El sábado 18 de julio de este año a eso de las 5 y 30 de la mañana, hombres fuertemente armados con identificación de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, sacaron por la fuerza de sus casas a Milton Joel Martínez Álvarez ; Suami Aparicio Mejía García; Albert Sneider Santana Thomas, presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz y Gerardo Misael Tróchez. Desde esa fecha las autoridades no explican qué pasó con ellos, y el caso está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha demandado del Estado de Honduras una pronta investigación.

“El Estado de Honduras desatendiendo que estos hechos constituyen una grave violación de derechos humanos que habilitaría la acción pública, adujo que la inclusión de SUNLA en el proceso investigativo violaría los principios del derecho internacional público relativos a la soberanía y no intervención en los asuntos internos del Estado”, destacó la carta.

Pero las organizaciones firmantes argumentan que la incorporación a la investigación de SUNLA y de las personas extranjeras que pudieran integrar no pretende sustituir al Estado en sus atribuciones y obligaciones y tampoco violaría los principios indicados, pues lejos de constituir una forma de injerencia extranjera, supone una iniciativa nacida desde el pueblo garífuna, a través de la cual éste ejerce su autodeterminación como pueblo culturalmente diferenciado.

Caso Berta Cáceres y el enjuiciamiento de los responsables puede tener relación con la negativa 

La negación de la incorporación del SUNLA podría tener una relación directa con los resultados obtenidos por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas, (GAIPE), que se integró para investigar de forma imparcial el crimen debido a que desde las autoridades habían manifestado que se trataba de un crimen pasional, y en el juicio contra David Castillo, uno de los responsables del asesinato, se conformó la Misión de Observación Calificada.

Quizá los resultados de ambas instancias han hecho temblar al Estado porque se ha develado y se sigue publicando información como consecuencia del desarrollo del juicio oral y público contra Castillo, que desnuda una estructura criminal vinculada al crimen de Cáceres, donde intervinieron desde los gatilleros hasta agentes estatales civiles y militares, y funcionarios de la hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S.A, DESA. 

Lea la carta completa  donde más de 200 organizaciones exigen la incorporación del SUNLA en las investigaciones, en este link