Medina pertenece a la organización Derechos Humanos Sin Fronteras Honduras y Cruz Cerrato a la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, en Honduras y en otras ocasiones también han sido objeto de amenazas y hostigamiento como mujeres defensoras, sin que hasta la fecha el Estado de Honduras haya tomado cartas en el asunto, a pesar de que son hechos públicos.

La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, IM-Defensoras, emitió una alerta urgente dado la gravedad de los hechos, condenando los mismos por constituir “una grave vulneración del derecho a defender derechos”.

El relato de una agresión

Elizabeth Medina relató que cuando estaba verificando la situación de derechos humanos este 17 de septiembre de 2019, en momentos en que los policías reprimían a centenares de personas que se plantaron en la calle en protesta porque en el Parque Nacional La Tigra se ha autorizado la construcción de viviendas de lujo, un hotel de montaña y otras obras, los agentes le lanzaron bombas lacrimógenas a sus pies y le gritaron “Falsos defensores de vagos y delincuentes”,

Medina denunció que después la empezaron apedrear mientras le cuestionaban que estaba grabando, cuando un compañero de la misma organización acudió ayudarle le apuntaron con el arma.

Mientras ese mismo día la defensora Katherin Cruz Cerrato fue detenida por la policía con su conductor Ever Trinidad que fue bajado del vehículo y le policías le solicitaron los documentos personales y del auto.

Los uniformados les acusaban de haber visto el auto obstaculizando una calle ayudando en la toma de carretera a la vez que emitieron comentarios respecto al logo de la organización en el chaleco que portaba.

Reiteradas acciones violentas contra defensores y defensoras

Estas agresiones también fueron reportadas el 10 de septiembre de este año cuando defensores monitoreaban la situación en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde un estudiante fue herido con una piedra en la cabeza.

Jorge Godoy, defensor de la organización Derechos Humanos Sin Limites Honduras, (DHSLH), estaba documentando el momento donde la policía agredía física y verbalmente a los estudiantes que se manifestaban cuando él y sus compañeros fueron atacados por una lluvia de piedras.

Francisco López, defensor de Derechos Humanos Sin Fronteras recibió una pedrada directamente en su abdomen porque él estaba cerca tomando fotos de policías que utilizaban “hondas”, cuando le empezaron apuntar e intimidarlo con las mismas.

López detalló haberle dicho al oficial “me ha estropeado, como usted está realizando su trabajo yo también” , sin embargo no pudo identificarlos porque andaban cubiertos, pero subrayó que uno de los policías ya lo tiene enfocado en su trabajo en defensa de los derechos humanos.

Durante la movilización del 15 de septiembre recién pasado, el equipo de defensores de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, (ASOPODEHU), se encontraba monitoreando las postas en busca de posibles detenidos en la represión cuando un grupo de policías preventivos les confrontaron ¿Por qué a los manifestantes sí los apoyaban y a ellos que tenían compañeros heridos no?

El Estado de Honduras tiene la obligación de proteger la labor de defensa de derechos humanos lo cual ya está estipulado en la Ley de Protección a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, pero cada vez que hay protestas sociales la represión contra quienes ejercen su derechos a defender derechos fundamentales ciudadanos y ciudadanas que hacen uso del derecho a la protesta, sufren ataques y vejámenes por las fuerzas del orden.

La ASOPODEHU interpuso una denuncia ante el Ministerio Público debido a que en el 2018 un defensor y dos defensoras de la organización fueron rodeados por la policía y les procedieron a revisar sus objetos personas, además de insultarles. Hasta le fecha la denuncia no ha avanzado.

Una cheque en blanco para atacar defensores

El 08 de septiembre de 2017 dos defensoras y dos defensores fueron torturados y llevados detenidos por órdenes de altos jefes policiales, acusados de encubrimiento y atentado, aún su proceso está en curso a pesar que en primera instancia había sobreseído pero se reabrió a través de una apelación del Ministerio Público.

En cambio una denuncia de la Mesa de Derechos Humanos obligó al Ministerio Público a emitir requerimientos fiscales para los oficiales de la Policía Nacional Preventiva Félix Adrián Colindres, Juan Manuel Aguilar y Marlon Vásquez Palma, responsables de torturas, detención ilegal, lesiones y abuso de autoridad, pero no tuvo el mismo resultado, los jefes policiales fueron favorecidos con un sobreseimiento definitivo, en una audiencia inicial en junio de 2018, en un juicio plagado de estigmatización de la labor de defensa de los derechos humanos.

Este mal antecedente empoderó a policías en todas las escalar para incrementar sus acciones represivas. En algunos momentos han recordado que “a ustedes les pasará como aquellos que los capturamos en la universidad si siguen defendiendo delincuentes”.

Los oficiales Colindres y Palma eran los que comandaban el operativo para desalojar a los defensores de La Tigra, este pasado 17 de septiembre, en la Aldea El Hatillo, a unos minutos de Tegucigalpa, donde los pobladores y pobladoras exigían al alcalde de la capital un cabildo abierto. Al filo de las 11 de la mañana fueron desalojados.

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