El ex general de las Fuerzas Armadas de Honduras, Finlánder Armijo Uclés, ha atemorizado a los indígenas durante años, también los despojó de sus propiedades que poseían con título ancestral, acuerpado por políticos, funcionarios y fuerzas militares que le han apañado los delitos, denunció Dilver Córdova de la Tribu de San Francisco de Locomapa, en Yoro a pasosdeanimalghrande.com.

Córdova relató que el militar tiene alhambrado el 50 por ciento del territorio y está apoyado por “ladinos armados”, a los que les alquila tierras. Además tiene guardias de seguridad para evitar que la gente de la comunidad se acerque a los predios que por derecho les pertenece.

El indígena expresó que los terrenos son ancestrales de la tribu y pertenecían a su padre Santos Antonio Córdoba quien murió en 2017, pero el Instituto Nacional Agrario, (INA), otorgó un título supletorio sobre el ancestral al militar Armijo Uclés para despojar a la familia y a otras personas de la comunidad.

Desde 1986 el uniformado llegó como general para acaparar los terrenos de la Tribu y a pesar que los indígenas pusieron resistencia, el militar hizo uso del poder, la fuerza de las armas, de las relaciones diplomáticas con que cuenta, para adueñarse de más de 30 manzanas de territorio que originalmente es conocido como “El zompopero”.

Tras 34 años la Tribu San Francisco de Locomapa no ha podido resolver el caso, a pesar que han interpuesto múltiples denuncias en el Ministerio Público del departamento de Yoro, pero al final fue la familia quien debió salir hacia otra ciudad para proteger sus vidas.

Procesos penales e injusticia contra los indígenas

Los principales problemas que afectan a la comunidad son la explotación de los bosques con tala de árboles, despojo de territorio por nuevo título otorgado por el INA y asesinatos como el de los Matute padre e hijo.

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, (MADJ), ha sido la organización que ha permanecido en el territorio con los pobladores fortaleciendo un proceso de lucha para obtener justicia.

En junio del 2014, el ex general expulsó a 11 miembros de la tribu mediante la intimidación y uso de armas de fuego.

El 09 de junio del año 2015 llegó a la casa de habitación del indígena Tolupán Santos Antonio Córdova y María Idalia Soto, en la comunidad de El Terrero, Locomapa, Yoro, parando las actividades de trabajo y destruyendo las pertenencias de la familia, desapareció material de construcción y destruyó cultivos de plátanos y café, aduciendo que eran su propiedad.

Armijo Uclès violentó psicológicamente a tres niños y un joven, hijos de Antonio Córdova, quienes se encontraban solos en la casa de habitación,  recibiendo la amenaza que el día 10 de Junio  llegaría a destruir completamente la casa porque era su propiedad.  Ante lo cual, los hijos de Córdova se vieron obligados a salir  corriendo temerosos,  a avisar de lo sucedido a la comunidad, ya que el ex general Armijo Uclès llegó con pistola en mano y guardaespaldas a realizar persecución a la familia indígena, denunció el MADJ. 

Por ese hecho Armijo Uclés fue judicializado por los delitos de amenazas y daños ante los tribunales finalmente y el 10 de enero de 2019, donde se llevó a cabo la audiencia de individualización de la pena y más tarde se dio la lectura de la sentencia, en el departamento de Yoro, a pesar de ello el 21 de mayo del 2019, denunciaron ataques con armas de grueso calibre protagonizadas por el militar en la comunidad.

Según Dilver Córdova, Filánder Armijo Uclés tenía dos guardasespaldas, a Rene y Melkin Córdova, los supuestos asesinos de Salomón Matute e hijo, indígenas de la comunidad, quienes están en la tribu avalados por el Consejo Directivo que prácticamente otorga la tenencia y el despojo del bosque además de la enajenación de la tierra donde el gobierno los utiliza para cometer abusos contra los indígenas.

La CIDH emitió medidas cautelares a favor de 18 miembros de la tribu de Locomapa y éstas fueron transferidas al Mecanismo Nacional de Protección, pero ha habido serios inconvenientes en la implementación de las mismas y el estado no ha sido capaz de proteger a los beneficiaros de forma idónea.

Medida Cautelar otorgada por la CIDH para que el Estado proteja a los indígenas tolupanes, leála aquí.