En declaraciones a una estación radial de la zona norte del país, Fuentes, diputado por el Departamento de Yoro, aseguró que incluso la cifra podría ampliarse a 15 millones ya que no se cuenta con la mayoría calificada  que suman 86 votos para lograr elegir  a su manera los magistrados”.

Cuestionó que en el Congreso Nacional no existe el debate político y con argumentos “sino que se compran votos y la gran batalla que tenemos es evitar que se apruebe en la sesión la conformación de una planilla como lo pretende el Partido Nacional, es decir que un diputado mocione los 15 nombres y nos hagan votar a favor”.

Lo que exigen como partido de oposición es el respeto al artículo 311 de la Constitución de la República, el cual hace referencia a la incompatibilidad en la calidad del juez o magistrado con la de un funcionario o empleado de otros poderes públicos.

Debe prevalecer la elección de los aspirantes en base a una terna e ir votando de forma individual hasta que alcance los 85 votos que se exigen, y continuar bajo esta lógica hasta elegir los 15 magistrados y magistradas, de acuerdo a Fuentes.

Detalló que hasta el momento el nacionalismo representado en el parlamento hondureño solo cuenta con 83 votos, a la espera de tres restantes. Mostró desconfianza de un sector de la oposición parlamentaria representada en el Partido Liberal, el cual aseguró que sus representantes “están plegado a ellos, si no fueran afines a los intereses del nacionalismo se podría cambiar la situación del país”.

Junta Nominadora se compromete a entregar listado de aspirantes el 12 de enero

La Junta Nominadora se comprometió a entregar el listado de los 45 aspirantes propuestos por este sector al Congreso Nacional en la segunda semana del mes de enero del año próximo.

Santiago Ruíz, uno de los integrantes de la Junta en mención aseguró que “la idea es tener el listado en el momento que lo señala el cronograma y evitar tener algún contratiempo”. Como siguiente paso sería la presentación de este listado ante la Secretaría del Congreso Nacional que preside el diputado nacionalista Mario Pérez.

Reafirmó el hecho de que no existen vicios de irregularidad en este proceso ni injerencias y que en todo momento la ciudadanía ha tenido acceso a observar a través de los medios de comunicación el desarrollo del mismo, sin embargo las demandas por transparencia en este proceso deja claro que no hay tal participación ciudadana.

Organizaciones de sociedad civil y de derechos Humanos, aglutinados en la Coalición contra la impunidad exigieron a la Junta nominadora que entregara el listado durante este mes de diciembre, con el objetivo que la ciudadanía pudiese conocer a quienes aspiran a ocupar un lugar en el Poder Judicial y que  los parlamentarios dispusieran de un tiempo prudencial para evaluar el perfil de cada una de las propuestas.

Esta Junta ha sido duramente cuestionada por su falta de transparencia en el proceso. Un ejemplo son  las diferentes opiniones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para que divulguen los resultados de las pruebas de confianza realizadas en octubre pasado de  más de 200 aspirantes y que aún no ha sido publicado por este ente, desconociendo incluso una resolución del 28 de noviembre de este año.

La elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe realizarse a más tardar el 25 de enero del próximo año, en el inicio de otro periodo de sesiones en el hemiciclo legislativo y donde las diferentes bancadas de oposición en el país tienen un papel importante para que se elijan personas por su capacidad y lejos del vicio partidario de quien ostenta el control del poder.