La defensa de los bienes comunes en el municipio de Toco, Colón, ha llevado a una lucha constante de las comunidades en contra de la empresa minera Inversiones Los Pinares, misma que está implementando un proyecto extractivo en Guapinol, pese a la decisión de la población de declarar el sector libre de minería.

La resistencia de la población ha dejado criminalizaciones y asesinatos, entre estos el de Roberto Antonio Argueta Tejada y José Mario Rivera, en agosto de 2019, quienes participaban de forma activa por la defensa de los bienes comunes y naturales.

Según una publicación en el portal de la Organización Business & Human Rights Resource Centre, los asesinatos de Argueta y Rivera ocurrieron dos días después de la visita del Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas, ONU, sobre Empresas y Derechos Humanos.

En la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el 03 de agosto de 2018, dio sus observaciones en cuanto a la situación de las y los defensores, en las que se pronunció sobre “el sometimiento de personas defensoras a largos procesos penales, en los que además se imponen medidas sustitutivas, tiene un efecto multiplicador de amedrentamiento que se extiende a quienes defienden causas similares”.

Asimismo, la CIDH, reiteró que el Estado debe de adoptar las medidas correspondientes para evitar que las personas defensoras sean sometidos a juicios injusto o infundados.

Cabe mencionar que en el caso de los defensores privados de libertad por la defensa del Río Guapinol, siete de ocho personas se encuentran a la espera de la resolución del Recurso de Apelación que se presentó en diciembre del año anterior , parte del cuerpo legal que lleva el caso. La abogada Kenia Oliva, del Comité por la Libre Expresión , C-Libre, explicó que “este recurso es producto de haber negado la medida cautelar distinta de la prisión preventiva” .

Oliva declaró que la Corte de Apelaciones hasta el momento no ha resuelto[H2] la solicitud, sin embargo, no tienen mucha esperanza en la corte porque ya conocen cómo reaccionan las instituciones estatales cuando se trata de casos del movimiento social. También dijo que se está analizando realizar una nueva petición de medidas ya ofreciendo una fianza por ser un derecho constitucional.

No obstante la jueza del caso Lizeth Vallecillo, está denunciada ante la oficina de Supervisión Nacional del Poder Judicial, por [H3]faltar a los deberes de funcionarios y abuso de autoridad. La acusación se debe al aplazamiento de la última audiencia, señaló la apoderada del caso.

Por no estar presente el Ministerio Público, la entrevistada dijo que dentro de la normativa judicial ya se contempla que si el MP no se presenta estando notificado previamente, igual se tiene que efectuar la audiencia con las partes que lleguen.

La togada se refirió también al temas de si existe una licencia ambiental para operaciones mineras en Guapinol o no, y dijo que en una visita a la institución encargada de otorgar el permiso de operación, se le comunicó que existe una solicitud de la empresa minera Los Pinares, pero hasta el día 24 de enero de este años los técnicos de la institución ambiental, andaban haciendo la inspección de campo, para aprobar la renovación de la licencia o no, pese a que la comunidad tomó la decisión de declararse libre de minería.