Frente a estas circunstancias el 24 de febrero de este año, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH, solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en beneficio de la abogada Glenda Ayala, Comisionada del Comité Nacional de Prevención de la Tortura. Como también a varios privados de libertad de distintos recintos carcelarios. 

El documento público detalla que también se incluye en la solicitud a mil 562 personas guardando prisión en el Centro Penitenciario de Ilama, Santa Bárbara, mil 463 privados de libertad de la cárcel de Morocelí, del departamento de El Paraíso,  mil 556 personas del recinto del Porvenir, en Francisco Morazán. 

Asimismo, 849 mujeres en la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social, PNFAS, del departamento de Francisco Morazán, 6 mil 896 privados de libertad la Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán, 420 prisioneros en el Centro Penal de Tela, en Atlántida y 567 privados en el Centro Penal de El Progreso, Yoro. 

También a 83 niños en conflicto con la ley del Centro Pedagógico Renaciendo de Támara, Francisco Morazán y 77 del Centro Pedagógico extensión Renaciendo, en Tegucigalpa. 

Cabe mencionar que CIPRODEH ha argumentado que hasta la fecha se registraron al menos 47 personas privadas de la libertad que han perdido la vida bajo la custodia del Estado de Honduras. 

Sobre esta situación la CIDH  emitió un informe especial sobre la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en el país, el cual señala que el 14 de febrero de 2012 se produjo en la Penitenciaría de Nacional de Comayagua, un incendio en el cual murieron 362 personas, mismo incidente destruyó la mayoría del recinto carcelario  de ese establecimiento penal. 

No obstante, según el informe hay graves violaciones a derechos humanos contra niños y niñas infractoras, éstas van desde tortura, explotación sexual comercial y desaparición forzada. 

Ante esta situación, actualmente la Mesa ha reiterado que la violencia en estos centros continúa y el “Estado hondureño no ha adoptado medidas adecuadas para asegurar los derechos humanos de la población penitenciaria”.

 CIPRODEH señaló que los puntos de partida de las acciones del Estado deben respetar la integridad y dignidad de la persona, y la confianza en el juicio médico, siendo su obligación  la confidencialidad.

Ante la crisis actual de salud en los centros penitenciarios, en el informe se recomienda informar sobre el virus a las personas internas en los distintos recintos carcelarios , como también al personal, sobre los riesgos reales de infección y cómo evitar el contagio del COVID-19.

Además, se le recuerda a las autoridades nacionales tomar medidas para reducir los riesgos, facilitando a las personas en las cárceles mascarillas, gel antibacterial y otros insumos, así como satisfacer el derecho al agua.