Mediante un comunicado, la Misión remarcó la situación grave de los defensores y defensoras, al concluir de una visita al país del 4 al 13 de mayo de este año a La Esperanza. Intibucá, para mostrar solidaridad con la familia de la lideresa lenca Berta Cáceres, asesinada el pasado 03 de marzo y en el Bajo Aguán, zona en donde se refleja el contexto de criminalización contra el movimiento campesino.
En la publicación la misión cuestionó la sistematicidad en los ataques contra los defensores y defensoras, por ello externó a las autoridades hondureñas la preocupación respecto la continuación de la persecución y la criminalización de quienes reivindican los derechos de sus comunidades frente a grandes inversiones.
“La misión constató que la criminalización de defensores de derechos humanos está asociada a un problema estructural de acceso a la tierra que tiende a agravarse en la medida en que el Estado hondureño continúa estimulando su concentración, el extractivismo y la agroindustria”, reza el escrito.
Secretismo penal en investigación del Ministerio Público
Con las capturas y posteriores condenas, en el mes de mayo a cinco supuestos responsables materiales de haber asesinado en marzo pasado a Berta Cáceres, en un proceso que lleva el Ministerio Público (MP, a criterio de la misión de observadores aún y cuando estas acciones generan un avance, existe un “secretismo penal al no permitir la participación de los abogados y la familia de Cáceres”.
La Misión insistió a que el Estado reconozca la petición de ambos sectores ligados a Berta Cáceres para que se instale una Comisión Independiente, liderada por la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH).
En crimen contra Cáceres, cofundadora y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), refleja según la versión de la Misión publicada en el comunicado, “los altos niveles de riesgo y vulnerabilidad a los que se enfrentan los defensores y las defensoras de derechos humanos en Honduras, y particularmente aquellos que trabajan en cuestiones relacionadas con la tierra”.
Antes de su asesinato Berta Cáceres había sido víctima de persecución judicial en 2013 al ser acusada por supuesta portación ilegal de armas con una orden de captura en su contra, y se denunciaron 33 amenazas para ella. Además gozaba de Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH y que nunca fueron cumplidas a cabalidad por el Estado hondureño.
Bajo Aguán: criminalización, muerte y despojo
La Misión verificó siempre en el contexto de la defensa del territorio, otros casos de persecución y criminalización contra líderes de comunidades indígenas y campesinas en otras regiones del país. Para el caso, la existencia de criminalización de 19 miembros del Consejo Indígena Lenca de Santiago Apóstol, en Santa Elena, departamento de La Paz, acusados de usurpación de tierras desde el 2014 , y 25 miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA), en el Bajo Aguán.
“La misión constató que se califica como criminales a estos defensores y defensoras para obstaculizar su trabajo, quitarles el apoyo de sus comunidades y castigarlos por su posición de liderazgo, todo esto en un ambiente atravesado por asesinatos y amenazas”, puntualizó en el comunicado.
Mientras existe espacio por parte de las autoridades hondureñas para criminalizar la lucha por la reivindicación del derecho a la tierra, no hay avances en las investigaciones sobre más de 100 asesinatos registrados en el Bajo Aguán, incluso hay un proceso pendiente contra 25 campesinos que integran el MUCA, acusados de manifestaciones ilícitas frente a la Corte Suprema de Justicia. (CSJ), desde el año 2012, que en el mes próximo enfrentarán juicio oral y público.
De esta visita a Honduras será publicado un informe, según detalló la Misión que estuvo integrada por Luis Guillermo Pérez Casas, Representante de la FIDH para la OEA, Magdalena Garcés, abogada de derechos humanos en Chile, y Natalia Yaya, Encargada de programa de la oficina de las Américas de la FIDH, y el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos en Honduras.
Link del comunicado:
