En abril del 2019, otra audiencia fue suspendida y según el COPINH esto podría tratarse de una maniobra dilatoria para otorgar la libertad ya que la prisión preventiva vence el 02 de septiembre del 2020.

Vallecillo Banegas, juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, fue la que resolvió el escrito y reprograma la audiencia para el 21 de agosto, es la misma juez que el 01 de septiembre del 2019 envió a siete defensores de Guapinol a prisión preventiva.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Hondura, (COPINH), mediante un boletín de prensa asegura que el juicio no se ha iniciado debido a que están maniobrando para ocultar la relación de Castillo y la familia Atala Zablah .

David Castillo fue capturado un 02 de marzo del 2018 y se le dictó prisión preventiva, dentro de ese tiempo se ha dilatado el juicio en su contra y este 02 de septiembre del 2020, la acción penal podría prescribir después de dos años, de acuerdo al Código Penal en el artículo 59, inciso uno.

El Abogado Víctor Fernández, conocedor del caso y apoderado legal en la causa, explica cuál ha sido el actuar del sistema judicial en el caso.

Investigación del GAIPE estropeó planes de los responsables en el crimen

El Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas, (GAIPE), a solicitud de familiares y miembros del COPINH, realizaron en 2016 un análisis del caso y en 2017 publicaron los resultados de la misión, donde inicialmente el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en materia Penal, orientó la investigación a incriminar a personas cercanas a la víctimas y miembros del COPINH, presentando un panorama de crimen pasional lo cual se calificó como falta de debida diligencia.

Durante la investigación se vincularon a trabajadores de la empresa DESA que habían sido parte de las fuerzas armadas y especiales, como participes del crimen .

El GAIPE argumentó que sin perjuicio de valorar positivamente algunos avances investigativos y procesales, considera que la investigación penal ha sido insuficiente e incompleta, donde aún falta identificar la totalidad de responsables que participaron en el asesinato y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto.

Según lo observado en las audiencias y de la información que consta en el expediente judicial, surgen varias preocupaciones que podrían provocar que el proceso de búsqueda de verdad y justicia corra un elevado riesgo de tornarse infructuoso.

Además el GAIPE añade que en el nivel de responsabilidad que según la evidencia que a la fecha ha entregado el Ministerio Público, Berta Isabel Cáceres Flores, personas integrantes del COPINH y familiares, fueron sometidos a un sistema de control, vigilancia y seguimiento que incluía una red de informantes establecida por agentes de DESA en coordinación con miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

Esa red les permitió a agentes de DESA y del Estado llegar a tener información detallada no solamente de la vida pública, sino aspectos de la vida personal y familiar de Berta Cáceres y de personas miembras del COPINH, la cual ha sido empleada, incluso, luego del ataque efectuado el 02 de marzo del 2016.

Ese día el Ministerio Público anunció la captura de cuatro presuntos responsables del ataque, Edilson Duarte Meza (presunto ejecutor), Sergio Rodríguez (gerente ambiental de la empresa DESA), Mariano Díaz Chávez (instructor de la Policía Militar del Orden Público y miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército) y Douglas Geovanny Bustillo (teniente retirado de las Fuerzas Armadas de Honduras y quien fue subjefe de seguridad de DESA).

También fueron detenidos Emerson Eusebio Duarte Meza, hermano de uno de los capturados, el día 2 de mayo de 2016; Elvin Heriberto Rápalo Orellana (presunto ejecutor), el 8 de septiembre de 2016; Henrry Javier Hernández (presunto ejecutor y exsoldado del Quince Batallón), el 12 de enero de 2017 y Óscar Aroldo Velásquez (presunto ejecutor), el 8 de febrero de 2017.

Pero los autores intelectuales que tramaron el crimen aún permanecen sin ser tocados por el poder judicial, y según trascurren los procesos penales en Honduras, podrían lograr una libertad dejando el caso impune.

Esta es la resolución de la jueza para reprogramar la audiencia para el 21 de agosto de 2020