Después de diversas excusas esgrimidas por el Estado de Honduras  ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, CIDH, en una reunión de trabajo, ante la pregunta de que explicaran los avances en la implementación de la medida cautelar a favor del periodista  Julio Ernesto, al final se comprometió a enviar una comunicación a la Corte Suprema de Justicia para que se mantenga en suspenso la ejecución de una sentencia contra el comunicador social.

Con el pretexto que una persona robó sus datos y que usa su pasaporte desde los años 70, la Dirección de Migración hondureña, evitó este día 20 de octubre de 2015, que el periodista saliera del país para participar mañana en una reunión de trabajo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por la falta de implementación de la medida cautelar a su favor y se suspendiera una sentencia en contra suya  por difamación, la cual le tiene en vilo el ejercicio de la profesión, por las amenazas de suspensión.

La organización Reporteros sin Fronteras, RSF, señaló en un comunicado de prensa este viernes 16 de octubre,  que  el desafío a las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, se ha vuelto algo común en América Latina, donde hay gobiernos a los que llamó truhanes que pertenecen a la Organización de Estados Americanos, OEA, que ignoran las decisiones de estos organismos. 

Previo al inicio del 53 periodo extraordinario de sesiones,una misión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó el pasado 21 y 22 de agosto  una visita “in situ” a la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz,  con el objetivo de conocer la situación de vulnerabilidad en sus derechos como pueblos ancestrales.

Unas 22 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos solicitaron al Gobierno de la República de Honduras, a través de Rigoberto Chang Castillo, Secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, posponer  por unos meses la adopción de los reglamentos y protocolos de implementación de la ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, con el fin de que se inicie un proceso amplio que permita el consenso sobre los textos propuestos y ganar legitimidad en el proceso.