Mediante una comparecencia ante los medios de comunicación, la Coalición que la  integran más de 30 organizaciones defensoras de derechos humanos, de mujeres  y del movimiento social,  entre otras, apuntaron que la instalación de la MACCIH, aun siendo una apuesta del actual gobierno, en conjunto con la Organización de Estados Americanos (OEA), funciona con limitaciones para ejercer su trabajo  que sería  evidenciar las falencias del Estado y su sistema de justicia, afirmó.

“Lamentamos que la MACCICH sea un ente con facultades restringidas, limitadas a apoyar, fortalecer, contribur,proponer reformas y colaborar con desacreditadas instituciones del Estado hondureño..”, señala parte del pronunciamiento.

La red de organizaciones señaló  la importancia de que este organismo plantee como su línea de acción la persecución penal de casos de corrupción mediante acciones realizadas en conjunto con un equipo de fiscales certificados bajo su funcionamiento. Aunque cuestionaron el obstáculo que podrían enfrentar “con la reforma al artículo cinco de la Ley del Ministerio Público que habla sobre la dependencia jerárquica y estará sujeta dichas acciones a lo que apruebe o no el Fiscal General”.

En cuanto al funcionamiento de la MACCIH en el país, en su pronunciamiento las organizaciones reiteraron el acompañamiento de la ciudadanía indignada de instalar una Comisión Internacional contra la Impunidad, (CICIH).

El convenio para la instalación de la presente misión en Honduras fue firmado el pasado 19 de enero de 2016 en la ciudad de Washington y tiene una duración de cuatro años. La instalación cuenta con el rechazo del Movimiento de indignados e indignadas contra la corrupción, sector que se movilizó a mediados de 2015 exigiendo justicia por el saqueo perpetrado contra el Instituto hondureño de Seguridad Social ,(IHSS), por más de dos mil millones de dólares que fueron a parar a las arcas del gobernante Partido Nacional y con ello financiar la campaña presidencial que llevó al poder a Juan Orlando Hernandez, de acuerdo a denuncias de diferentes sectores y la confesión del mandatario.

 Ley de Secretos, un obstáculo para funcionamiento de la MACCIH

Con la firma del convenio entre el gobierno de Juan Orlando Hernández y las autoridades de la OEA para la instalación de la MACCIH, debe garantizarse el pleno acceso a la información “y demás material documental”,  pormenorizaron en el pronunciamiento la Coalición, sin embargo la puesta en escena de la Ley de secretos Oficiales es uno de los obstáculos que según las organizaciones, es el gran obstáculo para el funcionamiento de la Misión.

Para  Denis Muñoz , integrante del Centro de Promoción e Investigación de los Derechos Humanos en Honduras, (CIPRODEH), esta ley es “una muralla” que frenará el trabajo de la MACCIH.

Muñoz amplió que “mientras no se despenalice el acceso a la información y no se deslinde el tema del acceso a la información solo quedará en buenas intenciones de un equipo técnico, pero no existirá un avance significativo al tema de tener casos emblemáticos judicializados en este país”.

Agregó el hecho que la MACCIH debe plantearse urgentemente la derogatoria de esta ley no solo para su trabajo sino para que la ciudadanía pueda acceder a la información durante la estadía y la función de la misión.

El Estado de Honduras con su actual postura de mantener la Ley de Secretos, contraviene diferentes instrumentos nacionales como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) e internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por nuestro país el 25 de mayo de 1998.

Caso Berta Cáceres, otros asesinatos y depuración policial

En la conferencia de prensa de este jueves, la Coalición contra la Impunidad se pronunció en tres hechos puntuales. Uno de ellos es que respaldan la instalación de una comisión internacional respaldada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), para que participe en la investigación sobre el asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres, asesinada hace 56 días y que no sea la MACCIH quien intervenga en la misma y no sirva como un disuasivo a las peticiones de la familia y del Consejo Cívico de Organizaciones populares e Indígenas de Honduras, (COPINH).

Asimismo le piden a esta Misión la intervención para que investiguen los asesinatos contra el Fiscal contra el Narcotráfico Julián Arístides Gonzales y el analista en temas de seguridad nacional, Alfredo Landaverde, en donde se ha denunciado que los autores materiales e intelectuales son miembros de la Policía Nacional.

Apostaron para que la MACCIH tome en cuenta los casos ocurridos en el Poder Judicial, en particular estudiar la conducta y actuaciones de los ex miembros del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial “sobre los que hay suficientes indicios de su responsabilidad en actos contrarios a la ley en nombramientos ilegales, malversación de caudales públicos y destituciones sin respetar el debido proceso”, sentenció la coalición.

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