La casación es el último recurso que pueden utilizar los hondureños para rebatir los fallos de la justicia hondureña.

Se trata de los universitarios Sergio Luis Ulloa, Cesario Alejandro Padilla y Moisés David Ceceres, todos miembros del Movimiento Estudiantil Universitario,(MEU), en su momento, condenados a tres años de prisión, luego que el Ministerio Público los acusara de usurpación por la toma de las instalaciones de la UNAH, a inicios del mes de julio del 2015, donde demandaban respeto a los derechos a la protesta y a la educación pública.

La abogada Karla Alegría, actual apoderada de uno de los afectados, en representación de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, explicó que a casi dos años de haberse dictado la sentencia condenatoria la Sala Cuarta, del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, no ha transcrito el acta correspondiente, la cual solo se mantiene en audio, y que por ese motivo en la Corte Suprema de Justicia no les permiten interponer el Recurso de Casación.

Sostuvo que es una acción atípica el Tribunal de Sentencias que violenta el debido proceso a que tiene derecho los estudiantes.

La Sala Cuarta, del Tribunal de Sentencias, la integran, los jueces, Enilda Geraldina Mejía, Indiana Castellanos y José Roberto Mejía, quienes los fueron encargados de condenar a los estudiantes, el 07 de agosto del 2017, según consta en el acta de individualización de la pena, inserta en el folio 410 del expediente.

Un juicio "ágil" y diferente a otros

El juicio contra los tres estudiantes inició el 15 de julio 2015 inmediatamente después de que el Ministerio Público presentara el requerimiento fiscal. Dos días después, el 17 de julio, un juez de lo penal les tomó las respectivas declaraciones de imputado y el 05 de agosto de ese mismo año se desarrolló la audiencia inicial, dictándoles auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas de la prisión, sin que surtiera efecto un Recurso de Apelación interpuesto por la defensa.

La audiencia preliminar se desarrolló el 31 de marzo del 2016 y el 04 de mayo de ese año el Tribunal de Sentencias emitió el auto de apertura de juicio oral y público, mismo que se desarrolló el 24 y 27 de mayo del 2017. Allí los declararon culpables y el 07 de agosto de dicho añoles individualizaron la pena.

Desde el inicio se ha entorpecido el proceso

Uno de los afectados es el periodista Cesario Alejandro Padilla, quien en el 2015 era estudiante de la carrera del periodismo y ya ejercía sus labores en el ramo, acompañando de cerca la lucha estudiantil. En muchas ocasiones Cesario fue reprimido por miembros de la policía y del ejército, quienes violando la autonomía universitaria, con el consentimiento de las autoridades, ingresaban a la universidad para agredir a los estudiantes.

Sobre el problema que se les presenta en la Corte Suprema de Justicia, pasosdeanimalgrande.com habló con Padilla , quien contundentemente dijo que no es la primera vez que se les obstruye el acceso a la justicia y esa actitud de los jueces no obedece más que otra de las acciones de persecución emprendidas por las autoridades en contra del estudiantado. “Es para intimidar a la población estudiantil”.

A renglón seguido indicó que la falta de acceso a la justicia les viene afectando desde julio del 2015 cuando inició el proceso penal. Y que tanto él como Sergio Ulloa y Moisés Cáceres, involucrados en ese juicio, ya venían siendo víctimas de persecución desde el 2014.

Aunque es consciente de la escalada del gobierno en contra de los movimientos sociales, Cesario no se explica por qué la justicia “putrefacta” hondureña no les permite hacer uso del último recurso legal.

Aseveró que la situación forma parte de una política de Estado encaminada a golpear a los movimientos sociales y que en los últimos días la intimidación trasciende de la criminalización y alcanza hasta la muerte.

Añadió que últimamente han asesinado estudiantes universitarios y de secundaria que son los próximos en llegar a la UNAH, los crímenes alcanzaron a padres de los estudiantes e incluso dentro de la universidad golpean y asaltan estudiantes y violan a las muchachas.

Sumado a eso a los estudiantes que son criminalizados los acusan de delitos que tienen penas mayores a los seis años para asegurarse que estarán la cárcel.

“Se fue Julieta, pero quedó Francisco Herrera quien también criminalizó protestas en San Pedro Sula”, indicó Padilla, no descartando que la actuación de la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencias tenga que ver con presiones de fuera para impedirles el acceso a la justicia.

Padilla lamentó que en los tribunales de justicia teniendo casos donde podrían causar mayor notoriedad, como el Arca Abierta, El Pacto de Impunidad y Pandora, se ensañen contra los estudiantes y otros líderes del movimiento social.

“En mayo cumplimos dos años de la sentencia y ni siquiera hemos sido notificados”, puntualizó Padilla.