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Caso 08 de septiembre: Mesa de DDHH espera enjuiciamiento para ex Director de la Policía Preventiva

Posted On Thursday, 05 April 2018 21:57 Written by Salvador Monroy
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Organismos de derechos humanos que acusaron a los comisionados Félix Colindres, Marlon Palma y Juan Manuel Aguilar por los delitos de tortura, violación a los derechos humanos y abuso de autoridad en contra de estudiantes y defensores de los derechos humanos, también acusarán al ex comisionado del la policía Félix Villanueva, quien estaba fungiendo en el cargo de Director de la Policía Preventiva.

El caso se suscitó el 08 de septiembre de 2017 en los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (UNAH), donde fueron torturados con gas pimienta dentro de un bus del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 8 estudiantes y 4 defensores de los derechos humanos y luego golpeados e insultados por parte de los acusados, continuará este viernes 06 de abril de 2018 en los Juzgados de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, en la continuación de la audiencia de presentación de pruebas periciales e inspección de expedientes.

Ex Director de la Policía al banquillo

La abogada Kenia Oliva de C-Libre, quien lleva el caso de los ofendidos Carlos Del Cid y Ariel Díaz, indicó que la Fiscalía de los Derechos Humanos llamará al ex comisionado Villanueva a declarar y no descarta se presente contra él, el requerimiento fiscal.

“Hemos denunciado al ex director de la Policía el Comisionado Félix Villanueva, porque según declaraciones del propio Comisionado de la Policía, Leonel Sauceda en la audiencia contra los policías imputados, fue él quien dio la orden días antes, inclusive de que existiera una audiencia de hacer una planeo operativo, para hacer acciones de inteligencia dentro de la Universidad”, indicó Oliva.

Oliva destacó que en la audiencia de presentación de pruebas periciales, se está “solicitando a la Fiscalía de los Derechos Humanos un requerimiento fiscal contra el ex comisionado de la policía, Félix Villanueva.

“Estamos aportando todas las pruebas, de hecho ya tenemos las pruebas en donde existe efectivamente ese plan de operaciones, esas actas de vigilancia y ahora falta que la fiscalía le dé el derecho de declarar en sede administrativa para que se presente un requerimiento fiscal”, afirmó.

A criterio de Oliva, debe existir una acción concreta de la Fiscalía de los Derechos Humanos en este caso y llamar a ex comisionado Villanueva porque “es una obligación de esta Fiscalía de Derechos Humanos, presentar ese requerimiento fiscal”, reafirmó.

Más pruebas

La entrevistada que es una de las apoderadas legales en el caso contra los estudiantes y defensores de los derechos humanos, señaló que han aportado las pruebas ante el Ministerio Público, luego de iniciada la audiencia, donde acreditan que “los policías no tenían una orden de captura contra las personas que estaban en el bus, mucho menos contra los defensores”.

Oliva dijo que para este viernes que continúa la audiencia, “ya hemos aportado las pruebas que son videos y los dictámenes médicos forenses. En el caso de Carlos Del Cid aportamos el dictamen que brindó el Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde dice que su incapacidad era mayor de 14 días, inclusive, esto es por el tipo de daño que ha sufrido, ya que perdió el 80 por ciento de su visibilidad en uno de sus ojos a raíz de los gases que recibió”.

La Mesa de Derechos Humanos interpuso la denuncia en noviembre del año pasado contra los cuatro comisionados de la Policía, por considerar que habían cometido los delitos de abuso de autoridad, detenciones ilegales, lesiones, violación a los deberes de los funcionarios y torturas contra los defensores de derechos humanos Ariel Dïaz, Hedme Castro, Carlos del Cid, Marís Tomasa Morales y ocho estudiantes de la UNAH.

Oliva señaló que “nuestro papel junto con las otras organizaciones que formamos parte de la Mesa, ha sido la de aportarle pruebas al Ministerio Público, del por qué hay actos de tortura y abuso de autoridad y durante el proceso judicial, hemos solicitado a la juez un auto de formal procesamiento”.

