Escobar Cruz había recibido muchas amenazas de muerte, la semana pasada fue al Mecanismo de Protección y debía salir del país de forma inmediata por la magnitud de lo que estaba viviendo. Había interpuesto también una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público.

Los atacantes le dejaron su rostro desfigurado, hasta este momento no hay nadie apresado por esta acción criminal. Su familia llora a su muerto y el temor de que lleguen a matarles a todos no les deja tener su duelo.

“Le habían aceptado la solicitud en el Mecanismo de Protección, una de las medidas era salir del país de forma urgente, pero el sistema al final fue muy lento y lo perdimos”, dijo entre sollozos Esdra Sosa, del área Legal de la organización LGTB Arcoiris, a la cual Jonathan Rafael aportó mucho. También apoyó a la APUVIMEH y Kukulcán, ambas también del mismo sector de la diversidad sexual.

Sosa relató que la Unidad Legal de Arcoiris le estaba acompañando por las amenazas, “había recibido amenazas y hace unos días hombres fuertemente armados llegaron en una camioneta sin placas hicieron un registro a la casa y amenazaron a todos, sus rostros estaban encapuchados”.

Se sospecha que los cuerpos represivos del Estado pudieran estar involucrados en este nuevo crimen con contra la comunidad LGTBI, y que en los últimos días está inmersa en la discusión de la Ley de Equidad e Igualdad, la que tiene fuertes obstáculos para aprobarse debido a la renuncia del clero de las iglesias Evangélica y católica, que tienen mucha influencia en en el Estado hondureño.

Esdra Sosa, quien es prima del defensor de derechos humanos asesinado,  avizora una nueva etapa represiva contra Arcoiris , “tememos que nos puedan hacer algo grave pues Donny Reyes y yo ya hemos sido amenazados y no hay investigación en curso. La madre de Jonathan también podría estar en grave riesgo. 

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, ha señalado que más del 90 por ciento de los crímenes contra el sector LGTBI están en la impunidad.

La oficina de las Naciones Unidas paras los Derechos Humanos en Honduras, exigió en mayo pasado al gobierno del presidente Juan Orlando Hernpandez, investigar los crímenes de odio contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), que sumaron 295 muertes desde 2008.

“La CIDH observa que en Honduras las personas LGBTI se enfrentan a actos de violencia y discriminación generalizada que normalmente permanecen en la impunidad. Al respecto, según información aportada por organismos de la sociedad civil, en los últimos 5 años, se reportan 177 asesinatos contra estas personas; incluyendo 21 en lo que va de este año y dos durante la visita de la CIDH. De estos asesinatos, se han abierto 65 investigaciones, sin que en ninguna de ellas se haya emitido una condena”, señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en su visita in loco a finales de julio y principios de agosto de este año..

Agregó que la CIDH considera que la violencia contra las personas LGBTI en Honduras ocurre de manera generalizada en una clara violación a los derechos humanos. Estos casos quedan impunes, generando la impresión generalizada de que la violencia y la discriminación son aceptables. La Comisión recuerda al Estado de Honduras que el derecho a la integridad personal y el acceso a la justicia son principios fundantes de los derechos humanos, revistiendo de especial importancia en relación con las personas LGBTI, dijo este organismo interamericano de justicia.