El Comité por la Diversidad Sexual le exigen al Estado hondureño se les respete sus derechos y promueva investigaciones eficaces en contra de los crímenes de odio hacia las personas de la comunidad.

Este sector contantemente es estigmatizado y discriminado por el Estado y la sociedad hondureña. Los crímenes de odio de acuerdo a las estadísticas de la Red Lésbica Cattrachas desde el año 2009 a octubre del 2019, contabilizan 337 asesinatos, 39 casos de éstos corresponden a mujeres lesbianas, 190 homosexuales, 107 casos de trans. En junio de este año fueron asesinadas tres personas trans, una bisexual , y se encuentra una persona desaparecida que se desconoce su identidad.

Honduras es uno de los países con altas tasas de criminalidad a nivel mundial. Esta comunidad antes mencionada es objeto de agresiones físicas, psicológicas, sexuales y en muchos casos de crímenes.

No obstante, un caso reciente es el de la defensora Vega Balenciaga, quien se dedica a desarrollar proyectos de educación para las mujeres trans en la ciudad de San Pedro Sula, razón por la que fue agredida. Ella relata que se encontraba realizando su trabajo rutinario entregando preservativos a sus compañeras en las calles de la ciudad del norte del país, cuando sucedió el hecho.

Al consultársele por pasosdeanimalgrande.com sobre ese hecho contra su vida dijo que “siempre han existido agresiones , insultos y amenazas con pistolas en la cabeza. He sido abusada sexualmente en la calle, una vez fui secuestrada por tres horas por un tipo”.

Al momento de este nuevo ataque Alejandra se encontraba sentada descansando después de haber terminado su jornada de entrega de profilácticos cuando recibió el primer golpe en la cabeza, posteriormente el agresor la insultó por darle condones a las chicas trans.

El sujeto que la agredió en medio de los golpes y los gritos le dijo que él ya lo había hecho anteriormente y matar a una persona como a ella era como asesinar a un perro, que de esa no se salvaría. Este tipo de agresiones son frecuentes contra las mujeres que se dedican a la labor sexual en las calles.

Aunque son abundantes estos ataques no hay investigaciones por parte de los entes de justicia que no dan respuesta, quedando la mayoría de los casos en impunidad. La comunidad LGTBI actualmente en el país no tiene acceso a la justicia, ni a los derechos básicos para vivir con dignidad.

Victoria Hernández expresó que “ la realidad que vivimos las mujeres trans de Honduras es muy visible, pues se puede ver tanta mujer trans en las calles realizando trabajo sexual por falta de oportunidades laborales y es que no se nos permite ni siquiera estudiar libremente ¿cómo la sociedad hondureña pretende que avancemos como población? si nos niegan el derecho a la salud, a una familia , sí por ser trans y no compartir con nosotras nuestra forma de pensar o de ser, nos están matando, nadie hace nada, la justicia es para la gente con dinero, pero para nosotras solo hay violencia” .

Honduras hace caso omiso a las recomendaciones internacionales 

Denunció que el Estado de Honduras no garantiza la seguridad de las mujeres trans, como es el caso de Alejandra.

También señaló que Honduras hace caso omiso con las recomendaciones de entes internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH,

“nos exponen aún más al peligro, ni siquiera podemos optar a cargos políticos porque nos empiezan a discriminar por no tener una identidad de género, un nombre con el que nos sintamos identificadas y no seamos burla del Estado hondureño” .

Se suma a ello que en el Ministerio Público no reciben los casos de mujeres trans, hombres trans, mujeres lesbianas, chicos gay, porque no está tipificado todavía legalmente.

Las organizaciones LTGTBI han denunciado que uno de los principales problemas es que no cuentan con una ley de identidad de género, la cual está engavetada por la presión de las iglesias.

El 30 de julio de este año Donny Reyes de la Asociación Arcoiris y Alex Sorto de la organización SOMOS interpusieron un Recurso de Inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra los decretos 176-2004 y 35-2013 que prohíben el matrimonio, unión de hecho y derechos sociales patrimoniales consecuentes a personas del mismo sexo, lo cual según los peticionarios violenta la Constitución de la República y tratados y convenios internacional de protección a los derechos humanos.

La Sala de lo Constitucional admitió dicho recurso lo cual ha desatado una campaña mediática de diversos medios de comunicación, de las iglesias evangélicas aglutinadas en la Confraternidad Evangélica y también el presidente de la República se ha pronunciado en contra lanzando epítetos homofóbicos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha resaltado que la discriminación que afecta a las personas LGBT en las sociedades de la región las inserta en un ciclo de exclusión que tiende a culminar en la pobreza por falta de acceso a servicios, oportunidades y prestaciones sociales. Así para que las personas tengan acceso y control de recursos económicos, la CIDH insta a los Estados a adoptar medidas integrales para abordar de manera efectiva la discriminación y la violencia que enfrentan las personas LGBTI que viven en la pobreza, y a continuar dedicando esfuerzos y recursos para erradicar la pobreza.

La CIDH  instó a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, (OEA), adoptar medidas urgentes y eficaces para garantizar la vida, la seguridad, la integridad personal y la dignidad de las personas lesbianas, gay, bisexuales y transexuales (LGBT), en un comunicado de prensa difundido este 14 de marzo de 2019.