Miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), acompañadas de otras organizaciones de derechos humanos, se presentaron en el Ministerio Público en la capital , para entregar más de mil firmas nacionales e internacionales que demandan enjuiciamiento de los autores intelectuales en el crimen de Berta Cáceres, defensora de derechos humanos y coordinadora del COPINH, en marzo de 2016.

El articulo 541 del Nuevo Código Penal incluye el delito de perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones, con el objetivo de limitar las protestas sociales ante los poderes del Estado y manda penas de prisión contra las personas que se atrevan a hacerlo.

La Policía Militar y el ejército utilizaron fuerza letal para contener manifestaciones en el marco de las elecciones de 2017 en Honduras, señala el iforme denominado “Responsabilidad por las Violaciones a los Derechos Humanos Cometidas en las Elecciones de 2017 en Honduras: Avances Y Desafíos”, donde destaca la deteriorada situación del país en materia de derechos humanos y  el papel nefasto del Ministerio Público para llevar a los responsables ante la justicia.

María Soledad Pazo, representante residente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, (OACNUDH), fue quien presentó dicho informe en un evento público realizado en Tegucigalpa, Honduras, este 22 de enero de 2020.

“Sobre la base de su observación, la OACNUDH considera que elementos de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Militar del Orden Público y el Ejército, utilizaron una fuerza excesiva para controlar y dispersar las protestas, incluso fuerza letal, lo que provocó muerte y heridas de manifestantes y transeúntes. Al momento de finalización de este informe, el 27 de enero, la OACNUDH registró que al menos 23 personas resultaron muertas en el contexto de las protestas postelectorales, entre ellas 22 civiles y un agente de policía”, describe el documento.

Según la OACNUDH son 16 víctimas e involucran a 22 presuntos autores miembros de las fuerzas de seguridad y defensa de Honduras.Los incidentes ocurrieron en ocho departamentos entre el 01 de diciembre del 2017 y el 22 de enero del 2018, que resultaron en 20 cargos penales: cinco delitos contra la “vida e integridad física”, seis por crímenes contra la “libertad y seguridad” y nueve sobre la administración pública.

María Soledad Pazo, expresó que “hay deudas en el combate contra la impunidad, el Ministerio Publico redunda que no han podido avanzar como todos y todas quisiéramos, el derecho a la verdad es el derecho de todos los hondureños y las reparaciones a familiares deben ir más a que no se repitan estas conductas tomando medidas administrativas en las fuerzas de seguridad, para que no sean utilizas en manifestaciones”.

También evidencia cómo se comporta la cadena de mando; cuáles son las brechas que permitan que esos tipos de violaciones se repitan; la responsabilidad que tiene el comandante con sus subordinados y que llegan a conocer los casos de violencias que éstos ejercen, y prefieren no hacer nada.

“Hemos notado un esfuerzo de fiscales que encontraron barreras significativas en su labor y esta es la colaboración de las fuerzas armadas, lo que no tenemos a dos años son sentencias condenatorias sino dos casos, un niño de 15 años en Agua Blanca, El Progreso, Yoro y otro en Villanueva, departamento de Cortés, por un policía militar y un sargento”, Añadió María Soledad Pazo.

Los patrones de violencia que Naciones Unidas identificó son patrones de comportamiento desde la cadena de mando de las fuerzas de seguridad y defensa así como las brechas o fallas en los marcos legales y operativos que permitieron que ocurrieran.

La OACNUDH recomienda al Estado de Honduras la independencia de las instituciones judiciales, restringir el uso de las Fuerzas Armadas de Honduras en las funciones del orden público y reformar la legislación sobre el uso de la fuerza.

Así como reconocer el derecho de las víctimas a acceder a la justicia y participar en procesos penales; también el derecho al acceso de información a familiares, y periódicamente informar a la población en general sobre avances y desafíos de la investigación.

El informe publicado en una rueda de prensa señala que “El análisis realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, revela que la respuesta del Estado a las protestas postelectorales dio lugar agraves violaciones a los derechos humanos”.

También remarca que “sobre la base de su observación, la OACNUDH considera que al menos 16 de las víctimas murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad, entre ellas dos mujeres y dos niños, y que al menos 60 personas habían resultado heridas, la mitad de ellas como consecuencia del uso de armas de fuego”.

Lea el informe completo en este link

En la sala I del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, se dio lectura este 02 de diciembre de 2019, a la sentencia contra siete de los implicados en el crimen contra Berta Cáceres, cuatro de ellos recibieron una condena de 34 años de prisión por el asesinato y 16 por tentativa contra el mexicano Gustavo Castro. Mientras dos exmilitares y un gerente de la empresa hidroeléctrica DESA les asignaron únicamente 30 años de prisión.

El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa tiene programada la audiencia de lectura de pena para el próximo 02 de diciembre del año en curso, para los culpables materiales del asesinato de Berta Cáceres, defensora de de derechos de la comunidad indígena y Coordinadora General del COPINH, asesinadoe el el 2016.