingo 28 de octubre en horas de la noche, afirmaron que el proyecto minero debe continuar”.

Agregaron en el documento que como estrategia se definió que el alcalde municipal de Tocoa, Colón, “Adán Fúnez tendrá un perfil bajo pero dará el respaldo total al proyecto. Los jefes policiales y militares aseguran que garantizarán el funcionamiento del proyecto y que tienen el mapeo de las personas responsables. Mencionaron concretamente a Juan López y Juana Esquivel como responsables”.

Este es el texto del documento emitido:

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, ante los acontecimientos de los últimos días cristalizados el día de ayer lunes, expresamos lo siguiente;

Condenamos la actitud irresponsable, sorda y muda del gobierno central y Municipal que ha llevado al Municipio el luto y el dolor. A fuego y sangre nos están imponiendo en el Municipio un proyecto de desarrollo económico para los ricos y miseria para los pobres, y nos ponen en guerra a pobres contra pobres. Un civil o un soldado somos seres humanos con derecho a vivir. Somos los mismos pobres utilizados por el imperio empresarial minero para generar y cuidar la riqueza ajena. Exigimos que pare esta danza macabra, deben parar y cancelar todos los proyectos mineros que han convertido al Municipio en un lugar peligroso. Este sistema a la larga, nos dejara sin agua, con decenas de muertos, divididos y sin vida. 

Estamos sufriendo los impactos del extractivismo administrativo producido en el Congreso Nacional en 2013 plasmado en el decreto #252-2013. Sufrimos los impactos del extractivismo ejecutivo producido en INHGEOMIN, MIAMBIENTE, ICF y el Gobierno Municipal de Tocoa. Las decisiones tomadas por los altos jerarcas de las instituciones, impulsadas por la ambición y la corrupción, burlándose de las comunidades, tiene como resultados un escenario doloroso en el Municipio de Tocoa. La pérdida de tres vidas humanas, muchas personas heridas, amenazadas, vivienda incendiada, gente judicializada y alto riesgo de perder el agua, es el producto del crimen gubernamental. Con los seis proyectos mineros en Tocoa, están violando la resolución 64/292 de la ONU y el artículo 145 de la Constitucional Nacional para garantizar el derecho humano al agua y el saneamiento, de lo cual dependen los demás derechos humanos.  

El Comité Municipal no pertenece al crimen organizado como lo dice Inversiones los Pinares a través de sus empleados. Somos ciudadanos del Municipio, con residencia en comunidades, caseríos, aldeas, colonias, barrios, miembros de organizaciones sociales, iglesias, etc. que defendemos lo que necesitamos para vivir. El contexto de violencia y miedo lo ha creado el gobierno central junto a la empresa Minera Inversiones los Pinares ¿Acaso existía esta situación en las comunidades de la zona antes de la llegada de esta empresa minera? Encontró burócratas y dirigentes sensibles al soborno, se ha aprovechado de la pobreza de la gente y la docilidad del gobierno Municipal de Tocoa.

Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que la situación es muy peligrosa. En reunión de ejecutivos de la empresa minera con jefes policiales, militares, representante de gobierno nacional y Municipal el día domingo 28 de octubre en horas de la noche, afirmaron que el proyecto minero debe continuar. Que Adán Fúnez tendrá un perfil bajo pero dará el respaldo total al proyecto. Los jefes policial y militar aseguran que garantizaran el funcionamiento del proyecto y que tienen el mapeo de las personas responsables. Mencionaron concretamente a Juan López y Juana Esquivel como responsables. Lamentamos que el gobierno usurpador junto a la empresa minera señale a personas y organizaciones como responsables de lo que ellos han hecho mediante la corrupción y la trampa y el pueblo sufriendo las consecuencias.

Aclaramos que estas personas y la Fundación nunca han buscado controlar el proceso de lucha por el agua que es propio de las comunidades y organizaciones en general. Exigimos el cese a la campaña criminalizante y solicitamos a los organismos internacionales de derechos humanos que exijamos la cancelación de los proyectos mineros para que vuelva la paz. Que la verdad y la justicia resplandezcan en nuestro Municipio.

Tocoa, Colon, 30 de octubre 2018

Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos