Christopher Castillo, coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras, ARCAH, denunció que los ambientalistas en defensa del Río Choluteca están siendo objeto de vigilancia e intimidación, tras el proceso judicial por parte de la Empresa Avícola el Cortijo apoyados por el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras instituciones del Estado.

Aparte de Castillo el expediente judicial se abrió contra  Jeffry Suazo, Michael Aguilar, Patricia Godoy, Víctor Hernández, María Teresa Valladares, y Fernando Hernández.

En el momento de su captura mencionaron que un comisionado de la Policía Nacional de nombre Henry Amilcar Márquez Quintero,  habría movido sus influencias para que se los llevaran presos porque es el esposo de la hija del dueño de la compañía avícola.

El Coordinador de ARCAH destacó en una denuncia pública que el celular que le fue decomisado durante su detención 29 de marzo pasado, cuando realizaba una protesta pacifica junto a otros defensores y defensoras de dicha organización, en frente de las instalaciones de la empresa, fue manipulado y teme que se altere la información  para incriminarlo en acciones ilegales.

Castillo relató a pasosdeanimalgrande.com que fueron cuatro teléfonos móviles los que decomisaron de los siete ambientalistas. Se solicitó un peritaje con el objetivo de recolectar más pruebas para la audiencia inicial que se llevó a cabo el 13 de abril.Ese día el Ministerio Público pidió que se hiciera otro vaciado.

También agregó que él ha monitoreado las cuentas de redes sociales que tenía en el teléfono decomisado y se percató que  el Whatsaap había cambiado,   su fotografía de perfil y descripción ya no estaban, por eso informó al abogado quien le explicó  que era algo ilegal. Según él ninguno de los otros tres teléfonos fueron manipulados

La lucha de las comunidades aledañas a la empresa Avícola el Cortijo se mantiene desde el 2017. ARCAH se unió a la causa desde el 2019 denunciando que además de la contaminación odorífica por la planta procesadora de desechos,  también se está afectando el Río Choluteca.

Según el denunciante  desde la audiencia inicial el representante de la empresa, Jassio Zapata, ha dirigido acusaciones contra él y otros defensores, acusándolos de desplazamiento forzado por las actividades de protesta y plantones pacíficos que han realizado frente de las instalaciones de esa compañía.

Relató que los siete están vigilados por carros sin placas y vidrios polarizados  que circulan frente sus casas y vigilan todos sus movimientos.

El 28 de abril se hizo una denuncia pública de que el personal de la empresa había tomado fotografías del vehículo de un miembro de ARCAH, que estaba en una asamblea comunitaria, aseguró Castillo quien es beneficiario de medidas de protección por su lucha ambiental.

El coordinador de ARCAH detalló  que “estamos muy conscientes de que cada denuncia que ponemos eleva el riesgo de nuestra vida y ha sido un motivo de diálogo porque hemos visto un papel de intimidación que va más allá de la criminalización, en especial con las denuncias que se hacen en contra del Estado, no solamente es evidenciar el tema de la corrupción de la empresa sino de instituciones que otorgaron los permisos ambientales y firmaron los papeles de evaluación e impacto ambiental”.

Parte de las medidas cautelares que el tribunal impuso  a las siete  personas defensoras es que no se acerquen a las instalaciones de la empresa.

Sin embargo los ambientalistas han seguido realizando acciones ante la Fiscalía Especial del Medio Ambiente donde se apersonaron este 10 de mayo a pedir respuestas sobre la denuncia que hicieron hace más de un año en la cual solicitaron  un análisis de contaminación en el Río Choluteca. Dicha petición fue denegada por esa institución argumentando falta de competencia para tal efecto.

Finalmente Christopher Castillo recalcó que el proceso iniciado en contra de ellos no tiene fundamento porque las pruebas presentadas en la acusación del desplazamiento forzado y las actividades de protesta no tienen  asidero jurídico.

Esperan que en la audiencia preliminar se dicte sobreseimiento definitivo para no llegar a juicio oral y público y cese la arbitrariedad.