El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, publicó a través de las redes sociales que el sábado 17 de abril la Policía Nacional de La Esperanza, detuvo a Celso Hernández, quien está integrado a dicha organización, por transportar dos carretas con leña para su familia.

Hernández detalló a pasosdeanimalgrande.com que fue trasladado al Juzgado de Letras de La Esperanza, el 18 de abril y posteriormente le dieron la libertad provisional con medidas cautelares para ir a firmar un día a la semana,  mientras le señalan la fecha de la audiencia inicia. Él está acusado por el delito de extracción de recursos naturales.

Según el entrevistado, aunque tiene el acompañamiento del COPINH, el Estado le asignó un defensor público para su proceso. Pero desconoce por qué le imputan un delito, ya que la madera que recogió estaba seca , tirada en el suelo y en ningún momento corto un árbol.

Diariamente rastras cargadas de madera circulan por diferentes partes del país y no son requeridas ni los responsables sancionados a pesar que se saltan el ordenamiento jurídico y las disposiciones del Instituto de Conservación Forestal, ICF.

El COPINH señaló que Hernández es miembro del pueblo lenca y de la organización, sin embargo, a las autoridades de la policía, la fiscalía , los juzgados poco les importa el Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT y las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y el Mecanismo Nacional de Protección.

La OFRANEH por su lado denunció que el viernes 16 de abril en horas de la tarde,  un desconocido entró al negocio de la  defensora garífuna Mabel Robledo,  la amenazó diciéndole “si te seguís metiendo con los narcotraficantes te vamos a asesinar”, y seguidamente se retiró del lugar.

También a un amigo cercano a ella denunció que le aseguraron que si no quería morir se alejara de ella.

Según la OFRANEH esas amenazas suceden después de que el 26 de marzo denunciara y responsabilizara por cualquier daño que le ocurriera a Robledo, al abogado José Luis Rodríguez, al Fiscal del Medio Ambiente asignado al Ministerio Público en  la ciudad de La Ceiba,  a Oscar Zelaya, actual alcalde del municipio de Jutiapa y a Víctor Zelaya, por apropiación del territorio ancestral garífuna y la extracción de arena del Río Papaloteca.

En entrevista con pasosdeanimalgrande.com Mabel Robledo explicó que como defensora de la comunidad siempre está al  pie dela  lucha recibiendo las amenazas. Ella informó la situación ante el Mecanismo de Protección y solo le respondieron que hablaran con el enlace y de ahí no han tenido ninguna otra acción, “es que los defensores de derechos Humanos estamos expuestos a ser sacados de nuestras casas para luego ser ejecutados y el Estado mismo no hace absolutamente nada”, denunció.

La defensora ha sido constante en la denuncia contra exfuncionarios registradores de la propiedad de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, ante la Fiscalía Especial de Protección de Etnias y Patrimonio Cultural (FEP- ETNIAS), por haber inscrito 34 títulos por encima del documentos ancestral de la comunidad de Nueva Armenia.

También por haber denunciado la extracción del material sin un permiso de explotación en el Río Papaloteca, ante la Fiscalía del Medio Ambiente desconociendo que había una alianza entre los funcionarios y esto puso en peligro su vida, según explicó.

Finalmente las organizaciones antes mencionadas  exigieron al Estado el cese contra la criminalización y atender la situación de gravedad en la que se encuentra Mabel Robledo, por lo que hicieron un llamado a organismos nacionales e internacionales a estar atentos de la situación de riesgo de quienes defienden los territorios y derechos ancestrales.