Manifestó que, “solicitamos la prisión preventiva, por el tipo de delitos que se está conociendo. Consideramos que por el tipo de delito y por la cantidad de años en el caso de que sean condenados, no ameritan una pena distinta a la prisión preventiva, sin embargo el Ministerio Público fue de la opinión de que tenían arraigo y que se les podían dar una medida diferente a la prisión preventiva y por eso en este momento ellos se están defendiendo en libertad”.

Papel de la juez

Para los organismos de derechos humanos que entablan la acusación, la juez ha dado bastante espacio en el juicio y privilegios a los miembros de la policía.

“Ellos gozan de privilegios como usar el teléfono dentro de la audiencia que eso es ilegal, permitirles entrar y salir, pero lo más grave, es que se ha dado una audiencia que se ha dividido en cuatro partes, llevamos casi un mes en audiencias, empezamos el 28 de febrero y ya vamos ahora a la audiencia del 6 de abril de la misma audiencia del 28 de febrero y posiblemente no terminemos esa misma audiencia. La juez ha estado dando dilatorias y nosotros entendemos que es una forma de favorecer a los miembros de la policía”, destacó.

Pruebas documentales

 Este viernes 06 de abril se presentarán las pruebas periciales que son los videos, los cuales muestran la captura de los defensores y defensoras de derechos humanos y el momento en que son torturados por la policpia.

La abogada Oliva relató que solicitaron una inspección al expediente de donde fueron detenidos los estudiantes y los defensores de los derechos humanos, porque en ese expediente se puede constatar que había una orden de desalojo y que iba dirigida a siete personas y ejecutada al momento de que los defensores ingresaron a la Universidad, donde el desalojo ordenado por la juez había sido ejecutado.

“Debo decir que ese desalojo ordenado por la juez, también lo denunciamos, porque es ilegal”, destacó.

Para Oliva, el tipo de delito por el cual acusan a los estudiantes es un delito de detentación de espacio público, que lo que corresponde a la juez es una orden de desocupación del inmueble.

“En este caso la desocupación es distinta al desalojo, por lo tanto, todo el proceso de desalojo, las detenciones y lo que conlleva después el desalojo se volvió ilegal”, reseñó.

Largas al proceso

Para los defensores de los derechos huamnos, el proceso se ha vuelto lento y engorroso.

“Caminó dentro de un plazo razonable en el Fiscalía de los Derechos Humanos, debo reconocer que en un tiempo casi record, para esa fiscalía que tarda tanto para presentar requerimientos fiscales, los presentó los requerimientos fiscales, sin embargo vemos demasiadas prebendas por parte de la juez, dilatando el proceso”, agregó.

El Código Procesal Penal establece que una vez iniciada la audiencia inicial, el juez debe darle continuidad por el principio de mediación, contradicción de partes, entonces una audiencia inicial no se puede suspender para el día siguiente o el día siguiente realizar otras diligencias y no pueden haber espacios de tiempo, mucho menos tan largos, entre una diligencia y otra, explicó Oliva.

En tono sonriente dijo que “los policías tuvieron hasta vacaciones de Semana Santa, después una semana más y seguramente van a tener una semana más para escuchar las conclusiones, porque debo decir que la juez a la parte defensora de los policías les ha admitido todos los medios de prueba, inclusive se atrevieron estos abogados, junto con la policía a presentar los estatutos de las Organizacones No Gubernamentales (ONGs), a las cuales pertenecen los defensores de los derechos humanos, argumentando de que las organzaciones no están en la facultad para ejercer labores de acompañamiento en la Universidad”, detalló.

A juicio de Oliva “la juex no debió haberlo admitido este tipo de documentos, porque es una forma de estigmatizar a las ONGs, pero además es el no reconocimiento del Estado, porque los policías son parte del Estado, es no reconocer la labor de los defensores de los derechos humanos”.

La Ley de protección a los defensores de los derechos humanos señala que no se necesita pertenecer a una organización de los derechos humanos para realizar esta labor, recalcó.

“Vemos que todo el aparato estatal, tanto los jueces como los policías, quieren desconocer la labor que estaban realizando los defensores de los derechos humanos en ese momento y justificar las acciones de la policía, diciendo que los defensores estaban encubriendo a los estudiantes y obstaculizando la labor que ellos estaban haciendo, la ejecución de una orden de captura y una orden de desalojo”, finalizó la representante de C-LIBRE.

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