Blanca Celia Barahona, presidenta de la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras, (CIARH), denunció que se mandó a cuarentena a personas que hasta mayo recibieron un primer subsidió económico, por ello el 12 de ese mes se declaró calamidad doméstica en el sector discapacitado.

La presidenta de CIARH señaló que para ayudar este sector se necesita brindar un presupuesto para ellas, el cual no fue entregado ni en tiempo ni forma en la solicitad, faltan los subsidios de mayo y abril; se había asignado más de 26 millones al sector discapacidad en términos de ayudas alimentarias y de dos entregas que han tenido las organizaciones no llegan ni a tres millones. 

Se ha solicitado dos proyectos de emergencia que son adicionales para la atención en el marco del covid-19, que principalmente es para alimento y material de aseo.

Barahona agregó que la sordera que ha tenido el gobierno es lamentable con respecto a la vulnerabilidad de las personas, el acceso a la información es importante y desconocemos cuáles son las líneas o protocolos en las medidas al alivio que se va hacer para la inserción y también que sean por científicos técnicos especialistas en sanidad pública.

La falta de voluntad política para cumplir con las leyes como el decreto 160-2005 sobre la Ley de Equidad Y Desarrollo Integral Para Las Personas Con Discapacidad, que no cuenta ni con representantes a quien consultarles información, “vemos que las preocupaciones y recomendaciones de la convención para protección de este sector siguen siendo solo de nosotros”, comentó la presidenta de CIARH.

En relación a las preocupaciones de las Naciones Unidas en el informe del 2017 era que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, (SINAGER), debía de tener protocolos para la prevención de desastres como esta pandemia que ha impactado en las personas con discapacidad.

También describió que hay falencias en el presupuesto de los proyectos, el pago de los trimestres de los subsidios , a pesar han sido cancelados en su mayoría y en forma diferida, el segundo pago de abril lo recibieron en mayo, esta segmentación de las instituciones demuestra que tienen sus propios compromisos cuando el acuerdo dice que sea entregado de una sola vez, añadió Blanca Celia Barahona.

Especificó que entre las personas con discapacidad las más afectadas son las que tienen alguna necesidad física, que no pueden moverse y dependen de alguien o una silla de ruedas, ellas son vulnerables y en algunos casos sufren mucho dolor, necesitan un especialista que les haga las terapias físicas.

Agregó que están las personas con discapacidad intelectual cuya  terapia para ellas es la educación especial, las relaciones en las aulas con otros compañeros, pero al no tener eso la salud mental entra en deficiencia por estrés, ansiedad y quedan más desprotegidas.

La presidenta de CIARH concluyó que ningún gobierno ha tomado como prioridad el sector discapacitado para generar beneficios que les aporten una mejora en la salud, hay distintos tipos de vulnerabilidades y solo se ha engañado con promesas, por eso a las organizaciones no les ha quedado opción más que buscar las alternativas.

Kenisha Ávila, representante dela Asociación de Padres y Amigos de Niños, Niñas, jóvenes Especiales (APANGE), que presta sus servicios a personas con escasos recursos y que no son aceptadas en otras instituciones por su edad cronológica para seguir ayudando, durante la cuarentena han optado por actividades en que las familias participen desde el hogar sin que incurra en más gastos económicos.

Las tutorías dependen de la dificultad que tenga la persona, se elabora una estrategia para crear huertos, juegos de mesa, incluyendo la capacitación de los padres y familiares.

Algunas de las personas con discapacidad no tienen las mismas facilidades ni para lavarse las manos, menos para no tocar superficies o cosas, entonces los familiares tienen que estar muy pendientes, una de las deficiencias que han tenido para ayudar para que se resuelva es que no todas las familias tienen acceso a medios de comunicación para recibir las tutorías de ejercicios, por falta de acceso a internet, energía eléctrica, entonces muchas prefieren priorizar sus gastos en alimentos que en el pago del recibo.

A escaso seis meses para que finalice el año, no se ha cumplido con el subsidio a las organizaciones para que ayuden a las personas discapacitadas, por ello muchos se encuentran expuestas y en una situación de calamidad.

Naciones Unidas realizó un llamado a todos los gobiernos a no dejar que las personas con discapacidad que están más vulnerables se queden atrás por atender la emergencia del Covid-19, reiterándoles que para reducir las desigualdades es fundamental para reconstruir sociedades y economías que incluyan a todos y a todas.

Violación de derechos por parte del Estado de Honduras

El 30 de septiembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial la Gaceta el Decreto Número Decreto No. 160-2005 referente a la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, cuando el actual presidente de la República era uno de los secretarios del Congreso Nacional.

El artículo 1 de dicha Ley señala que a finalidad de este ordenamiento jurídico es garantizar plenamente a la persona con discapacidad el disfrute de sus derechos, promover y proveer con equidad su desarrollo integral dentro de la sociedad.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala en el Artículo 11 en lo referente a situaciones de riesgo y emergencias humanitarias que “Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales”.