En conferencia de prensa, la Plataforma Epu-Honduras , que está constituida por más de 50 organizaciones que trabajan temas de defensa y protección de derechos humanos, instó a la ratificación de 140 recomendaciones hechas por aproximadamente 60 Estados que participaron en el examen y la aceptación de 12 que actualmente el Estado las tiene en carácter de reserva.

Las recomendaciones que mantiene en reserva  son, la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual fue creado en 1966 por la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante resolución 2200ª. Asimismo la ratificación del tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño e igual ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de  todas las formas de discriminación hacia la mujer.

Igualmente se exige ratificar el Tratado de comercio de Armas con el fin de reducir los altos índices de violencia, la adopción de una ley de identidad de género y la despenalización de los delitos contra el honor y que sean dirimidos por la vía civil, así como la reforma integral de la Policía Nacional y el retiro de los militares de las funciones policiales.

En cuanto a la ratificación de los protocolos, la abogada y asesora de la Comisión Internacional de Juristas, Ivania Galeano explicó que es importante que el Estado los haga efectivos ya que son la herramienta para que la ciudadanía de manera individual o colectiva ejerza mecanismos de defensa de sus derechos en situaciones de vulnerabilidad.

“Es necesario para hacerlo completamente efectivo que adopte los protocolos, que son los instrumentos que permiten que los ciudadanos y ciudadanas y los grupos en situación de vulnerabilidad puedan presentar sus denuncias y quejas ante estos mecanismos internacionales”, amplió la profesional del derecho.

Al igual que la representación del Estado, por parte de la Plataforma EPU-Honduras, existe una delegación que participará en la sesión de este viernes 25 de noviembre, por el Director del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), Edy Tábora; en representación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia e integrante de la tribu tolupán, Alejandra Cabrera; el director de la Asociación Lésbico-Gay ARCOIRIS, Donny Reyes; la directora del Centro de Estudios de la Mujer- Honduras (CEM-H), Suyapa Martinez; Dilcia Zavala y Daisy Flores, ambas miembras del equipo JASS en Honduras y de la Red de  Defensoras de Honduras.

En cuanto a las recomendaciones ya aceptadas por parte de Honduras, la plataforma reiteró el llamado a que se hagan efectivas y que no se conviertan en un discurso para mostrar una buena imagen ante el Consejo de Derechos Humanos, tal es el caso de la aprobación de la Ley de Protección a Defensores (as)  de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y operadores de Justicia en mayo de este año, pero que aún no ha sido implementada al no aprobarse su respectivo reglamento y con ello se deja libre acceso a la continuación de amenazas y violaciones sistemáticas a las que son objeto estos sectores .

Necesaria y urgente adopción de recomendaciones sobre derechos de la mujer

De las 152 recomendaciones hechas al Estado hondureño, 34 de ellas hacen referencia a los derechos de la mujer,  18 de las mismas fueron aceptadas, observó 13 y tres fueron tomadas como reserva para ser estudiadas y contestadas en la reunión de este 25 de septiembre.

Entre las recomendaciones aceptadas destacan la implementación efectiva de un plan de igualdad y equidad de género hecha por España, el fortalecimiento de instituciones nacionales, realizada por Brasil y el fortalecimiento de acciones para eliminar patrones de discriminación, violencia y muerte hacia las mujeres, realizadas por Chile, Suecia y Guatemala.

Sin embargo, el contraste que actualmente muestra el Estado hondureño es la reducción de presupuesto y de categoría de “Secretaria de Estado” del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), mediante decreto ejecutivo PCM-001-2014.

En cuanto a las que se mantienen en reserva, se encuentra la ratificación y adopción del protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), hecha por al menos 10 países que participaron en la sesión del examen.

Se  hizo énfasis en la recomendación hecha por Noruega, que contempla la reforma al Código Penal y al Código de Ética del Médico en nuestro país que considere la legalización en casos de aborto  por violación e incesto.

Al respecto, la directora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Gilda Rivera dijo que no es la primera vez que se hace dicha recomendación y que el mismo Estado se niega a debatir sobre esta situación y los riesgos que se corre. “Honduras se niega a discutir el impacto de los abortos en situaciones inseguras, en situaciones clandestinas y que están significando la muerte de un gran número de mujeres en nuestro país”, aseguró.

Rivera dijo tener conocimiento que en discusiones previas a la aprobación de una reforma al Código Penal, grupos fundamentalistas religiosos eliminaron del listado de peticiones el hecho de que fuera despenalizado, “pero Pareciera que se está abordando el hecho de que se fortalece las penas en relación al aborto”.

Por último y en relación con esta temática hacia las mujeres, tanto Madagascar como Filipinas instaron a Honduras a ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para garantizar los derechos de las trabajadoras domésticas.

Amenazas constantes rodean el destino de defensores de derechos humanos y periodistas

Dos procesos de cárcel, amenazas constantes por la realización de su trabajo de denuncia de la actual situación de vulnerabilidad en los derechos humanos, es el panorama que se enfrenta aún y con la aprobación de la Ley de Protección a Defensores, Periodistas, comunicadores Sociales y operadores de Justicia en mayo anterior.

Países como Noruega y Uruguay instaron al Estado hondureño a tomar acciones concretas para su implementación, sin embargo hasta este momento no se ha echado a andar  porque no se ha creado el reglamento que rige esta ley, ni destinado el financiamiento correspondiente.

Ataques al ejercicio de la libertad de prensa y expresión contrastan con recomendaciones hechas a Honduras por parte de países como Brasil, Suecia y Eslovenia, ya que actualmente se ejerce acciones de tipo penal, hasta llegar a la sentencia de prisión contra la coordinadora del Comité de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, Gladys Lanza luego de ser acusada por difamación y calumnias por  tomar una denuncia de Lesbia Pacheco, empleada de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social, FUNDEVI, quien  sufría acoso laboral y sexual por parte de su Director Juan Carlos Reyes, según lo detalló ante esta institución defensora de derechos de las mujeres.

En relación a estas figuras contra el honor, el periodista Julio Ernesto Alvarado corre el riesgo de ser inhabilitado de su ejercicio profesión, según una sentencia por  una querella presentada por la decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)  Belinda Flores. Alvarado prestó su espacio de televisión para que un grupo de docentes denunciara tráfico de notas cuando ella fungía como Secretaria de dicha unidad académica en el año 2006.

Curiosamente, la recomendación en la cual tomó nota el Estado en esta temática fue realizada por el Reino Unido e Irlanda del Norte, y es la de hacer efectivo la de la difamación y la calumnia y que se diriman al ámbito civil, de acuerdo a estándares y recomendaciones hechas por las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sobre  la garantía de los derechos de la Comunidad Lésbico Gay Trasnsexual e Intersexual (LGTBI), Honduras recibió 13 recomendaciones, aceptó ocho de ellas y tres fueron catalogadas en materia de Observación y rechazó dos.

Entre ellas destaca el respeto a la libertad de expresión y el cese de amenazas, así como la adopción de medidas para criminalizar las acciones de violencia contra este grupo , específicamente en mejoras al actual Código Penal.

Las que fueron rechazadas son la creación y adopción de una Ley de Identidad de Género que les reconozca legalmente su identidad mediante su orientación sexual y de género, realizadas por los Estados de Madagascar y Dinamarca.

Bajo este panorama, el Estado como si se tratara de un juego de cartas podrá aceptar o rechazar las recomendaciones hechas en materia de fortalecimiento a los derechos humanos en el país, en donde con “tinta sangre” a decir de un viejo bolero se muestran las cifras de vulnerabilidad de los derechos en nuestro país.