La CIDH  indicó que en el caso sobre la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros (Caso 12.548), el pueblo Garífuna, producto del sincretismo cultural entre indígenas y africanos, ha hecho valer sus derechos en Honduras como pueblo indígena. El pueblo Garífuna ha mantenido sus propias formas culturales, organizaciones e instituciones sociales y culturales, forma de vida, cosmovisión, usos, costumbres, prácticas ceremoniales, idioma, vestuario y relación especial con la tierra.

Tales elementos hacen del Pueblo Garífuna una cultura y un grupo étnico diferenciado, cuyos miembros comparten entre sí características sociales, culturales y económicas, ausentes en otros sectores de la sociedad hondureña, en particular la relación especial con las tierras ocupadas históricamente, así como la concepción colectiva de la propiedad ancestral, destacó el informe.

 En este sentido, la CIDH insta al Estado a reconocer y a proteger la identidad del Pueblo Garífuna y a protegerlos contra la discriminación racial.

Profundización de la pobreza e impacto ambiental

Asimismo, la CIDH recibió información preocupante sobre el impacto de algunas situaciones en la profundización de la situación de pobreza de estas comunidades. Por ejemplo, la Comunidad Garífuna de Santa Rosa indicó que debido al trabajo de empresarios que cultivan la palma africana en el Departamento de Colón, se cambió el curso del río Aguán, lo cual habría tenido consecuencias devastadoras en su medio ambiente, y en su acceso al agua, dada la alta salinización de la misma, en colusión con las autoridades locales.

Miembros de la Comunidad de Nueva Armenia manifestaron ante la CIDH  haber sido víctimas de extorsión, y que les habrían quemado varias de sus casas,

Por otro lado integrantes de la comunidad garífuna de Cristales indicaron a la CIDH  la destrucción de su servicio de agua que ancestralmente tenía la comunidad presuntamente por parte de la autoridad local.

Estado debe investigar denuncias

La CIDH exhortó al Estado hondureño a investigar estas denuncias y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

 Durante la visita a Honduras, la CIDH ingresó a la comunidad garífuna de San Juan y comprobó el estado calamitoso de las calles de acceso. “En verano viene una aplanadora porque vienen turistas y le arreglan la calle a ellos, pero luego se vuelve a dañar”, comentó un joven garífuna a la delegación. La Comisión visitó el centro de salud de dicha comunidad, que no tiene médico sino un residente local con conocimientos de enfermería. Interrogada al respecto, una mujer garífuna explicó a la CIDH: “aquí no hay médico ni hay medicinas. Si una se enferma grave, hay que ir hasta Tela en taxi, y cuesta unas 100 lempiras o más”.

De otro lado, vecinos de la Colonia D’Antoni manifestaron su preocupación por la presunta contaminación continua de residuos hospitalarios por parte del Hospital Regional Atlántida, que afecta a la población. Las organizaciones de la sociedad civil indicaron que no existe legislación o reglamentación que hagan efectivos los derechos reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Estado desde 1994.

Denunciaron que la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), “ha colocado al pueblo Garífuna en un peligro inminente de ser expulsado de la costa norte de Honduras. Así, alegan que esta ley contempla la creación de “ciudades modelo”, y que cinco de ellas abarcan comunidades Garífuna, las cuales no habrían sido consultadas al respecto. 

_____________________________________________________________________________________________________________

Vea informe de la CIDH sobre pueblo garífuna en la página 169-174 AQUÍ