La denuncia fue formulada en conferencia de prensa, realizada este jueves 07 de febrero, por la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan,(COPA)¸ la Fundación San Alonso Rodríguez y varios vecinos de Guapinol, organizados en el Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes.

Estas personas llegaron hasta las instalaciones del Ministerio Público en Tegucigalpa, señalando que la empresa minera, Inversiones Los Pinares, provoca daños ambientales en los ríos, Tocoa, Guapinol y San Pedro, que abastecen de agua potable al 70% de la población del municipio de Tocoa, donde hay un aproximado de de105 mil habitantes.

Indudablemente los daños son enormes. Y esa situación mantiene a toda una la población en pie de lucha, para evitar la instalación de este proyecto minero, que según matricula 0805 del Registro Mercantil de San Pedro Sula, al inicio fue ingresado como Emco Mining, S, A.

La empresa es propiedad de Lenir Alexander Pérez Solís y Ana Isabel Facussé Madrid, hija del fallecido terrateniente, Miguel Facusse, quien entre el 2011 y 2013 mantuvo una fuerte cacería humana, contra los grupos campesinos que luchan por la recuperación de la tierra en el Bajo Aguan, zona muy cercana de Guapinol, donde trata de instalarse la empresa, Los Pinares.

Cabe decir que desde el 2011, en el periodo de gobierno de Porfirio Lobo, la zona de Colón se mantiene militarizada, con el pretexto de darle seguridad a la población. Sin embargo, la muerte de líderes sociales y de campesinos sigue a la orden del día, como ocurrió el pasado 04 de febrero con el acribillamiento de que fueron objeto, Gerson Leiva y Lucas Bonilla, en la comunidad de La Ceibita.

Vecinos de Guapinol aseguran que Leiva era el presidente de un Comité de Vigilancia, formado por un grupo de personas armadas que operan en esta zona, pese a que desde el 2014 en ese departamento es prohibida la portación de armas, según un decreto aprobado por el Congreso Nacional.

De acuerdo con los vecinos, Gerson Leiva también era empleado de Inversiones Pinares.  

Nos quieren criminalizar

La defensora de derechos humanos y coordinadora de COPA, Esly Banegas,asegura que la lucha que mantienen para evitar la destrucción de los recursos naturales, por parte de la empresa, ha provocado represalias en contra de las organizaciones sociales y populares a las que tratan de incriminar por el asesinato de Gerson Leiva.

“Hay una campaña de desprestigio, calumnia, criminalización y amenazas levantada contra el Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes”, sostuvo Banegas, quien además remarcó que la parroquia San isidro Labrador, la Fundación San Alonso Rodríguez y COPA, tienen décadas de existir en el municipio con mucho prestigio y reconocimiento por su trabajo y no por generar violencia.

Banegas hizo un llamado para que el Ministerio Público le ponga atención a la intención que tiene la empresa de inculpar de un crimen a los defensores del ambiente y defensores de los derechos humanos para no resolver un conflicto que afecta a toda una población.

Esly Banegas es beneficiaria desde el 2014 de las medidas cautelares otorgadas la Comisión Interamericana de los Derechos humanos, (CIDH), por lo que les exigió a las autoridades investigar quiénes están detrás de las páginas en redes sociales que buscan incriminar a los líderes de las organizaciones y a los dirigentes comunales.

Mencionó que desde una página de Facebook, denominada,”El Tocoeño del Alma” y otras, tratan de criminalizar a varios líderes de organizaciones y de las comunidades de Guapinol, San Pedro y Abisinia.

Esly lamentó que el Mecanismo y la Fiscalía de Protección para los defensores y periodistas no le den la importancia adecuada a este caso, donde ya se ha registrado como antecedente, la muerte de seis personas, entre ellos dos militares.

Dieciocho desplazados

Para Gabriela Sorto, vecina de Guapinol, la situación se torna difícil por las amenazas de muerte y demás violaciones a los derechos humanos que allí se registran desde la llegada de la empresa minera.

“Nuestra lucha es pacífica y siempre será pacífica, pero la comunidad está siendo criminalizada”, indicó Gabriela.

Sostuvo que como producto de la criminalización y las amenazas de muerte que están recibiendo ya se registra el desplazamiento forzado de 18 miembros de la comunidad de Guapinol.

Este es el comunicado emitido por el Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes: