El 26 de octubre de 2018 las personas defensoras antes mencionada,s quienes acompañaban una movilización para monitorear violaciones a los derechos humanos, la noche de ese día en las afueras del Mall Las Cascadas, de Tegucigalpa, después de una represión estaban verificando si habían personas heridas o golpeadas , cuando terminó  la movilización policías preventivos les dijeron que les harían un registro y los denunciantes les manifestaron que eran defensores de derechos humanos e incluso les mostraron carnets de sus organizaciones y los chalecos, y pertenecían a las organizaciones entre ellas de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU y la Acción Ecuménica por los Derechos Humanos, AEDH.

De acuerdo al relato ante el Ministerio Público, en la FEPRODDHH, las víctimas relataron que  los policías se negaron a reconocer su estatus de defensores y procedieron a hacer el registro, los pusieron contra la pared y argumentaron que ellos estaban tirando artefactos tipo morteros y los andaban en la mochila . Varios policías los rodearon haciendo un círculo para que nadie observara sus abusos y los empezaron a golpear y a empujar con sus escudos.

La resolución de fecha 14 de octubre de 2019 reza: “Por tanto la suscrita fiscal asignada a la FEPRODDHH …..RESUELVE: Ordenar el cierre de la denuncia y el archivo administrativo del expediente 1540913398-2018 en virtud de que la denuncia presentada por los señores Génesis Andino, Ligia Velásquez, Kevin Velásquez, César Fuentes y Ovidio Moncada, no es constitutivo de abuso de autoridad”.

En los considerandos de la resolución la FEPRODDHH señala “que los hechos narrados por la víctima no reúne  los requisitos del tipo penal de abuso de autoridad , ya que al solicitar un registro a su persona y demás compañeros no se tipifica como delito y sí como una facultad que poseen los miembros de la Policía Nacional…”

Ni siquiera esta fiscalía se preocupó por indagar la forma cómo los defensores estuvieron en grave peligro de su vida esa noche ya que los policías actuaban en total impunidad e incluso utilizaron la estrategia de formar un círculo alrededor de ellos, para evitar que alguien pudiera ver lo que estaban haciendo. Uno de los casos en que pusieron en práctica esta modalidad represiva fue en el caso de la periodista Dunia Montoya, el 01 de septiembre de 2015 cuando policías la golpearon salvajemente al grado de desprenderle la clavícula. En este caso el Ministerio Público se negó a incluir en el proceso penal la tortura y solo lo hizo por lesiones leves contra solo un policía de escala básica a pesar que éste actuaba bajo las órdenes de altos mandos en El Progreso, Yoro, en el marco de una manifestación de miles de personas en el sector que demandaban que se instalara la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras.

FEPRODDHH violentó Ley de Protección y convenios internacionales 

A pesar que es una Fiscalía de protección a defensores de derechos humanos que existe a la luz de la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, en ningún lado destacó la importante labor que realizan las personas defensores de los derechos fundamentales, a pesar que la ley antes mencionada ya señala en su artículo 1 en el capítulo uno del derecho a defender los derechos humanos, el Estado reconoce el derecho de toda persona individual o colectivamente a promover y procurar la promoción, protección y realización de los derechos humanos y libertades fundamentales”.

Con esta resolución de la  FEPRODDHH que no es el único caso sino que es una constante en la actuación de esta instancia, justifica la violencia por parte de los aparatos de seguridad del Estado contra las personas que defienden los derechos humanos y deja un claro mensaje de fomentar la impunidad de sus acciones y por lo tanto promueve la repetición de los hechos.

El 25 de junio de 2019 el presidente Juan Orlando Hernández justificó una represión de policías contra estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, donde salieron heridos cuatro jóvenes, y argumentó que “me han dicho que ven chalecos de algunas supuestas organizaciones de derechos humanos y lo que llevan en sus mochilas son bombas molotov y piedras”.

Desde el Estado de Honduras se promueve un discurso de odio y estigma contra las personas defensoras de derechos humanos, en un país considerado uno de los más violentos para ejercer esta labor.

Al revisar todo el expediente la FEPRODDHH ni siquiera cumplió con su labor investigativa, ni siquiera consta que llamó a policías o pidió a la cadena de mando el listado de los uniformados que ese día cometieron esos abusos, lo que implica que esta fiscalía cumple un rol deplorable y no tiene razón de ser su existencia porque promueve los ataques a quienes defienden los derechos humanos en Honduras.