Los campesinos y campesinas iniciaron en el 2010 un proceso de recuperación de tierras acaparadas por los terratenientes Miguel Facussé (ya fallecido)  y René Morales. La represión a su lucha ha dejado desapariciones forzadas, asesinatos, secuestros, amenazas a muerte, hostigamientos y procesos judiciales viciados, entre otros.

A finales de 2015 se crearon escuadrones de la muerte en el Bajo Aguán, dijo a pasosdeanimalgrande.com Rivas quien también es integrante de la Plataforma Agraria.

De acuerdo a información en poder de la dirigencia campesina estos grupos han participado en conjunto con paramilitares, aunque “uno de los escuadrones se disolvió porque llegaron a formar parte 16 jóvenes que por falta de un trabajo les hicieron creer que esta era una oportunidad para salir adelante y no fue así”, agregó.

Rivas describió que los jóvenes fueron sometidos a seis cursos de entrenamiento  de guerra y luego fueron asignados para conformar lo que se conoció como el Escuadrón de la Muerte número Dos y les entregaron un listado que decía “Recolección de cabezas del Aguán”, cuyo objetivo era asesinar a quienes aparecían enumerados y que en su mayoría son líderes y lideresas en la zona.

Esta lista la encabezan, además de Yoni Rivas, Vitalino Álvarez, Secretario de Comunicaciones de la Plataforma Agraria, Jaime Cabrera, y José Chávez,  que serían asesinados.

Aún y cuando fue disuelto este escuadrón se tiene conocimiento de que intentan conformar nuevos grupos de exterminio hacia la dirigencia, acotó.

Yoni Rivas expresó ante esta situación que “esto lo decimos con plena seguridad, con absoluta firmeza porque tenemos la información de todas las estrategias que utiliza este poder fáctico en el país para terminar contra quienes nos oponemos al daño, al saqueo de nuestras tierras”.

Se lamentó  que el  Estado hondureño “se tape los ojos” ante la creación de escuadrones de la muerte, criminalización y asesinatos de la dirigencia de las organizaciones populares.

“No nos vamos a rendir, vamos a continuar haciendo eco de nuestras denuncias por esta ola de criminalización contra nosotros y es mejor morir luchando que vivir de rodillas ante un sistema que excluye empobrece y cada vez destruye la vida humana en nuestro planeta”, dijo.

Las muertes en el Bajo Aguán a causa del conflicto agrario suman más de 125 en un periodo comprendido entre los años 2010 al 2015, según cifras que maneja la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán, (UMVIBA), del Ministerio Publico (MP).

Dirigencia Campesina además de amenazas de muerte enfrentan criminalización

Los líderes y lideresas territoriales en el Bajo Aguán cargan casi a diario con amenazas en su contra y al menos 25 campesinos y campesinas enfrentan procesos judiciales en uno de ellos  están a la víspera de presentarse a Juicio Oral y Público.

Dentro de los criminalizados se encuentran también Yoni Rivas, Vitalino Álvarez (en su momento representando al Movimiento Unificado Campesino del Aguán,( MUCA), el abogado Antonio Trejo, asesinado en Tegucigalpa el 22 de septiembre de 2012, Rigoberto Durán Cruz, del Observatorio Permanente Internacional de Derechos Humanos del Aguán (OPIDHA), entre otros. El juicio se desarrollará del 06 al 10 de junio de este año.

Todos fueron acusados del delito de Manifestación Ilícita, luego de participar en un plantón pacífico en las afueras del edificio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),  en agosto de 2012, en la que tenían previsto sostener una reunión con el entonces Presidente de ese poder del Estado, Jorge Rivera Avilés, en torno a la problemática surgida como consecuencia de una acción de recuperación de tierras que ocupan las cooperativas La Trinidad, Despertar y San Isidro, en El Aguán.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), en su informe sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en las Américas, mostró su preocupación por la penalización de las manifestaciones públicas en Honduras, en especial el caso contra los campesinos y campesinas en el departamento de Colón.

Este organismo internacional señaló  que “los gobiernos no pueden sencillamente invocar una de las restricciones legítimas de la libertad de expresión, como el mantenimiento del ‘orden público’, como medio para suprimir ‘un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido’. Si esto ocurre, la restricción aplicada de esa manera no es legítima”.

El artículo 331 del Código Penal establece como ilícitas “todas aquellas reuniones a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligrosos, con el fin de cometer un delito”.

Sobre este tipo penal, la Alta Comisionada de Naciones Unidas en su informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009, recomendó “revisar o derogar la legislación nacional incompatible con las normas internacionales, en particular las disposiciones relativas a los delitos de sedición y manifestación ilícita”.

Estado hondureño obediente al capital transnacional

La arremetida del capital que financia proyectos extractivos en el país se intensifica gracias a la complacencia de las autoridades, las cuales abren sus puertas para que “arrasen con nuestros bienes”, detalló Rivas.

Dio como ejemplo  el caso de Honduras en donde los grandes organismos financieros internacionales tienen interferidos los tres poderes del Estado,  especialmente el Legislativo, en donde se tienen aprobadas y próximas a aprobarse una serie de leyes para el detrimento de los bienes y recursos naturales.

Según detalló  el dirigente campesino son cerca de 950 sitios mineros a ser explotados en el país.

Con lo anterior existe una estrategia del poder económico y político tradicional “ tratando de saquear nuestros bienes y recursos naturales a costa de lo que sea y es por eso entonces la persecución, el asesinato. como el de Berta Cáceres”, dijo Rivas.

“Quienes nos oponemos a que nuestro planeta o nuestro territorio sea saqueado con monocultivos y con el extractivismo, al final somos perseguidos, judicializados y si no nos logran callar, pueden recetarnos balas”, finalizó.